EscucharLos cambios en la forma de calificar a los deudores propuestos por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) de cara al próximo año podría ser un augurio de un 2023 que pinta particularmente difícil para los deudores.
La propuesta del ente supervisor parece estar enfocada principalmente en una especie de control de daños preventivos y surge como un síntoma más de un país compuesto por una ciudadanía endeudada que tendrá que hacerle frente a un aumento acelerado de tasas de interés con un salario real cada vez más golpeado por la inflación.
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) espera un crecimiento del Producto Interno Bruto del país de 4,3%, pero un 2,7% para el próximo año. Ese menor porcentaje se explica precisamente por el incremento en el 2022, el aumento se moderaría en el 2023 con un punto de comparación inicial alto.
Los cambios propuestos
Las modificaciones se dieron a conocer mediante una consulta del Conassif ante los intermediarios supervisados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y tienen que ver con un menor castigo a los deudores que encuentren dificultades de pago durante el 2023.
El Conassif sugirió una suavización en la pena a la calificación de riesgo de los deudores cuando a estos se les realizan dos modificaciones en una operación crediticia en un periodo de 24 meses. En la actualidad, cuando en dicho lapso se realizan dos modificaciones, la calificación del usuario cae en la categoría de C1 directamente, una de las más bajas.
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Al concretarse los cambios propuestos, esa caída se atenuaría hasta la B2. Sin embargo, de realizarse más de dos modificaciones, la calificación sí bajaría hasta la C1. Así consta en la consulta pública hecha el pasado 4 de noviembre y remitida a los participantes del sistema financiero en el oficio CNS-1767/11
Este cambio se daría de manera temporal a partir del 1°. de enero del 2023 y acabaría el 31 de diciembre de ese mismo año. Según explica Rocío Aguilar, superintendente de Entidades Financieras, la transitoriedad de las modificaciones se da porque a partir del 2024 vendrá un cambio en la norma de crédito.
Estas modificaciones cambiarían el Reglamento para la Calificación de Deudores, Acuerdo Sugef 1-05 y el Reglamento sobre Suficiencia Patrimonial de Entidades, Acuerdo SUGEF 3-06.
Adicionalmente, también vendrían cambios para reducir el peso que tienen deudas antiguas en la valoración de los deudores. Hasta el momento, tienen el mismo peso, sin importar la antigüedad.
Además, se busca una modificación para que no se manche el historial de un deudor cuando haya una dación en pago por el total del monto en deuda.
Modificaciones en un año de incertidumbre
Básicamente, las medidas serían una especie de escudo para que los deudores que entren en problemas de pago —pero que aún así muestran interés en saldar la deuda— no terminen tan vulnerados una vez pase la tormenta que a todas luces vendrá en 2023.
“Estamos por tener etapas extraordinarias donde manchar a la gente no ayuda”, menciona Aguilar.
Aunque todavía hay mucha incertidumbre sobre cómo se verá la economía mundial el próximo año, los pronósticos no son particularmente alentadores. Incluso potencias como Estados Unidos y los países miembros de la Unión Europea no descartan una recesión económica; de hecho, muchos de ellos la ven cada vez más cerca conforme la inflación no cede y los bancos centrales continúan con sus aumento de tasas.
El caso de Costa Rica no es diferente. El Banco Central ha subido en 8,25 puntos porcentuales (p. p.) su Tasa de Política Monetaria (TPM) desde diciembre del 2021 en búsqueda de controlar una inflación que llegó a estar en doble dígito por cuatro meses consecutivos y que, si bien ya bajó a un 9%, continúa muy por encima de la meta establecida.
Estos ajustes tienen como fin controlar la subida de precios pero es una medicina que viene con un doloroso efecto secundario: el encarecimiento de los créditos. La escalada de la TPM termina por trasladarse al resto de tasas activas del país; es decir, a las cuotas que mes a mes pagan los deudores.
Desde que inició el año, la Tasa Básica Pasiva (TBP), a la cual suelen estar atadas la mayoría de operaciones crediticias en Costa Rica, aumentó en un 111% y la Tasa Activa Negociada en colones y en dólares (una especie de promedio de todas las tasas activas del sistema financiero) lo hizo en un 53% y 34%, respectivamente, con datos mensuales hasta octubre.
A setiembre de 2022, un 83% del total de la cartera crediticia estaba en tasa variable o semifija. Este grupo, obviando las operaciones que se encuentren en periodo de gracia, será quien más sufra el aumento de tasas.
Róger Madrigal, presidente del BCCR, mencionó que las tasas seguirán altas hasta que la inflación ceda. El jerarca también remarcó la importancia de controlar la inflación, sino también las expectativas de ella: “la idea es que cuánto más cercanas estén las expectativas a la meta del Banco Central, menos costosos en términos de tasas de interés y de actividad económica será volver a la meta”, mencionó durante la presentación del Informe de Política Monetaria el pasado 31 de octubre.
Los resultados parciales de las encuestas de expectativas de inflación a 12 meses realizadas por el Banco Central mostraron una moderación de 0,50 puntos porcentuales con respecto a setiembre, el mes que lo antecedió, sin embargo todavía continúan lejos de la meta al promediarse en 7,5%.
