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La agencia Fitch Ratings advirtió que la reciente legislación de El Salvador que establece al bitcóin como moneda de curso legal aumentaría los riesgos regulatorios, financieros y operativos de las instituciones financieras, incluido el peligro potencial de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
De acuerdo con la agencia, el país centroamericano aún tiene que anunciar una guía de implementación detallada para el uso de la criptomoneda en su territorio; sin embargo, el alto nivel de volatilidad de los precios de bitcoin desafiará su uso como depósito de valor y medio de pago.
“La falta de transparencia del bitcoin podría aumentar el riesgo de lavado de dinero si las regulaciones no cumplen completamente con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“Los bancos corresponsales podrían requerir una debida diligencia y controles más detallados sobre las instituciones financieras de El Salvador si las regulaciones y controles no son lo suficientemente sólidos para evitar la evasión fiscal, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”, añadió GAFI
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Las matrices de los bancos extranjeros proporcionarían soporte operativo y técnico para gestionar los riesgos asociados con la implementación de bitcoin en El Salvador. Resaltó que una implementación apresurada de la nueva plataforma del sistema de pago alternativo con bitcoin en El Salvador afectará el marco de gestión de las instituciones financieras para los riesgos operativos, cibernéticos, ransomware, monetarios y de liquidez, con implicaciones adicionales para los estándares de suscripción de los bancos.
“Aún no es claro cómo operará la plataforma y el alcance de la participación del gobierno. Aunque ha declarado que proporcionará un mecanismo para la conversión inmediata de bitcoin a dólares estadounidenses y creará un fideicomiso de 150 millones de dólares administrado por un banco estatal, no está claro cómo funcionará en la práctica”.
Fitch Ratings recordó que el proyecto de ley recientemente aprobado convertirá al bitcoin en moneda de curso legal a partir del 7 de septiembre de 2021, en caso de que una reciente apelación de inconstitucionalidad no modifique su implementación.
