EscucharLa factura electrónica llegó para llevar un mejor control del pago de tributos por parte de contribuyentes físicos y jurídicos, pero aparecieron algunos vacíos en el camino de su implementación.
Uno de ellos impactó al negocio del factoreo (o descuento de facturas), que se fundamenta en convertir en efectivo las cuentas por cobrar (facturas de crédito, letras de cambio, pagarés y contratos, entre otros).
Cuando la factura electrónica entró en vigor, se convirtió en el documento utilizado por el fisco para garantizarse que las empresas pagan impuestos por sus ventas, y próximamente el valor agregado.
Sin embargo, la digitalización de la factura ha sido menos exitosa para fines comerciales y mucho menos para el negocio del factoreo.
¿A qué se debe esto? El documento no es reconocido legalmente para la figura del factoreo, sin embargo, existe una propuesta de un proyecto de ley que promete dar una solución.
En tanto, este negocio mueve más de $2.000 millones anuales, aunque registró un menor dinamismo en 2018 (cayó en promedio un 20% por mes).
En los últimos cinco años, la cartera de esta industria se contrajo un 25%, caída atribuida, según participantes del mercado, a la situación fiscal, con una menor inversión privada y pública, así como una mayor regulación de las entidades descontadoras para mitigar los riesgos asociados al producto.
El escollo
La factura electrónica llegó, pero el mercado le está dando el mismo tratamiento que a una factura física.
En un eventual proceso de cobro, la factura digital no es un título ejecutivo y, por tanto, podría no surtir efecto para fines comerciales, y tampoco para ser utilizada en factoreo.
El Código de Comercio (en el artículo 460) establece que “la factura será título ejecutivo contra el comprador por la suma en descubierto, si está firmada por este, por su mandatario o por su encargado”.
Por lo anterior, “las empresas deberían implementar respaldos alternativos para este tipo de transacciones, es decir, que la empresa que se dedica al factoreo tome medidas para asegurarse de que la factura que está descontando es un documento real y autorizado”, explicó Bryan Mora, gerente de Impuestos y Legal de Deloitte.
Es por esto que la mayoría de ellas optan por imprimir las facturas, para que sean firmadas por el apoderado o representante de la empresa que contrató los trabajos o compró la mercadería, aunque se han topado con rechazo por parte de algunos negocios.
Este es justamente el nuevo reto del sector.
“Muchas empresas no han comprendido la diferencia de las dos funciones de la factura. (...) Algunas se niegan a ofrecer documentos en físico porque dicen que ahora solo es válida la factura digital”, afirmó César Soto, gerente de SC Factoreo.
Lo que sucede es que aun con la firma digital, el documento representa problemas, y por eso resulta mejor imprimirla para firmarla a mano.
Una factura con una firma digital puede ser replicada infinitas veces, por lo que no puede existir un título original y único. Inclusive múltiples copias podrían ser presentadas para su descuento en múltiples entidades de factoreo.
Ante esta situación, en otros países existe un sistema centralizado que maneja las facturas electrónicas y el endoso de estos títulos.
Así, existe un registro de endosos, los cuales son certificados y se lleva el control sucesivo para las cesiones posteriores, explicó Freddy Mayorga, jefe de Factoreo de Cathay.
El proceso se vuelve tedioso y aunque el Ministerio de Hacienda valida que el tenedor de la factura pueda imprimirla, esto no elimina el riesgo de transmisión.
Existe un proyecto de ley que establece la modificación al artículo 460 del código de comercio y que permitiría que la factura electrónica sea un título ejecutivo.
“La factura comercial y la factura de servicios, en documento electrónico, representación gráfica o impresa; tendrán carácter de título ejecutivo por la suma en descubierto si es aceptada por el deudor”, indica el texto.
Negocio poco animado
Muchos negocios, en su mayoría pymes y negocios de comercio y servicios, no cuentan con una garantía real para responder por un financiamiento, y las facturas por cobrar se convierten en su único respaldo para recibir dinero prestado.
En Costa Rica, son muchas las empresas que se dedican a ofrecer esta posibilidad, algunas de ellas forman parte del sistema financiero regulado y otras no.
Este negocio movió $2.100 millones en 2018, solamente entre las 19 entidades afiliadas a la Cámara Costarricense de Empresas de Factoreo (CCEF).
De entre estas entidades financieras, los grandes líderes –con el 81,8% de la cartera– son Desyfin, BAC Credomatic, Promerica y Cathay.
La caída en el último año fue de cerca de un 20%, debido al panorama electoral y el plan fiscal. Sin embargo, Desyfin asegura que mantiene un crecimiento constante del 10% por año.
Otras como Cathay y SC Factoreo aceptan que el 2018 fue un año retador.
La tasa de interés que se cobra en estos instrumentos supera el 14% en colones y 9% en dólares. Además, según datos de la Cámara, las tasas son más bajas en entidades reguladas.
