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Costa Rica paga un alto precio por los intereses de la deuda pública que maneja actualmente, tanto para las operaciones internas como externas. Para aliviar las finanzas públicas y bajar esos pagos es fundamental hacer el cambio de “deuda cara” por “deuda barata”.
¿Cómo puede hacerlo? Con más financiamiento. Eso sí, a condiciones más favorables, como el que se obtiene a través de organismos multilaterales o el que se recibiría con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La escuchada frase “cambiar deuda cara por deuda barata” podría explicarse de manera más sencilla en este ejemplo basado en un caso de finanzas personales: un cliente contrajo una deuda con una tienda de electrodomésticos tras la compra de una lavadora, por la que paga un alto porcentaje de interés. Al final, el pago que hace mensualmente se dirige principalmente a intereses y la amortización de la deuda real recibe solo un pequeño porcentaje de la cuota. Necesitará varios años para cumplir con la deuda y, al final, terminará pagando hasta el doble del costo base de la lavadora.
Ante la incertidumbre y el monto significativo que representa para el cliente pagar mes a mes un alto interés y poca amortización, decide acercarse a una entidad financiera para solicitar un préstamo en mejores condiciones y con los recursos cancelar de manera anticipada su deuda con el comercio.
La cooperativa, banco o mutual le presta el dinero necesario para pagar la deuda real que contrajo por el electrodoméstico que adquirió, a un plazo más favorable y con una menor tasa de interés, por lo que la cuota mensual del cliente se vio disminuida y ahora cuenta con una mayor liquidez para afrontar otros gastos o inversiones. Otra ruta pudo haber sido tocar inicialmente las puertas de la entidad para obtener un crédito para comprar de contado el electrodoméstico, con mejores tasas de interés.
Este ejemplo podría trasladarse al Gobierno Central, que mes a mes paga altos porcentajes de interés por los compromisos de deuda tanto internos como externos que ha adquirido a través de los años y para lo cual debe apartar una gran parte de su presupuesto.
A abril de este año, el pago de intereses acumulado —de los primeros cuatro meses del 2021— ascendió a ¢697.495 millones (1,84% del PIB), la cifra más alta de los últimos 15 años. De este rubro, el 82,58% correspondió al servicio de la deuda interna (¢575.981 millones, equivalente a 1,52% del PIB).
“Esto refuerza la importancia de la aprobación del acuerdo con el FMI y de los préstamos de apoyo presupuestario que se encuentran en la corriente Legislativa”, señalaron desde el Ministerio de Hacienda.
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El programa de servicio ampliado que Costa Rica pretende firmar con el FMI se trata de un programa de apoyo financiero por tres años, por un monto de aproximadamente $1.778 millones. La tasa de interés anual estimada en Derechos Especiales de Giro (DEG) es de 2,05% y el plazo del crédito es por diez años con cuatro más de gracia.
El presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Rodrigo Cubero, explicó el pasado 27 de abril en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa —que analiza el proyecto de ley para el acuerdo con el FMI— que si la tasa se traduce al equivalente a tasa de interés en dólares sería de 2,51%, menor a las tasas del mercado local para títulos a diez años.
“Las condiciones financieras son muy favorables. Si la tasa DEG la trasladamos a dólares se estima en 2,51%, eso es mucho menor que las que se consiguen en el mercado local; si se trata de tasas en dólares alrededor de 417 puntos base por debajo y si la trasladáramos a colones sería alrededor de 315 puntos base”, señaló Cubero con datos basados al 19 de abril.
Con un menor pago de intereses, se podrían liberar recursos para el pago de amortizaciones —y así disminuir la deuda principal— y financiar otros rubros. Según las estimaciones realizadas por Cubero ante los diputados, con el crédito del FMI el Estado podría ahorrarse unos $39 millones anuales durante los primeros cuatro periodos de gracia al sustituirse la deuda cara.
Alta deuda interna
La deuda del Gobierno alcanzó a abril de este año un 67,8% del PIB. Del total de la deuda, el 76,99% corresponde a deuda interna y el 23,01% a deuda externa.
“Nuestra deuda es muy alta, su costo es muy elevado y ese es nuestro principal problema; para eso es el convenio con el FMI”, señaló el economista José Luis Arce.
Arce explicó que si Costa Rica no logra acceder a los financiamientos externos planeados, la presión en el mercado local aumentaría y se traduciría en altas tasas de interés. Por ende, se dificultaría el crédito a los hogares y al sector privado y con ello se daría un impacto en el consumo que afectaría además los ingresos del Gobierno.
