Por su parte, y sin rodeos, Fitch Ratings y Standard & Poor’s afirman que la escalonada del déficit fiscal al 7%, como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), fue una mala señal sobre el comportamiento de las finanzas públicas de Costa Rica.

Estas calificadoras destacan que la reforma fiscal da señales de ser insuficiente, luego de que el país registrara un mayor debilitamiento de sus finanzas.

En 2019, el desbalance fiscal fue mayor al estimado por dos de estas tres calificadoras (la única que estimó una cifra mayor fue Moody’s), e incluso el mismo Banco Central de Costa Rica (BCCR).

La cifra, la maś alta en los últimos años abrió las puertas de una reducción la nota de Costa Rica. La degradación tiene un efecto dominó: alerta a los inversionistas de un mayor riesgo en los bonos del país y por ende eleva el costo de financiamiento para que el Gobierno.

Unos nuevos eurobonos saldrían a una tasa de interés mayor, tras el anuncio de la reducción de la nota de Moody’s de B1 perspectiva negativa, a B2 con perspectiva estable.

Los altos déficit fiscales y la creciente deuda, que se mantendrá por encima de los pares en calificación, así como los recurrentes desafíos de financiamiento, los cuales suman riesgos al perfil crediticio del país, explican el ajuste en la nota.

Además, la perspectiva estable de la calificación refleja la opinión de Moody’s de que “las presiones de financiación y liquidez seguirán contenidas incluso cuando las métricas de deuda continúen aumentando”, añadió el documento.

En adelante, la mejora en la calificación estaría determinada por el desempeño de las finanzas estatales. Una producción más dinámica sería una buena señal, siempre que esté acompañada de una reducción del déficit y la deuda.

Mirada de agencias

Dos de las tres calificadoras dan a Costa Rica una perspectiva negativa, lo que quiere decir que el país tiene dos caminos posibles: una baja en la nota o una estabilización.

Por ahora, las previsiones del Banco Central de Costa Rica (BCCR) estiman que la economía nacional repuntará de forma moderada en 2020, mientras que el déficit fiscal caería un punto con respecto al año previo.

Las calificadoras de riesgo no relevan detalles de cómo ni cuándo procederán a revisar la nota que otorgan a Costa Rica.

Sin embargo, basta con hacer una revisión del informe que presentaron cuando le redujeron la calificación al país entre finales del 2018 e inicios del 2019, para notar cuáles factores analizan.

Fitch Ratings calificó a Costa Rica con un B+ desde enero del 2019. En aquel momento, el recorte se cimentó en la merma de la liquidez del gobierno al mismo tiempo en que la agenda de amortización era ajetreada. La capacidad de pago del país era incierta.

El nivel de deuda de Costa Rica superó la mediana de los países que contaban con su nota previa (47% del PIB).

Fitch proyectó que el déficit de Costa Rica alcanzaría el 6,3% en 2019, la misma que estimó el BCCR, pero que ninguno atinó.

En esa proyección, la calificadora tomó en cuenta los ingresos provenientes de la amnistía tributaria y la reforma fiscal.

La última revisión de la calificación que ejecutó Fitch citó entre las razones para una rebaja estaba el “aumento del déficit fiscal por encima de nuestras proyecciones que resulten en una aceleración de la ya creciente deuda del gobierno como razón del PIB, por ejemplo, a raíz de una implementación incompleta de la reforma fiscal”.

Habrá que esperar si el discurso del Gobierno sobre las razones de aumento del déficit, en línea con un mayor gasto de capital, compensan la inesperada cifra del 2019.

Sin embargo, la noticia no fue tomada a la ligera.

“El aumento del déficit fiscal a 7% del PIB en 2019 aumenta la probabilidad de que el ajuste fiscal no será suficiente para estabilizar la deuda en los próximos años”, anotó Carlos Morales, director del equipo de calificaciones soberanas de Fitch Ratings.

Los resultados que genere la regla fiscal serán un punto de quiebre sobre cómo sea calificado el gobierno costarricense en 2020.

La entrada en vigor de esta medida para el presupuesto 2020 supone una contracción del gasto corriente, pero “reducciones del gasto público han enfrentado resistencia política y social lo cual señala riesgos sobre la implementación de la regla fiscal”, comentó el vocero de Fitch.

Un mayor crecimiento de la economía no evadiría una rebaja en la calificación, a menos que esté acompañado de un recorte del déficit fiscal.

Otras de las razones por las que podría generarse una reducción serían: la falta de acceso a financiamiento y de corta liquidez del Gobierno, y señales de deterioro a nivel macroeconómico.

Entre tanto, S&P bajó la nota en diciembre del 2018 a un B+. En ese momento indicó que existía posibilidad de que bajara la calificación en los siguientes seis a 24 meses debido a “una erosión mayor a la esperada en la carga de la deuda del gobierno o indicios de un menor acceso a la liquidez debido a los shocks externos o a un deficiente manejo de la deuda”, citó el comunicado de prensa.

Esta agencia estimó que el déficit se ubicaría entre 5% y 6% en 2019 y 2020, y que el nivel de la deuda como porción del Producto Interno Bruto (PIB) alcanzaría el 60%, en ausencia de reformas adicionales.

Esas previsiones ya registraron una erosión más alta de la estimada. Además del alto déficit fiscal, la deuda alcanzaría la cifra proyectada por S&P antes de lo esperado (61% en 2020, según estimación del BCCR).

“El déficit fue más alto de lo que inclusive nosotros proyectamos, y ahora lo que estaremos viendo hacia adelante es cómo se comportará el compromiso del Gobierno”, anotó Lisa Schineller, analista principal de S&P para Costa Rica.

Por su lado, Moody’s pasó a revisión la nota de Ba2 para Costa Rica en octubre del 2018 y tan solo dos meses después anunció la reducción a B1, que además llegó con el anuncio de un cambio a perspectiva negativa. Poco más de un año después anunció una nueva reducción, en esta ocasión a B2, con perspectiva estable.

Dos razones explicaron la rebaja: el empeoramiento continuo y proyectado de las métricas de deuda al lado de altos déficits; y el reto para financiarse.

Aun al contar con la aprobación de la reforma fiscal ya Moody’s afirmaba que esta sería insuficiente para reducir el nivel de la deuda y del déficit.

Este último llegaría al 7,5% en 2019, por lo que esta calificadora fue la única en estimar una cifra similar e inclusive más alta de la que el país registró finalmente.

Esta calificadora también estableció un punto focal de análisis para definir cuál sería el siguiente paso para la calificación de Costa Rica.

“Una cosa que vamos a tratar de ver en el periodo del próximo año y medio - que es más o menos el periodo que cubre la perspectiva negativa- es si el Gobierno logra rebajar el crecimiento de los intereses como porcentaje de los ingresos”, destacó Gabriel Torres, analista de la agencia, en entrevista con EF a finales del 2018.

Ese periodo se cumple entre junio y julio, pero la rebaja en la calificación ya se ejecutó. Con el resultado a diciembre del 2019 es claro que lo deseado por Moody’s no se ha logrado.

Los intereses pasaron de representar el 24,5% de los ingresos en 2018 a 28,3% en 2019. La relación continuó al alza a pesar de la implementación de la reforma y de la mejoría en el crecimiento de los ingresos.

El informe oficial de la calificación de Moody’s no ha trascendido a la prensa.