Todo esto parece indicar que a las tasas todavía no han tocado su techo, no solo porque el BCCR sigue dispuesto a subir su TPM todavía más para controlar las expectativas, sino porque, aunque ya no escalara, al resto de tasas del mercado todavía les falta contagiarse, pues los ajustes suelen venir con unos meses de rezago.
Para el expresidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, el margen que tiene la TPM en este momomento para seguir subiendo es reducido y podría estar cerca el momento en el que la entidad emisora detenga o pause los incrementos. No obstante, advirtió que para el resto de referencias, como la Tasa Básica Pasiva, quedarán más meses de ajustes al alza.
Cubero explicó que al considerar las expectativas de inflación junto con la TPM se obtiene que el BCCR está en este momento en el terreno restrictivo de la economía, es decir está está desestimulando la actividad.
Estos aumentos, que al final se traducen en cuotas cada vez más caras para los deudores, vienen acompañados de un salario que no ha podido seguirle el ritmo a la inflación: el Índice de Salarios Mínimos Reales lleva 20 meses en terreno negativo. En otras palabras, los deudores tienen un crédito que cada vez les cuesta más y un salario que les alcanza para menos; una receta poco ideal para hacerle frente a las obligaciones.
¿Cómo se ve actualmente el sector crediticio?
Si se mira por cómo se ha comportado el porcentaje de morosidad, el 2022 ha tenido resultados mejores de los esperados. Cabe recordar que fue a partir de este año que la flexibilización crediticia de la pandemia llegó a su fin y los deudores ya no podían renegociar sus deudas de manera ilimitada.
Este regreso a la normalidad tenía preocupada incluso a la misma superintendente, que en un momento llegó a plantear la posibilidad de que el indicador de mora llegara a colocarse tan alto como a un 5% de la cartera crediticia del país.
Sin embargo, por lo menos hasta octubre del presente año, el porcentaje de la cartera crediticia de bancos, cooperativas de ahorro y crédito y mutuales del país que está con un atraso mayor a 90 días o en cobro judicial es de un 2,32%, números todavía saludables.
Aún así, esta aparente estabilidad hay que observarla con cuidado, pues durante el 2022 se ha dado un crecimiento en la cartera de crédito más alta que en los últimos años y esto podría estar diluyendo la mora entre operaciones nuevas.
En setiembre de 2022 la cartera creció en un 6,1% en términos interanuales, un año atrás, para ese mismo mes pero de 2021, el aumento anualizado fue apenas de 1,55%.
“La evolución del indicador (de mora) depende de dos elementos, uno es la variación en la morosidad (numerador) y otra el incremento de la cartera total (denominador) que podría diluir el efecto (...), en resumen, si analizamos la morosidad en términos absolutos, esta sí ha crecido”, explicó la superintendente Aguilar en una entrevista con El Financiero en agosto pasado.
En su Informe de Política Monetaria, el Banco Central se mostró sorprendido por el aumento en créditos pese al incremento en tasas, empero pronosticó una desaceleración en la cartera por lo que resta del presente año y en el próximo, con lo cual aumentaría 5% en el 2022 y 3,4% en el 2023. “La revisión a la baja para este último año es coherente con el tono restrictivo de la política monetaria”, se lee en el documento.
Paralelismos con la pandemia
La medida de proteger la calificación de los deudores por un periodo especial recuerda a las acciones que se tomaron durante la paralización de la economía por la llegada de la covid-19.
Durante los años de más afectación de la pandemia, el auxilio financiero consistió principalmente en el alargamiento de periodos de gracia, readecuaciones de deuda, ampliaciones de plazos, recortes en las tasas de interés y, en menor medida, traslados de créditos de dólares a colones sin que la calificación de riesgo del usuario ni la cartera de los intermediarios financieros sufriera grandes golpes, por lo menos en el papel.
Aguilar consideró esa época como una especie de “feriado normativo” e incluso el mismo Informe Estado de la Nación explicó que la flexibilidad crediticia evitó “de forma artificial y temporal que los balances de los bancos sufrieran un mayor deterioro”.
Sin embargo, para la superintendente, las actuales medidas, si bien comparten similitudes, no son las mismas que se dieron en 2020. “En la pandemia, por ejemplo, usted podía hacer 200.000 readecuaciones sin que se modificara el estatus, aquí sí se modifica: hay una grada (a B2), pero sí se modifica, no estamos con la flexibilización normativa como en la pandemia y fue más bien a partir de las lecciones que aprendimos ahí que pudimos hacer ajustes que puedan ser ya de un carácter permanente”, menciona Aguilar.
Las modificaciones lo que hacen es adelantar una serie de ajustes que, según Aguilar, de todas formas iban a venir con las nuevas normas de crédito. De esta manera se le da una protección adicional a los deudores y a los balances bancarios de cara a un año que podría ser extraordinario en el mal sentido.
No obstante, pese a lo ensombrecido que pinta el panorama, ya empiezan a asomarse ciertos haces de luz. Por ejemplo, la inflación y sus expectativas, aunque siguen alta, llevan dos meses consecutivos en desaceleración, los precios de las materias primas internacionales han caído y en Estados Unidos, principal socio comercial del país, el encarecimiento también ha aflojado en los últimos informes de precios.
Aún así, estas medidas parecen indicar que ni el Conassif ni la Sugef apuestan por una recuperación suave y más bien prefieren prepararse para acolchar un 2023 complicado para el sector crediticio.
