Los interventores del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) comunicaron el cese de las funciones del gerente general del banco, Gerardo Porras.
La acción surge en el marco de la intervención que ordenó el Consejo Nacional de Instituciones Financieras (Conassif) el 22 de diciembre y que está a cargo de Marco Hernández Ávila, como interventor titular, y Johanni Portilla Campos, como adjunto.
La intervención tiene un plazo de hasta seis meses, contados a partir de la comunicación del acuerdo, pero este se puede acortar o alargar hasta un máximo de un año.
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Lo anterior, dependerá de las circunstancias que se presenten durante el proceso y siempre en procura de velar por la estabilidad, solidez y buen funcionamiento del sistema financiero, así como de los recursos públicos que mantiene el banco.
La carrera bancaria de Porras es extensa.
Se desempeñó como subgerente de negocios del Banco Popular y luego llegó a la gerencia general de Banco Uno (2002-2003). Del 2004 al 2013 fungió como gerente general del Popular y luego, llegó a Bancrédito. Además, se desempeñó como vicepresidente de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).
Cuando Porras se trasladó a Bancrédito le faltaba todavía un año para concluir las labores de su cargo en el Popular.
Llegó al banco estatal más pequeño con la meta de hacerlo crecer.
En junio de 2013 ingresó al banco cartaguinés, pero casi cuatro años después el Gobierno decidió que Bancrédito solo tenía un camino para subsistir: alejarse del negocio de intermediación.
Así, la entidad inicia un proceso de desintermediación financiera en mayo de 2017 y Porras realizó algunas alertas de la poca solidez del banco, debido a los pocos ingresos.
En agosto de 2017, Porras en entrevista a EF fue claro en indicar que –a su consideración– las principales carencias de Bancrédito venían desde mucho antes de su mandato.
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La planilla insostenible estaba presente desde hace 10 años, al mismo tiempo que la brecha competitiva se ensanchaba cada año. Esto generó que el crecimiento del activo no fuera proporcional al crecimiento del gasto administrativo, según admitió.
Asimismo, los malos resultados de Bancrédito se agudizaron cuando las entidades dudaron de la sostenibilidad de la entidad y por tanto, dejaron de invertir dinero en el banco. La liquidez cayó y la entidad, sin liquidez, no podía avanzar.
En noviembre del año pasado, Porras alertó que los negocios continuaban siendo insuficientes para mantener su rentabilidad. Esto hacía casi imposible que el banco operara más allá de diciembre de 2017 sin un cambio.
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“El capital del banco está intacto, pero esto no podrá aguantar mucho más allá de diciembre, de lo contrario nos vamos a empezar a 'comer el capital'”, afirmó Porras.
Desde entonces, el banco operaba con un enfoque en liquidez, que les permitiría cancelar las prestaciones a sus trabajadores, y no en la rentabilidad.
El deterioro de sus negocios llevó a pérdidas continuas y por tanto, Conassif ordenó su intervención por un periodo de seis meses (prolongable).
Al tratarse de un ente público, Conassif no puede solicitar ni la quiebra o la liquidación de Bancrédito. Solo debe informar a la Asamblea Legislativa sobre el estado de la entidad y será ese Poder de la República el que deba atender las acciones correspondientes, por cuanto el "cierre" de una entidad requiere una ley, afirmó Luis Carlos Delgado, presidente de Conassif.
* Esta noticia fue ampliada posterior a su publicación.