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Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , convocó el jueves a los tenedores de deuda venezolana a negociar ante las sanciones de Estados Unidos que complican la emisión de nuevos bonos, como parte de una serie de medidas para enfrentar la grave crisis económica que atraviesa.
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"En el marco de la lucha contra el bloqueo, anuncio que en el transcurso de las próximas dos semanas están invitados a varias rondas de negociaciones todos los tenedores de bonos de la deuda pública venezolana que han sido afectados negativamente por las decisiones de Donald Trump", dijo Maduro durante una sesión especial de la Asamblea Constituyente.
El mandatario afirmó que ya ha tenido "conversaciones bilaterales con cada uno" de los inversionistas.
Un decreto de la Casa Blanca divulgado el 25 de agosto "prohíbe transar nueva deuda emitida por el gobierno de Venezuela y su empresa petrolera estatal", PDVSA, lo que --según el presidente-- ha afectado el pago de servicios, medicinas y alimentos a empresas extranjeras.
Maduro también anunció que implementará un "nuevo sistema de pago internacional" en distintas monedas.
"Venezuela va a crear una canasta de monedas para liberarnos del dólar y con las monedas de libre convertimiento (sic), el yuan, el euro, los yenes, las rupias y las monedas internacionales, liberar las amarras del dólar", indicó.
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El mandatario informó además sobre la apertura de casas de cambio en todo el país --y ya no solo en las zonas de frontera-- para frenar el "dolar negro", que este jueves superó los 20.000 bolívares por dólar.
Este pico representa una devaluación del 95% para la moneda nacional en el último año.
La medida forma parte de ocho leyes entregadas el jueves por Maduro a la Constituyente para su aprobación.
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Con ello busca aumentar la oferta de dólares para presionar la caída del paralelo, referente para la fijación de muchos precios en este país dependiente de la renta petrolera y las importaciones.
Los menores ingresos por la caída de la cotización del crudo ha generado una sequía de divisas que el gobierno monopoliza desde 2003 mediante un férreo control de cambios, obligando a los empresarios a aprovisionarse en el mercado negro para importar.
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Todo ello impulsa la inflación, que según el FMI trepará este año a 720%.
En su batería de decisiones económicas, que presentó en un discurso de más de cuatro horas, Maduro anunció un cuarto aumento del salario mínimo y un "nuevo sistema de fijación de precios" de 50 bienes y servicios.
"Mañana [viernes] arranca un sistema acordado de precios que marque los precios máximos de venta al público de los 50 productos y servicios fundamentales del país, que en este momento están perforados por la guerra económica, el neoliberalismo", expresó el mandatario.
Además de la fuerte inflación, Venezuela atraviesa una aguda escasez de alimentos y medicinas, que analistas atribuyen a las políticas de control de precios que se aplican desde 2003.
El presidente aumentó en 40% el salario mínimo a partir del viernes. Ahora será de 136.544 bolívares, unos 40 dólares a la tasa oficial más alta y seis dólares según la cotización del mercado negro. Se trata de la cuarta alza este año.
Asimismo, incrementó un bono de alimentación que complementa al salario, que ahora estará en 189.000 bolívares, unos $56 a la tasa oficial más alta y $9 en el mercado paralelo.
Así, el "ingreso mínimo integral" escala a 325.544 bolívares.
Sin dar detalles, Maduro anunció igualmente un proyecto de ley para la "promoción y protección de la inversión extranjera".
Durante su discurso, exigió juzgar por "traición a la patria" al presidente del Parlamento de mayoría opositora, Julio Borges, quien esta semana se reunió con varios mandatarios europeos.
Además, dijo que los gobernadores que ganen en las elecciones regionales de octubre tienen que subordinarse a la Constituyente o ser destituidos.
La Constituyente, que rige el país con poderes absolutos desde el 4 de agosto, está integrada exclusivamente por el oficialismo.
La oposición, una docena de países latinoamericanos, Estados Unidos, España, Reino Unido y organizaciones como la Unión Europea, la OEA y Mercosur la desconocen.
