EscucharPopular Pensiones, la operadora de pensión complementaria (OPC) más grande del país, cayó en “irregularidad financiera” desde octubre del 2023, casi diez meses atrás.
El área de comunicación de la OPC le confirmó a este medio que se le comunicó la calificación de irregularidad 2 el 24 de octubre pasado tras una reunión con el ente regulador, la Superintendencia de Pensiones (Supén).
La categoría de irregularidad se dio a conocer al público este viernes 9 de agosto tras una publicación del periódico La Nación. En dicha nota el medio cita el documento SGF-1981-2024, del 26 de junio, el cual fue enviado a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular, suscrito por Rocío Aguilar, quien encabeza a la Supén ya la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
“Se evidencia una gestión limitada de los riesgos a los que se expone la Operadora de Pensiones Complementarias del BP (Banco Popular), que es la subsidiaria de mayor tamaño del conglomerado financiero (45% activos propios y administrados), lo cual se constituyó en uno de los factores considerados por la Superintendencia de Pensiones para calificar a esa operadora en Irregularidad Financiera 2″, citó La Nación en su artículo.
Para calcular la irregularidad financiera se toman en cuenta grados de riesgo de los activos del fondo, grados de riesgo de liquidez, riesgo de variaciones de tasas de interés, riesgo cambiario, entre otras más, según consta en la ley N°. 7.523, Régimen Privado de Pensiones Complementarias.
La ley establece tres escalas de irregularidad:
- Grado uno: Son irregularidades leves las que, a criterio de la Superintendencia, pueden ser superadas con la adopción de medidas correctivas de corto plazo.
- Grado dos: Son irregularidades graves las que, a juicio de la Superintendencia, solo pueden corregirse con la adopción y ejecución de un plan de saneamiento.
- Grado tres: Son irregularidades muy graves las que pueden comprometer la integridad del fondo y ocasionar perjuicios graves a sus afiliados y para corregirlas, se requiere la intervención del ente regulado o bien la sustitución de sus administradores.
La oficina de comunicación de la operadora mencionó que está trabajando en un plan de acción para corregir su irregularidad. Ya anteriormente, el 6 de junio, habían presentado un plan, sin embargo, el día 19 de ese mismo mes se recibieron nuevas observaciones a las acciones.
LEA MÁS: ¿Quedó atrás la tormenta en pensiones del 2022? Así se movió el ROP en el primer semestre del 2024
“Las mismas serán atendidas en los próximos días para que, en las próximas semanas, tengamos debidamente cumplidas todas las observaciones realizadas al plan referido”, mencionó la OPC.
La operadora le dijo a este medio que los procesos de mejora se han enfocado en los siguientes ejes:
- Fortalecimiento de la segunda línea de defensa, con mayor especialización.
- Fortalecimiento de la tercera línea de defensa, con mayor especialización y recurso humano.
- Ajustes en procedimientos que mejoren la gestión de riesgos.
Según el Reglamento sobre Gobierno Corporativo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), las líneas de defensa son áreas o funciones organizacionales que contribuyen a la gestión y control de los riesgos de la entidad.
La primera es la responsable de la gestión diaria de los riesgos, enfocada en identificar, evaluar y reportar cada exposición, en consideración del apetito de riesgo aprobado y sus políticas, procedimientos y controles. Generalmente se asocia a las líneas de negocio o a las actividades sustantivas de la entidad.
La segunda línea complementa a la primera por medio del seguimiento y reporte a las instancias respectivas. Generalmente incluye la unidad de riesgos y la unidad o función de cumplimiento, según explica el reglamento.
Por último, la tercera consiste en una función o unidad de auditoría interna independiente que proporcione al órgano de dirección información sobre la calidad del proceso de gestión del riesgo por medio de sus revisiones.
Además de las anotaciones recibidas el 19 de junio, la OPC se reunió con la Superintendencia el 8 de agosto. Se le consultó cuál era el fin de la reunión y qué se comentó en ella, sin embargo, al cierre de edición de esta noticia no se obtuvo respuesta por parte de Popular Pensiones.
La operadora deberá presentar el próximo 31 de agosto el plan de acción con los ajustes de la Supén.
“Sin impacto” en los fondos
La oficina de la OPC comunicó que la irregularidad “no supone algún impacto o inconveniente para los fondos administrados de las personas afiliadas a la operadora”.
Solo en el Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP), Popular Pensiones cuenta con 1.732.828 afiliados. Esto representa un 56% del total para este fondo. Si una persona no trabaja para el Magisterio Nacional y no eligió a cuál OPC deseaba afiliarse previamente, su ROP se le asigna automáticamente a Popular Pensiones.
Pese a la irregularidad, los activos que maneja esta OPC en el ROP han crecido en el último año. Datos de la Supén evidencian un incremento interanual del 19% a junio del 2024, solo por detrás de los activos de BAC Pensiones (26%). Popular Pensiones es la operadora que más activos administra en el ROP, con alrededor de ¢4,78 billones, un 40% de todo el fondo.
La rentabilidad también ha tenido una tendencia primordialmente hacia el alza: tanto la histórica como la anual han subido entre junio del 2023 y junio del 2024 en lo que respecta a los fondos del ROP.
