EscucharVer a Hazel Valverde a la cabeza de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) es, como mínimo, un caso curioso: menos de dos años atrás estaba en medio de un conflicto público con Rocío Aguilar —a quien denunció penalmente— y hoy es quien la reemplaza en las oficinas de Barrio Tournón.
No se trató de un conflicto menor: después de la denuncia puesta por Valverde a la exsuperintendenta, el expresidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) Alberto Dent, dijo que estaban rotas las relaciones entre el Banco Central —donde Valverde era gerenta— y los supervisores.
A casi dos años del conflicto por los datos de deudores sin anonimizar, Valverde no se siente preocupada por las diferencias que han antagonizado a su persona —y al Banco Central, en general— con la Sugef. “Yo siempre confío en que la gente no se debe tomar las cosas de forma personal. El futuro es seguir trabajando de manera que a quien nosotros nos debemos, que es el país, sea el beneficiado de nuestro trabajo”, dice.
Nos sentamos a conversar con la nueva superintendenta sobre cuáles cambios tiene planeados en materia de supervisión, el sobreendeudamiento, la intervención de Coopeservidores y Desyfin, y sus diferencias con la Sugef.
¿Hay cambios en la normativas que tiene planeados?
Desde el punto de vista de normativa más bien se ha emitido demasiada en los últimos años y yo particularmente no vislumbro una agresividad particular en estos años. Lo que va a tocar es evaluar si hay que hacer ajustes particulares sobre lo ya emitido. El país, en general, hizo un trabajo muy fuerte en los últimos cuatro años para ponerse al día en temas de normativa, creo que por ahí no va a ir como el mayor enfoque del esfuerzo en este periodo que sigue.
¿Hay alguna normativa en específico que usted ya tiene identificada como una prioridad de revisión?
No, ninguna particular, más bien hay que ver cuál va a ser el efecto de la conjunción de la implementación de varias.
¿Se sometió al sistema financiero a muchos cambios en un periodo muy corto?
Sí, se hicieron bastantes cambios en un periodo relativamente corto, con la particularidad de que estuvo en el medio la pandemia. Entre el periodo del 2022 al 2024 se hicieron bastantes ajustes normativos, muchos relacionados con compromisos que tenía el país con la OECD (OCDE) y con el Fondo Monetario Internacional, como parte de una agenda acordada y hay que darle tiempo al sistema a que absorba esos cambios y que los integre como parte de su realidad.
Uno de los proyectos de la anterior superintendenta, Rocío Aguilar, era la creación de una central crediticia que sí incluyera la información de todos los préstamos del país, una versión más completa del actual CIC. ¿Esa es una propuesta que le gustaría implementar?
Yo ahí coincido absolutamente con la importancia. Tener una central crediticia consolidada para el país es una necesidad muy relevante y eso se ha venido conversando desde hace bastante tiempo, pero es una de esas típicas cosas que se conversa y se conversa, pero cuesta mucho llevarla a que se ejecute efectivamente.
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Requiere un ajuste en la ley y definitivamente es uno de los riesgos que tenemos como como país: no conocemos el endeudamiento total de las personas, físicas o jurídicas, dada la realidad de que hay muchos prestamistas fuera de la central crediticia (CIC) con los que no sabemos qué está pasando.
A pesar de la política monetaria restrictiva de los últimos años, los créditos, principalmente de consumo, han venido al alza. ¿Cómo ve el nivel de endeudamiento del costarricense? ¿Estamos sobreendeudados o en riesgo de estar sobreendeudados?
Dar una sentencia definitiva con respecto a si el nivel de endeudamiento es muy alto es un poco aventurado cuando uno no tiene el número completo. Tenemos información parcial. Uno podría intuir por algunos elementos que se ven que hay síntomas de sobreendeudamiento en la población, pero no tenemos un número claro.
Sí es un área de preocupación y yo creo que ahí hay que abordarlo por partes. La primera que hay que abordar es poder tener la información adecuada para tomar decisiones y lo segundo se tiene que trabajar en el tema de educación financiera.
