EscucharEl mercado de capitales costarricense ha atravesado una serie de intentos de mejora y cambios normativos con el fin impulsar la diversificación de participantes y darle más profundidad. Sin embargo, un año después del banderazo de salida a las iniciativas, los grandes cambios siguen ausentes, el Ministerio de Hacienda sigue dominando el mercado y acaparando más del 80% de la participación.
Lucía Fernández, superintendenta de Valores, explicó que la entidad trabaja en conjunto con organismos multilaterales y nacionales para el desarrollo de un mercado de capitales más diverso, profundo y líquido.
No obstante, pese a que desde diciembre del 2020 la Sugeval trazó una hoja de ruta pretendía abarcar desde un eje de diagnóstico hasta uno de acción, un año después las iniciativas siguen atascadas sin un ajuste de fondo.
Según Fernández la gestión de deuda pública es el principal inconveniente para el mercado. Debido a esto, en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) generó un plan piloto de creadores de mercado que se dará a conocer en los próximos días y se implementará a partir del 2022.
Adicionalmente la Bolsa Nacional de Valores (BNV) puso sobre la mesa un plan para desarrollar el mercado de capitales como un proyecto país.
Aunado a estos esfuerzos, el Banco Mundial brindó una asistencia técnica para la ampliación de la base de inversionistas. Para mejorar la gestión de la deuda y la formación de precios se requiere de una mayor apertura del mercado interno a participantes extranjeros por lo que se modificó su reglamento.
Este tipo de modificación mejoraría a la vez la competitividad y eficiencia del mercado de capitales.
“Ahí básicamente nos estamos refiriendo a lo que se define como una microestructura, como los servicios de infraestructura de negociación, compensación y también la mejora de mercados de liquidez”, agregó Fernández.
Estos esfuerzos aportan a un mercado poco profundo, pero no son suficientes. Datos históricos de la BNV muestran que de los volúmenes transados por día en el mercado bursátil, Hacienda es el principal emisor y acapara más del 50% de las mismas. Es decir, que pese a los esfuerzos Costa Rica sigue manteniendo un mercado con poca liquidez e inclinado hacia las necesidades el Gobierno Central.
Parte de los esfuerzos realizados por la Sugeval para diversificar los mercados fue un nuevo reglamento para la creación de fondos de capital de riesgo a través de la reforma a la Ley para Incentivar los Modelos de Capital Semilla y Capital de Riesgo para Emprendimientos (Ley 9695) y otra normativa para las emisiones temáticas con la Ley (N. 10051) para Potenciar el Financiamiento e Inversión para el Desarrollo Sostenible Mediante el uso de Valores de Oferta Pública Temáticos.
Estas fueron las dos iniciativas que avanzaron más, pero en ambos casos tienen un mercado costarricense poco anuente a participar en estas modalidades.
Fondos de Capital de Riesgo
La aprobación del Reglamento sobre fondos de inversión de capital de riesgo el año anterior abrió las puertas para la creación de instrumentos financieros que permiten impulsar el crecimiento de pequeñas y medianas empresas en Costa Rica.
Aunque no es el primer intento en el país de ejecutar este tipo de fondos, varios expertos relacionados a este instrumento consultados por EF en enero de este 2021 confiaban en que con la nueva normativa se estimulara el registro de inversionistas tanto públicos como privados, sobre todo por una eventual participación del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).
No obstante, desde la aprobación del instrumento solo dos entidades han logrado finiquitar su proceso de inscripción ante Sugeval.
El economista y director de FCS Capital, José Luis Arce, explicó que los fondos de capital de riesgo pueden ayudar a mejorar las condiciones de las pymes y también a diversificar las opciones de financiamiento.
“Es una oportunidad más de que ese mercado de capitales surja. Es decir, tenemos décadas de estar hablando del mercado de capitales, pero yo creo que ahora es una oportunidad interesante, además para que crezca de la mano de micro, pequeñas y medianas empresas que son la mayor parte del parque de empresarial”, agregó Arce.
Andrés Víquez, economista y asesor de capitales en FCS, aseguró que el reglamento abre las puertas para que se salde una deuda que había desde hace muchos años con los participantes actuales y los que estén por llegar al mercado.
Emisiones Sostenibles
El pasado 20 de setiembre la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate la Ley para potenciar el financiamiento e inversión para el desarrollo sostenible mediante el uso de valores de oferta pública temáticos.
La ley facilitará el financiamiento por medio del mercado de capitales de actividades, obras y proyectos tendientes a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, el Plan Nacional de Descarbonización, la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, así como cualquier otro instrumento de política pública que persiga los mismos objetivos.
Desde entonces solo dos entidades se han aventurado en la emisión de bonos temáticos dentro del mercado costarricense. La primera fue el Banco Popular y de Desarrollo Comunal que realizó a primera emisión de bonos verdes de oferta pública en el mercado de capitales del país en la Bolsa Nacional de Valores (BNV) por un total de ¢50.000 millones.
El Banco Popular de Costa Rica logró colocar el 100% del primer tracto de sus bonos verdes —50% del total de la emisión— luego de firmar un contrato de suscripción con BN Valores Puesto de Bolsa, por un monto facial de ¢13.000 millones.
En el primer grupo de la emisión la entidad pretendía colocar ¢25.000 millones, de los cuales ¢12.275 millones los captó mediante subasta el pasado 26 de mayo y monto el restante a través del contrato.
Por su parte, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) vuelvió a apostar por emisión de bonos temáticos, pero esta vez en el mercado local.
Se trata de una emisión de bonos verdes de oferta pública. Un monto a subastar de ¢20.000 millones con el propósito de refinanciar una porción de la deuda existente relacionada con la construcción de la Hidroeléctrica Reventazón, que entró en operación en 2016, y que es la planta de mayor capacidad de generación de electricidad renovable del país.
