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Los países continúan avanzando —a paso lento— hacia una mayor equidad en todos los ámbitos sociales, pero el nuevo reto para la mujeres está en enfrentarse a leyes y regulaciones que limitan sus oportunidades económicas, especialmente frente a los nuevos desafíos causados por la pandemia de COVID-19 en materia de salud, seguridad, y protección económica.
Las mujeres empresarias, que ya se encontraban en desventaja antes de la pandemia, ahora se enfrentan a una serie de reformas para combatir el impacto económico de la crisis son limitadas en muchos países y dejan por fuera sus necesidades. En promedio, las mujeres tienen sólo tres cuartas partes de los derechos reconocidos a los hombres.
Esta información se desprende del informe ‘Mujer, negocios y el derecho 2021′ del Banco Mundial, el cual mide las leyes y regulaciones en ocho áreas que afectan las oportunidades económicas de las mujeres en 190 países dentro de un período que va desde septiembre de 2019 a octubre de 2020.
“A pesar de los avances en muchos países, hemos constatado retrocesos preocupantes en algunos de los mismos, como límites a la libertad de movimiento de las mujeres sin el permiso de un tutor masculino. La pandemia ha acentuado las diferencias existentes que ponen en desventaja a las niñas y las mujeres, en particular bajo la forma de obstáculos para la escolarización y el mantenimiento de empleos, agregó David Malpass, presidente del Grupo Banco Mundial.
Entre los principales hallazgos positivos hacia el camino de la equidad de género el informe indica que muchos gobiernos han adoptado medidas para abordar el impacto de la pandemia en las mujeres trabajadoras.
Por ejemplo, antes de la pandemia menos de una cuarta parte de las economías garantizaba por ley a los padres trabajadores alguna licencia para el cuidado de los hijos. Sin embargo, desde el impacto de la pandemia y el confinamiento forzado que implicó el cierre de escuelas, cerca de 40 economías en todo el mundo han establecido políticas sobre licencias o prestaciones sociales con el fin de ayudar a los padres en el cuidado de los niños y dividir la carga de manera equitativa.
Aun así, es probable que estas medidas sean insuficientes para abordar los desafíos que ya enfrentan muchas madres trabajadoras, y la crisis de los servicios para el cuidado de los niños.
Asimismo, el informe social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), coincide con los hallazgos del Banco Mundial y asegura que históricamente en las políticas de reactivación de las crisis se han priorizado sectores como la minería, la construcción y la explotación de recursos naturales, que tienen altos niveles de participación masculina.
Además, el informe de la Cepal también agregó datos sobre la dificultad de acceso de los hogares y las empresas al sector financiero, destaca que las mujeres tienen menor acceso a productos y servicios financieros, obtienen montos más reducidos en los créditos y otros productos financieros que solicitan, y pagan tasas de interés más elevadas, a pesar de que son sistemáticamente mejores pagadoras que los hombres.
“Es fundamental garantizar el acceso de las mujeres, no solo en su condición individual, sino también como empresarias. Las medidas que se tomen no deberían basarse en estereotipos en cuanto a la evaluación de riesgo, el historial crediticio, la exigencia de avales y las garantías”, agregó el informe de la Cepal.
Por otra parte, el Banco Mundial señaló que a pesar de la pandemia, 27 economías en todas las regiones promulgaron reformas en todas las áreas analizadas y aumentaron las buenas prácticas en materia de legislación en 45 casos durante el año cubierto por el estudio. La mayoría de las reformas introdujeron o enmendaron leyes que afectan las áreas de remuneración y parentalidad.
Por parentalidad se refieren a las capacidades y habilidades que ponen en práctica los padres y madres para asegurar a sus hijos sustento, afecto, educación, socialización y protección.
Sin embargo, la parentalidad es el área que deja un mayor margen de mejora a nivel mundial. Esto incluye la licencia parental remunerada, la administración de los beneficios por el gobierno y la prohibición del despido de mujeres.
Estas reformas son necesarias para superar a las restricciones que enfrentan las mujeres en cuanto a los tipos de trabajos, tareas y horarios en los que pueden desempeñarse, lo cual las segrega a empleos menos remunerados. Asimismo, en 100 economías las leyes no exigen una remuneración igual para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor.
Ambos reportes concluyen que el camino pendiente por superar es amplio pero requiere esfuerzos e iniciativas en los gobiernos, la sociedad civil y las organizaciones internacionales, entre otros. Las reformas jurídicas y regulatorias pueden servir como un catalizador importante para mejorar las vidas de las mujeres, sus familias y comunidades.
