En lo que le resta de mandato (agosto a mayo del 2018), la Administración Solís Rivera tendrá que afrontar el vencimiento de $2.376,4 millones de deuda (interna y externa).
Una cifra levemente menor deberá enfrentar, en sus primeros diez meses de gestión, quien asuma el mando de Costa Rica en mayo de 2018, pues en ese lapso atenderá el vencimiento de $2.277,9 millones en bonos.
Esta es la fotografía del perfil de vencimientos de la deuda al corte de junio 2017, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda en su sitio web.
Estos montos podrían cambiar de acuerdo con la gestión de la deuda que ejecute este y el próximo Gobierno.
Por ejemplo, el 55% de la deuda que vencía en este 2017 (¢570.684 millones) fue atendida de previo gracias a los canjes de deuda y subastas inversas.
Mediante estas mismas herramientas también se ha logrado reducir el 22% del vencimiento (¢362.870 millones) que estaba agendado para 2018.
Lo anterior, quiere decir que esa porción de las obligaciones se canjearon por títulos que vencen posteriormente.
El Gobierno da a conocer su plan de endeudamiento para cada semestre, así que, por ahora, es posible saber únicamente su estrategia para lo que resta del año y no hasta mayo.
Sin embargo, Hacienda está trazando un plan de contingencia –ante la negativa de la Asamblea para aprobar la reforma fiscal– que incluye acciones para la segunda mitad del año pero también para lo que resta de esta administración.
El Ministerio dio a conocer estas intenciones y los planes de colocación, en la presentación del plan de endeudamiento para el segundo semestre de 2017, el pasado 10 de agosto.
Solo en la segunda mitad del año en curso, Tesorería atenderá vencimientos por $1.506,9 millones (unos ¢892.326 millones).Esa presión lo llevó a elevar el monto de captación que proyectó para el segundo semestre. En ese periodo, Hacienda espera colocar ¢1,1 billones, un 15,8% más que en el mismo periodo del año previo.
El 24% de ese monto ya fue captado, aun luego de un periodo de poca demanda en las subastas y de que el Gobierno exaltara los riesgos de la ausencia de la reforma fiscal y de la creciente deuda.
El 1 de agosto, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, envió un mensaje de alerta sobre la falta de liquidez del Gobierno para atender sus obligaciones, en el que anunció que priorizaría los pagos del Estado y no avalaría un crecimiento del presupuesto del 2018.
Sin embargo, tanto el mercado como Hacienda desmintieron que el país enfrente una crisis de liquidez, ya que sí hay opciones para acceder a más fondeo, pero a un mayor costo (tasas más altas).
La misma calificadora de riesgo Fitch Ratings enfatizó, mediante un comunicado de prensa, que el Gobierno podrá atender sus obligaciones mediante un fondeo en el mercado local, pero el alza de las tasas de interés hace más cara esta fuente de recursos.
El mensaje de Solís sirvió de alerta, ya que luego la Tesorería Nacional vio crecer sus ingresos en la captación de bonos.
La subida de tasas de interés de entre 0,75 y 1,5 puntos porcentuales en los rendimientos también influyó en los resultados de las últimas subastas.
Por ejemplo, la tasa por invertir en títulos con vencimiento en 2029 llegó a 10%.
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Mauricio Arroyo, subtesorero nacional, explicó que han ejecutado cambios en las subastas de títulos a tasa fija de las últimas semanas, en las que replantearon la oferta a menos de tres años, para que exista una convergencia entre la oferta y a demanda.
Medidas para sumar recursos
El nuevo plan de Hacienda está compuesto por una mayor captación, la posibilidad de obtener líneas de crédito con los bancos locales y la aplicación de cambios legislativos para incentivar no solo las colocaciones internas sino también externas.
Dentro de las propuestas está traer a discusión si todavía es necesaria la restricción para que las operadoras de pensiones inviertan en títulos del Gobierno, así como algunas modificaciones para atraer la inversión de sociedades administradoras de fondos de inversión.
Hacienda trabaja en un borrador de proyecto de ley para autorizar el endeudamiento externo, la ejecución de notas de Depósito Global (GDN) en el mercado primario y otros.
Como medida de largo plazo, el Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa (el 10 de agosto) un nuevo proyecto de reforma fiscal denominado “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”.
La propuesta incluye –entre otras– acciones para reformar el impuesto sobre el valor agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta. Contempla, además, el plan para gravar los servicios de televisión por streaming con un 15% de IVA.
Asimismo, define medidas para establecer topes a salarios de la administración pública y que las anualidades se midan según la excelencia individual, considerando metas institucionales y el Plan Nacional de Desarrollo.