¿Va a prestar más atención al alargamiento de los plazos de los créditos de consumo?
Sin duda hay que revisarlo. Los créditos de consumo por naturaleza no pueden ser de muy largo plazo porque con el tiempo se van volviendo más riesgosos. Hay que entender por qué se están alargando tanto los plazos. Hay que tener cuidado de que no sea porque es la única manera de que la cuota alcance y que lo que uno tenga es el efecto secundario de un problema principal, que es el de sobreendeudamiento. Ese es un tema que podría llevarnos a tomar alguna medida en términos de normativa.
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Es curioso porque sí se ha emitido normativa reciente para tratar de castigar el otorgamiento de consumo de largo plazo, pero los números muestran que no se ha detenido la tendencia. ¿Cuál es su opinión sobre esa normativa ya existente?
Mi primera evaluación podría ser que la norma no está causando los efectos que quisimos que causara, entonces, no está atendiendo el problema. Nosotros estamos viendo el síntoma, no estamos viendo la enfermedad.
¿Y tiene una hipótesis de por qué la normativa no está siendo efectiva?
No, porque no tengo datos suficientes en este momento para poder definir de dónde viene eso, pero es una de las lecturas que tenemos que hacer.
¿Cómo considera que los reguladores manejaron las intervenciones de Coopeservidores y Desyfin?
Es la primera vez que se usa la ley de resolución, entonces lo primero que podría decirte es que por dicha ya existía ese marco de resolución, porque esto, previo al 2019, lo que hubiese generado es que todo se fuera para un proceso concursal donde ya sabemos que la recuperación es muy cercana a cero para todos los ahorrantes. Yo diría que nos da una buena experiencia en relación con el manejo de los procesos de intervención y resolución.
¿Siente que hubo cosas que se pudieron haber hecho mejor con lo que había?
Tal vez sería muy ególatra de nuestra parte de decir que todo se hizo perfecto, pero creo que se manejó bastante bien dentro del marco de lo que la ley permite. Por eso es importante incorporar los cambios que la ley requiere para darle un marco de mayor flexibilidad al proceso de gestión de la resolución. Deberíamos enfocarnos en que sea un proceso aún más expedito, porque los tiempos para la gente que está esperando recuperar parte de su dinero son muy importantes.
¿Qué se puede cambiar, evitar o que sea más difícil que pasen casos como los de Coopeservidores y Desyfin?
Tenemos que tener mejores herramientas desde el punto de vista tecnológico para estar más encima. La supervisión con más datos es más sencilla con información en tiempo real. Creo que por ahí va a ir el trabajo de los próximos cinco años.
Es vital crear conciencia, incluso entre las instituciones financieras, en el tema de gobernanza. Los primeros que han puesto problemas son los supervisados cuando se les dice que hay un problema de idoneidad, de conocimiento, de conflicto de interés y ellos son los primeros que ponen recursos y pleitos. Si ellos no comprenden la relevancia que tiene tener una gobernanza adecuada, eso le genera una debilidad al sistema.
¿Usted estaría de acuerdo, como dicta un proyecto de ley (24.256) en la Asamblea, en que el superintendente tenga el poder de quitar directivos de entidades financieras cuando sienta que no cumplen con la idoneidad?
Yo creo que eso lo debería determinar el Conassif, que es un órgano colegiado, porque con eso se quita el sesgo de que sea una persona que lo pueda hacer a dedo. Si hay un análisis técnicamente sustentado de que hay una persona en la administración o en la junta que está arriesgando el dinero de los ahorrantes, por supuesto que tiene que tener la posibilidad de hacerlo (de removerlo), pero desde el Conassif.
Con Coopeservidores y Desyfin hubo polémicas con los resultados de las auditorías externas de esas dos entidades. ¿Cree que hay revisar las reglas de auditoría o conversar con ellas para evitar que se escapen este tipo de casos?
