La ley N°. 9859, conocida como la ley de usura, se aprobó en 2020 con el objetivo de proteger a los deudores de tasas de interés altas. No obstante, en estos momentos pareciera que está privando a los deudores de ver un abaratamiento en sus créditos.
En los círculos especializados existe una gran discusión sobre el posible efecto de exclusión financiera que pudo traer la ley de usura. Este es que, al imponer una tasa de interés máxima, los prestamistas valoraron que existen deudores a los que no vale la pena prestarles con las tasas establecidas, lo cual hace que estos queden por fuera sistema financiero regulado y que posiblemente tengan que acudir a financistas ilegales, como los temidos préstamos gota a gota.
Sin embargo, para lo que confiere a este reportaje, esta nebulosa sobre la ley de usura la dejaremos aparte y analizaremos, en cambio, otro efecto secundario que parece estar teniendo la fijación de tasas máximas: el entorpecimiento en la transmisión de la política monetaria, lo cual, en un contexto como el actual, provoca que cierto tipo de préstamos no se vean beneficiados por la reciente reducción de tasas.
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Una zancadilla a la política monetaria
Entre las disposiciones que tiene la ley de usura está el establecimiento semestral de tasas máximas, las cuales ningún tipo de crédito, regulado o no regulado, pueden superar. Estas tasas las calcula el Banco Central de Costa Rica (BCCR) utilizando el promedio ponderado de las tasas de interés activas de los últimos doce meses, según lo indica la ley.
Es decir, su cálculo está influenciado por las tasas del pasado. Este es un detalle que es contradictorio con la cualidad prospectiva que tiene la política monetaria. El accionar del BCCR se hace proyectando hacia las variables que podrían aparecer hacia el futuro, no necesariamente lo que ya quedó en el pasado, como establece el cálculo de la ley de usura.
Esto no solo hace que haya una disonancia teórica en el proceso de fijación de tasas, sino que también ralentiza la transmisión de los ajustes de política monetaria hacia el resto del sistema financiero.
Pongamos como ejemplo el caso actual. Desde marzo del 2023 el BCCR empezó a reducir su Tasa de Política Monetaria (TPM), la principal herramienta que tiene el Central para influir en las tasas del mercado. Cuando la inflación es alta, la TPM sube para encarecer los préstamos y así desincentivar la inversión (lo cual, en teoría, baja los precios) y cuando la inflación es baja se reduce la TPM para abaratar los créditos y así motivar una mayor producción.
Actualmente, acumulamos un periodo de poco más de año y medio en el que la inflación ha sido mayoritariamente negativa y, como consecuencia, el Central ha bajado paulatinamente su TPM desde un 9% (un nivel considerablemente alto, lo que se conoce como postura restrictiva) hasta un 4%. Como consecuencia, el resto de tasas del mercado, tanto pasivas como activas, deberían bajar también, con un atraso que normalmente no tiende a ser inferior a los seis meses.
No obstante, las tasas máximas llevan cuatro semestres seguidos hacia el alza, en contradicción con la TPM. Las tasas pasivas, lo que los bancos le pagan a usted por sus pŕestamos, sí se han reducido en un nivel considerable, no así las activas (las de los créditos). Por lo menos así parece cuando se observa la Tasa Activa Negociada (TAN), un promedio ponderado de los intereses de préstamos pactados en un determinado periodo.
Entre marzo del 2023 y octubre del 2024 la TAN solo disminuyó 77 puntos base, bastante menos que los 500 puntos en que cayó la TPM y la Tasa Pasiva Negociada (TPN, su contraparte para depósitos). Pero si a la TAN se le excluyen las tasas por tarjetas de crédito la reducción se hace más grande: 156 puntos, según datos del Central.
Por el contrario, si solo vemos la TAN de tarjetas lo que se observa es un incremento de 145 puntos. Esto podría estar ocurriendo porque las tarjetas de crédito son un tipo de préstamo que tiende a pegarse hacia el techo permitido por las tasas máximas. Si el límite sube, como está ocurriendo actualmente, es más probable que también lo hagan los intereses de las tarjetas, a pesar de que los ajustes en la TPM deberían causar lo contrario. Lo mismo tiende a ocurrir con algunos créditos de consumo sin tarjeta.
No es sorpresa, entonces, que préstamos que suelen tener tasas por debajo de las máximas, como los de manufactura o comercio, por nombrar dos, presenten reducciones de 267 y 240 puntos, respectivamente; un comportamiento más similar al de la TPM.
Rodrigo Cubero, expresidente del BCCR, considera que la ley de usura establece límites “artificialmente bajos” a las tarjetas de créditos y esto hace que los prestamistas peguen sus intereses al techo. “Si hubiera mercado libre esas tasas (las de tarjetas) estarían más altas y estarían bajando en línea con la TPM”, explica.
“(La ley de usura) Indirectamente amplifica esa diferencia que hay de las tasas activas con y sin tarjeta”, mencionó Alonso Alfaro, economista jefe del Central, en conferencia de prensa el pasado 17 de octubre.
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Aunque las tasas máximas vayan en disonancia con la TPM, lo más probable es que aún así sean más bajas en comparación con lo que se tendría sin ley de usura, por lo menos en lo que a los créditos más “riesgosos” se refiere, como los de tarjetas y algunos de consumo. Sin embargo, pareciera que sí está creando una mayor ralentización en el traslado de la TPM hacia las tasas activas, lo cual hace una especie de zancadilla a la labor del Central.
Aún así, más allá de los efectos de las tasas máximas, el BCCR ha reconocido que, en general, se ha visto un proceso de traslado de la política monetaria más lento al registrado en periodos pasados.
Alternativas
Cubero recomienda la eliminación de la ley de usura o, si no, un reajuste en el cálculo de la tasa máxima, para que pueda ser mayor.
Carlos Segura, investigador económico del Banco Central, recomienda readecuar la fórmula de tasas techo para incluir alguna de las tasas de referencia que ya se utilizan para préstamos en el mercado o permitir al BCCR desarrollar ellos mismos una metodología “a partir de las mejores prácticas en estos temas”. Así lo propuso Segura en un artículo de opinión para el medio Semanario Universidad.
Al tratarse de una ley, cualquier cambio o eliminación tendría que pasar por la Asamblea Legislativa.
Cubero también considera que, pese a la traba que está poniendo la ley de usura, el Central tiene una herramienta adicional para tratar de penetrar más los efectos de su política monetaria en las tasas del mercado: bajar el Encaje Mínimo Legal (EML).
El EML es una reserva líquida que todos los intermediarios deben hacer sobre un porcentaje —actualmente el 15%, el máximo permitido— de sus depósitos, tanto en colones como en dólares. Esta reserva se traslada hacia cuentas no remuneradas del BCCR.
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Sin embargo, Róger Madrigal, presidente del BCCR, mencionó después de la reunión de política monetaria del 17 de octubre que por el momento no tienen contemplado reducir el EML a los intermediarios financieros.
Madrigal justificó que en el pasado reciente los ajustes al EML no han tenido un efecto a la baja en las tasas. “El EML se bajó en 2019 y no vimos una reacción ni en el crédito, ni en las tasas. Entonces, con la experiencia reciente, uno diría que la reducción del Encaje no necesariamente se correlaciona con menores tasas”, dijo en su momento.