EscucharDe los cinco proyectos de ley que el Ministerio de Hacienda presentó el pasado 18 de mayo, el de Fortalecimiento de la Gestión de la Deuda Pública es el que menos polémica levantó.
Nada de extrañarse cuando se trata del único que no tiene que ver, al menos directamente, con la carga impositiva del país. Es decir, no va sobre impuestos.
Su objetivo es mejorar el financiamiento por deuda. Más específicamente: quién, dentro del Ministerio, se encarga de ser la voz cantante en materia de gestión de la deuda.
Actualmente, dos voces se sobreponen entre sí y, en ocasiones, jalan hacia diferentes lados. Esto es lo que quiere cambiar el proyecto de ley bajo el expediente 23.762.
Le explicamos los contenidos de este proyecto.
¿Qué propone?
A grandes rasgos, el proyecto propone crear un único departamento que va a ser el encargado de definir cuál es la estrategia de endeudamiento del país. Este ente se llamaría la Dirección General de Gestión de la Deuda Pública y reemplazaría —o más bien renombraría— a la actual Dirección de Crédito Público (DCP) dentro del Ministerio de Hacienda.
Esta “nueva” dirección sería la encargada de definir la política de endeudamiento, además de la negociación, contratación y amortización de la deuda interna y externa del Gobierno Central
Esto se lograría a través de la modificación de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Nº 8131.
¿Cómo se diferencia de lo que tenemos ahora?
Actualmente la gestión de la deuda se la reparten dos entidades dentro del Ministerio de Hacienda: la DCP y la Tesorería Nacional. La DCP es la que define cuál va a ser la política de deuda del país y la que, por ende, parecería ser la voz cantante. Sin embargo, a pesar de tener esta potestad, no tiene poder ejecutivo sobre todas las emisiones: la DCP se encarga de la gestión de la deuda externa mientras que la Tesorería gestiona la deuda interna, siguiendo las pautas de la política de endeudamiento.
De aprobarse el proyecto, la gestión de la deuda, tanto interna como externa, quedaría bajo la nueva Dirección —el despacho que reemplazaría a la DCP— mientras que la Tesorería podría dedicarse de lleno a sus demás tareas como representante de las obligaciones del país.
¿Por qué cambiarlo?
El argumento que da el ejecutivo es que esta división de funciones va en contra de las mejores prácticas internacionales. Elian Villegas, exministro de Hacienda (2018-2022), concuerda con que es un cambio que favorecería la gestión de la deuda.
“Creo que la propuesta crea unidad de criterios donde hoy es normal que exista divergencia. Técnicamente es lo correcto, no podemos estar hablando a dos voces porque a veces lo que hace una de esas voces es hablar más alto para que lo oigan y eso no es conveniente cuando lo que requiere el país es que exista ese proceso de consolidación fiscal que se viene llevando desde hace años”, considera Villegas.
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Además, se trata de un compromiso que el país hizo con el Fondo Monetario Internacional cuando se firmó el Servicio Ampliado del Fondo. Dicho acuerdo proponía la modificación de la ley para que todas las funciones del Gobierno en materia de deuda se llevaran dentro de una oficina unificada.
El Informe Estado de la Nación del 2018 también había hecho la recomendación de definir de manera más clara la distribución de funciones entre ambas entidades. Esto debido a que la Tesorería le corresponde el manejo del flujo de caja del Gobierno con una prioridad más alta que que la gestión de la deuda, lo que causa que esta última quede supeditada al primer objetivo.
“Pareciera que la urgencia de financiamiento para compensar la brecha entre ingresos y gastos ha definido la estrategia de colocación de la Tesorería: se coloca o emite de acuerdo con la preferencia de la demanda en vez de basarse en los objetivos de sostenibilidad y mejores prácticas de la oferta”, se leen en las conclusiones del Informe Estado de la Nación.
“El problema se presenta cuando el flujo de caja se convierte en una emergencia, cuando usted necesita que le ingrese una cantidad de dinero sí o sí en un día determinado, entonces las prioridades cambian y lo que usted necesita es ver cómo soluciona ese problema inmediato, ahí es donde la Tesorería toma una voz cantante que se vuelve muy importante”, explica Villegas sobre la disonancia que puede existir entre la DCP y la Tesorería en el seguimiento de la política de endeudamiento.
¿Por qué no ha hecho antes?
Para el exministro, este es el momento correcto de hacer el cambio debido a que la turbulencia fiscal del país se ha atenuado.
“Estando en una posición fiscal mucho más sencilla, más favorable, es el momento de tratar de alinear estos dos departamentos del Ministerio de Hacienda y generar tranquilidad en esas dos voces”, dice el exministro.
Desde el 2004 una publicación del Banco Mundial, apuntaba que los países que mejor gestión hacían de su deuda eran los que concentraban su gestión en un solo departamento, en lugar de dividirse las funciones.
¿Qué más cambia?
El proyecto de ley también elimina el requerimiento del criterio previo favorable de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica para las renegociaciones de deuda interna que impliquen su conversión a moneda extranjera.
Villegas considera que la eliminación del filtro del BCCR va en línea con la separación de poderes que, considera, debería existir entre la política fiscal y la monetaria, la primera a menos de Hacienda y la segunda en las del Central.
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Eso sí, que haya esta separación no significa que no haya una influencia entre ambas políticas. Una renegociación de deuda en dólares podría, eventualmente, tener un impacto en el mercado cambiario, el cual está bajo la administración del Banco Central.
Se le consultó al Banco Central qué valoración hace sobre ese cambio, sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