Ambos. Yo creo que hay que sentarse con las auditorías externas y que comprendan claramente cuál es su rol, pero hay que entender por qué tal vez no hemos visto lo que esperamos de ellas. Y de cara a esas conversaciones, determinar si es que hay que normar algo más. Pero sin duda ellas tienen que ser parte responsable dentro del proceso.
En el último año han salido voluntariamente cuatro intermediarios financieros, ¿dicen estas salidas en un periodo tan corto algo preocupante sobre el sistema?
Preocupación no. Puede ser que el sistema tenga tal vez más entidades de las que aguanta. Si uno ve, el mundo tiende a consolidar en instituciones más grandes el sistema financiero. ¿Por qué salen instituciones de afuera? Porque la regulación que hay en los países grandes los ha hecho repensar el valor de tener operaciones en países más pequeños. El costo regulatorio para ellos es muy alto.
Nuestro mercado bancario tiene una serie de asimetrías, probablemente las que más se comentan son la garantía estatal y las cargas parafiscales. ¿Le gustaría desde su trinchera aplanar la cancha?
Yo creo que sí hay distorsiones, pero vienen de un ámbito un poco lejano a la supervisión. Creo que el tema de eliminar las distorsiones es más un tema país y se debe dirigir desde una trinchera más política que de una trinchera técnica (como lo es Sugef). El Estado tiene que definir si quiere mantener la garantía para sus bancos. El tema de las parafiscales tiene implicaciones políticas y económicas para el gobierno. Creo que no es lo que le corresponde a la superintendencia.
Creo que es innegable que es un tema político, pero también es innegable que tiene consecuencias técnicas, ahí es donde yo creo que la Superintendencia sí puede tener una opinión.
La superintendencia sí puede tener una opinión. Nada más que no puede ser el abanderado que empuje los cambios. Por supuesto que en el mundo ideal, en lo técnico, todos deberían ser iguales. O sea, todos deberían tener el piso parejo para poder asegurarse de que las condiciones son óptimas para los consumidores financieros. Eso es lo que uno quisiera desde el órgano técnico encargado del tema de supervisión y regulación.
No deja de llamar la atención que usted está reemplazando a una persona que denunció, pero las discrepancias con el tema de los datos no venían solo entre usted y Rocío Aguilar, porque también Aguilar se apoyó en un criterio jurídico que emitió la asesoría de la Sugef que ahora responde a usted, ¿cómo piensa manejar esos conflictos que una vez hubo entre usted y la superintendencia?
No es de personificar. El criterio de Sugef discrepó del criterio del Banco Central. Doña Rocío y yo fuimos las representantes de ambas entidades, pero eso no es un tema de personas. El criterio del Banco Central lo respaldó la Procuraduría, pero eventualmente vino la acción de inconstitucionalidad que es la que va a definir realmente el futuro del tema (del conflicto sobre envío de datos de deudores). En este momento, ni el Banco Central ni la superintendencia pueden proceder a ejecutar acciones de ningún tipo en relación con esa diferencia. Cuando se resuelva la acción de inconstitucionalidad, nosotros actuaremos acorde.
Usted viene del Banco Central, elegida por un Conassif cuyos miembros también pone el Banco Central. Su caso es diferente, porque es de entidad pública a pública, no de privado a público, ¿pero cómo podemos garantizarnos de que estos puestos no tengan el fenómeno de puerta giratoria?
La puerta giratoria está relacionada con el regulado y el regulador. En este caso estamos hablando de un movimiento entre reguladores. Eso no debería ser una preocupación y yo no lo veo como una mala práctica ni veo dónde está el conflicto de interés.
El tema particular de las puertas giratorias es un tema que es difícil de regular por el costo que tiene. La manera como lo hacen en los países desarrollados que tienen estas reglas es que tienen que indemnizar a las personas por lo que le llaman el “período de enfriamiento”. Ahí es donde entramos en la discusión complicada, ¿quién paga eso? Lo que yo te podría decir es que conceptualmente tiene sentido, no sé si la situación fiscal del país en este momento sostiene una decisión de ese tipo (pagar la indemnización).
