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El Gobierno enfrentará los mayores vencimientos de la deuda en noviembre y diciembre del 2020, meses en los que tendrá que pagar ¢568.890 millones.
Estas obligaciones deberán atenderse en medio de un leve control de gasto, que se queda corto ante la contraída recaudación de impuestos.
Estas presiones son solo el inicio de fuertes vencimientos para la Tesorería Nacional. Los próximos tres años acumulan el 28,7% del total de la deuda del Gobierno.
El Ministerio de Hacienda continuará con la labor de canjes de deuda, subastas y también apostaría por renovar esos vencimientos con los tenedores de la deuda, que son principalmente instituciones públicas.
La tarde del martes 25 de agosto, Hacienda anunciará el detalle del perfil de endeudamiento y la estrategia. Ese día dará a conocer la cantidad de recursos que requiere para atender sus obligaciones en el segundo semestre del 2020.
Un paso en esa estrategia fue el megacanje de títulos de deuda interna por ¢80.000 millones que ejecutó Hacienda de los años 2020, 2021 y 2022.
Antes de esta operación, trasladó ¢88.000 millones en vencimientos. El monto seguía lejos de los montos canjeados en los últimos años.
En mayo, el Gobierno comunicó que quería canjear al menos ¢800.000 millones en este año, comunicó Mauricio Arroyo, subtesorero nacional.
Hacienda tiene prevista la realización de otro megacanje para setiembre. Los detalles se darán a conocer en el plan de colocación de deuda.
Elian Villegas, ministro de Hacienda, informó que el Gobierno acumula canjes de deuda interna por más de ¢290.000 millones, “lo que permite al Gobierno mejorar el perfil de vencimientos y reducir las presiones sobre el flujo de caja”.
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Golpe en recaudación
El Gobierno deberá enfrentar los vencimientos en medio de una retadora situación en sus finanzas públicas.
El espacio fiscal será aun más reducida, por un lado, debido a los mayores gastos y transferencias relacionados con la salud, y por otro, a raíz de la menor captación de ingresos del Gobierno y mayores pagos de intereses.
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El impacto de la pandemia por COVID-19 sobre la actividad económica y la aplicación de la Ley de Alivio Fiscal que finalizó en junio, generaron un decrecimiento de 11,43% en los ingresos tributarios, respecto al mismo periodo del 2019.
Esa caída representa una caída de ¢301.221 millones o 0,87% del PIB.
En contraste, el gasto total sin intereses se contrajo 3,10% (¢107.254 millones) en comparación a julio del 2019.
Esta situación lleva a la estimación de un déficit fiscal que alcanzaría en 2020 y 2021 cifras de 9,3% y 8,1%, como porción del PIB, respectivamente.
Hasta ahora, la historia de Costa Rica registraba una cifra máxima del 9,1% en el déficit fiscal en 1980.