El Ministerio de Hacienda ha logrado obtener tasas más bajas los últimos meses por bonos de deuda locales, según lo muestra la curva de rendimiento del Banco Central de Costa Rica.
Por ejemplo, un bono a diez años en colones se obtenía a finales de abril del 2019 a una tasa de 10,49% mientras que para el mismo periodo del 2021 la tasa se ubicaba en 8,36%. Para plazos como cuatro o seis años, las diferencias entre cada periodo (abril del 2019 y abril del 2021) son de hasta 4,35% y 3,64% respectivamente.
Sin embargo, pese a la baja en las tasas, el pago por intereses ha ido en aumento, pues el porcentaje de deuda también lleva una senda al alza. Al cierre del 2019, como consecuencia del recurrente y creciente déficit fiscal, el saldo de la deuda del Gobierno Central alcanzó el 58,5% del PIB; es decir, de diciembre de ese año a abril del 2021 la deuda ha crecido en 9,3 p.p.
Elian Villegas, ministro de Hacienda, señaló en la Comisión de Hacendarios que si bien el mercado interno ha llenado las necesidades de financiamiento para el primer semestre de este año, el Estado no puede financiarse únicamente de manera local.
“Es fundamental poder contar con recursos del exterior para poder quitarle presión al mercado interno y eso nos permita liberar recursos para otras actividades”, dijo Villegas, quien añadió que se continúa en la ruta de reducción de las tasas de interés.
Por su parte, el economista de Prival, Vidal Villalobos, mencionó que ambos mercados —el externo y el interno— no son una competencia entre sí, ya que pueden complementarse para una adecuada gestión de la deuda pública.
Instrumentos distintos
Aunque el financiamiento externo puede utilizarse para sustituir deuda cara por deuda barata —en este caso el crédito con el FMI—, las condiciones son distintas a otros instrumentos altamente utilizados por el Gobierno, como los bonos o títulos de deuda locales.
Andrés Viquez, director de FCS Capital, explicó que a la hora de acceder a un instrumento de financiamiento debe valorarse el costo financiero que incluya tanto la tasa de interés como cualquier comisión relacionada con el crédito, periodo de gracia sobre el principal, intereses o sobre ambos, el plazo de la operación y el esquema de pago del principal, es decir, si se deben realizar amortizaciones durante el plazo del financiamiento o si corresponde un único pago al vencimiento
Víquez aseguró que si se toman en cuenta estos factores, hay una diferencia significativa en el costo a favor del crédito con el FMI si se compara con un título de deuda interna en moneda extranjera.
Este acuerdo es de $1.778 millones y se desembolsarían en seis tractos semestrales con comisiones de un 0,3% anual de compromiso y de un 0,5% sobre el monto de cada desembolso por servicio. El organismo mantendrá control de las metas en materia de déficit fiscal y saldo de deuda acordadas con el Gobierno y de acuerdo al avance se realizan o no los desembolsos.
Sobre la amortización de la deuda, explicó Cubero, iniciará a partir del quinto año del préstamo de forma semestral, ya que las condiciones incluyen cuatro años de gracia. Es decir, Costa Rica tendría un periodo de seis años para cumplir con la deuda con el organismo.
Por otro lado, los títulos de propiedad de deuda interna funcionan de manera distinta. Existen bonos de deuda con cancelación al vencimiento. Es decir, si se emitió en el 2015 un bono de ¢100.000 millones a un periodo de 10 años, en el 2025 el Gobierno deberá enfrentar el pago de esa deuda.
Además, pueden “canjearse” o renovarse por condiciones que permitan alargar su perfil de vencimiento y con esto brindar oxígeno a los pagos que el Gobierno debe enfrentar.
“Tener bonos colocados en el país de manera distribuida en el tiempo y moneda le da una facilidad al Gobierno frente a la alternativa con el FMI, porque cuando vienen los vencimientos el Gobierno puede renovar a las condiciones del mercado una nueva emisión, pero cuando viene un vencimiento con el FMI no hay vuelta de hoja y hay que pagar”, apuntó Villalobos.
Otra facilidad del financiamiento interno frente al externo, es que el primero puede solicitarse a discreción del Ministerio de Hacienda, mientras que para acceder a un crédito externo debe pedirse la aprobación a la Asamblea Legislativa. “Ahí aflora la problemática política del país”, dijo Villalobos.
