Cinco miembros de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) comparecieron este miércoles 27 de setiembre ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa por las solicitudes de datos de deudores con el número de identificación que le realizó la autoridad monetaria a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) en noviembre de 2022.
A esta comparecencia acudieron los directivos Miguel Cantillo Simón, Marta Eugenia Soto Bolaños, Jorge Guardia Quirós y Max Alberto Soto Jiménez. Además se presentó el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, pues también es parte de la junta directiva del ente emisor.
El presidente del Central, Róger Madrigal, no se presentó ante la comisión legislativa debido a que se encuentra fuera del país. Tampoco estuvo la vicepresidenta de la Junta Directiva, Silvia Charpentier Brenes.
Al inicio de la comparecencia, el directivo Cantillo reiteró que el pedido de datos a la Sugef se hizo para calcular los riesgos financieros por la mayor incidencia de inundaciones en el país. “Es algo que pidió el Fondo Monetario, pero a la Junta Directiva, a la Sugef y al Conassif (Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero) nos pareció que era un dato importante por un tema de saber cuál es el riesgo al sector financiero”, dijo.
“En mi opinión, no voy a poner a los otros miembros de la Junta Directiva, estos estudios lo ideal sería que lo hiciera la Sugef o el Conassif, ya que impactan directamente sobre la estabilidad financiera de ellos y me parece a mí que también les crea unas fortalezas para hacer ese tipo de análisis dependiente y parcial”, consideró Cantillo.
Pese a esto, reiteró que cuando revisaron los créditos, en el Central se percataron de que el domicilio de los préstamos no correspondía a la realidad. “Ante el problema de la calidad de datos de la Sugef se propone cruzarlos (...)”, agregó.
El directivo del BCCR comentó que la idea de las estadísticas es crear un indicador general y que no se pueda identificar a una persona en concreto. El Banco Central ha manifestado en diversas ocasiones que el número de identificación de los deudores se solicitó con el objetivo de cruzar los datos de la Sugef con los que ya tiene: Tributación y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por ejemplo.
Sin embargo, la Superintendencia se negó a entregar la información solicitada por el Central con el número de identificación de los deudores. Ante la negativa, la gerente general del BCCR, Hazel Valverde, denunció penalmente a la superintendenta General de Entidades Financieras, Rocío Aguilar, por el presunto delito de desobediencia a la autoridad.
Cantillo cerró la introducción de la comparecencia diciendo que “... a veces por querer velar por un bien, que ciertamente existe, que es el derecho a la intimidad, se destruyen otros bienes que no se le contraponen y son de capital beneficio como estos que les hablé de la Tasa Básica Pasiva y del prestamista de última instancia”.