Las órdenes para intervenir una entidad financiera por parte del Consejo Nacional de Supervisión de Sistema Financiero (Conassif) son el último recurso aplicable para intentar salvar el negocio financiero de una empresa. Por eso, son una pésima notica y casi siempre terminan implicando la muerte del negocio financiero en cuestión, o al menos de su marca comercial.
Solo en los últimos tres meses, dos nuevos casos se sumaron a la lista (que ya tiene 17 registros en los últimos 30 años). Primero fue Coopeservidores, declarada inviable en junio pasado y actualmente en trámite de resolución; y ahora se suma la financiera Desyfin, que parece destinada a un final similar.
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Entre las instituciones que han sido intervenidas en los últimos 30 años saltan nombres como los del Banco Anglo, Bancrédito, el Banco Federado, Bancoop, el Banco Solidario o Coopemex: todos ellos, marcas que terminaron desapareciendo del mercado fueron liquidadas o porque tuvieron que fusionarse con otras para evitar su quiebra.
Esta no es una tendencia extraña, según explicó para un reciente artículo de EF el exdirector del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), José Luis Arce; quien definió este tipo de procesos como “una salida de último recurso” ante situaciones irregulares, difíciles de superar, y que además son traumáticos para la reputación de quienes los sufren, en términos reputacionales y de confianza.
El cementerio de marcas
Los registros de intervenciones financieras son diversos en Costa Rica, en sus motivos y sus repercusiones.
Algunos de estos procesos son afectaron a instituciones pequeñas, que casi ni se recuerdan; pero otros, en cambio, siguen frescos en la memoria por sus implicaciones, y constantemente son citados por medios de comunicación y profesores de Economía, entre otros.
Entre este último grupo están casos como los del Banco Anglo Costarricense en 1994 y del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) en 2017.
Ambos bancos del Estado terminaron cerrando luego de una intervención y su proceso de salida del mercado implicó pérdidas por miles de millones de colones para el erario público costarricense (¢143.000 millones y ¢60.591 millones, respectivamente, según cálculos en colones actuales publicados por el periódico La Nación en semanas recientes).
Más recientemente, apenas hace tres meses, la intervención de Coopeservidores implicó el inicio de un proceso de resolución que sigue en marcha, que (al menos hasta el momento) dejaría a más de 5.000 depositantes con una pérdida del 50% de sus ahorros e inversiones superiores a ¢6 millones y a más de 130.000 asociados sin poder acceder a sus más de ¢63.974,7 millones de capital social.
También fueron intervenidas y desaparecieron del mercado negocios como los bancos Federado, Bancoop, Solidario, Bantec y Elca, entre 1997 y 2004; así como a la mutual Mugap; las financieras First Pennsylvania y Grupo Internacional de Finanzas; y las cooperativas Coovivienda, Viviendacoop y Coopecolón.
Y luego, en 2010 y 2015, se sumaron Coopemex y Coopeaserrí.
Arce explicó que el primer grupo de casos respondió principalmente a dos cuestiones; una, el fortalecimiento de la supervisión financiera a mediados de los años 1990 y, otra, la aplicación de reformas en el sector financiero, como la apertura del mercado bancario a la banca privada.
Algunas entidades incluso optaron por cerrar por su propia cuenta en aquella época, fusionarse con otras o vender sus operaciones. Por ejemplo, la intervenida Coopecolón logró evitar su quiebra y se unió a Coopealianza en julio del 2000, según recogen las crónicas de la época.
Algunos de los procesos de intervención terminaron con la pérdida de los recursos para los ahorrantes, pero en otros casos otras entidades financieras salieron al rescate y lograron absorber parte de los negocios, para devolver ahorros e inversiones (total o parcialmente). En el caso de los bancos estatales, intervino la garantía pública, donde es el erario el que restituye los fondos. En el caso de Coopeservidores, por primera vez, se aplicó la garantía de hasta ¢6 millones para los depósitos, según la reciente Ley de Creación del fondo de garantía de depósito.
Problemas en créditos
El Conassif ordenó la intervención de Desyfin por problemas con el manejo de su cartera de crédito: el activo más valioso de la entidad.
Según el Consejo, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) encontró “actuaciones contrarias a las disposiciones regulatorias vigentes y a las sanas prácticas” en el manejo de la cartera de crédito y sus estimaciones de deterioro, cuya corrección implicaría la pérdida de más de un 50% del patrimonio de la entidad y su consecuente entrada en una situación de insuficiencia patrimonial.
Hasta este mes de junio, el patrimonio de Desyfin era de ¢11.701,2 millones, un 20% menor que hacía dos años. Y la situación sería peor por el deterioro de los créditos activos.
Laura Suárez, presidenta de Conassif. indicó que se detectó “una débil gestión crediticia” por parte de la entidad financiera, así como “inconsistencias en la información suministrada”, “una limitada labor de auditoría” y “obstaculización de las labores de supervisión”.
Estos son señalamientos similares a los que hizo la misma entidad, hace 90 días, sobre el caso de Coopeservidores.
La superintendente Aguilar explicó que los hallazgos se derivaron un extenso proceso de supervisión, el cual derivó en una revisión de su cartera de crédito a partir de enero de este 2024. Antes, la financiera presentó varios planes remediales, pero ninguno se cristalizó finalmente, según explicó la jerarca.
En principio, la intervención de la financiera es por un plazo de 30 días naturales. Sin embargo, este es prorrogable por otros 30 días de ser necesario. Como interventora titular se nombró a Marianne Kött Salas.
Por medio de este proceso, se deberá determinar si el negocio financiero sigue siendo viable o, como suele ocurrir en estos casos, se debe proceder con alguna maniobra para promover su cierre o su absorción parcial por parte de otra entidad regulada.
Consultado por EF, solo dos días después del inicio de la intervención a Coopeservidores, el exjerarca de Sugef y exgerente del Banco Nacional, Bernardo Alfaro, explicó que las intervenciones despiertan a niveles máximos la desconfianza en las entidades que sufren estos procesos. Eso, señaló, es “la principal razón por la que no sobreviven”. “Si es intervenida (la entidad financiera) las probabilidades de que sobreviva son muy bajas”, concluyó.