Por orden de la Corte de Apelación, la magistrada Sara Cockerill, del juzgado comercial de la Alta Corte de Londres, debía determinar si la justicia volvía a preguntar al gobierno de Boris Johnson a cuál de los dos rivales políticos reconoce como "presidente de facto" de Venezuela.

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Sin embargo, decidió que dado que el Tribunal Supremo autorizó la víspera revisar este fallo emitido en octubre por la Corte de Apelación "sería inapropiado seguir adelante" con un procedimiento paralelo.

"Así que anularemos las vistas que teníamos previstas en enero y abril y esperaremos a lo que el Tribunal Supremo tenga que decir en su debido momento", afirmó.

La fecha de inicio de dicho procedimiento está aún por determinar, pero el abogado de la administración Maduro, Nicholas Vineall, aseguró que el caso podría tener que esperar hasta "octubre o noviembre del año que viene".

"La orden del Tribunal Supremo que da a Guaidó permiso para apelar fue emitida ayer (miércoles) por la tarde, aún no tenemos una fecha para la audiencia, pero no se espera que tenga lugar hasta la segunda mitad de 2021", dijo a la AFP Jane Wessel, abogada del gabinete que representa a la oposición venezolana.

Intento sin éxito

El gobierno de Maduro, a través del Banco Central de Venezuela, lleva más de dos años intentando sin éxito recuperar unas 30 toneladas de oro de la reserva nacional, valoradas en mil millones de dólares, que tiene guardadas en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra.

Pero Guaidó, reconocido por el Reino Unido como presidente encargado de Venezuela, pidió que no le fueran entregadas, afirmando que los fondos podían ser malversados o destinados a reprimir a la población.

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Con el argumento de necesitar el dinero para combatir la pandemia de COVID-19, Caracas se querelló en mayo contra el Banco de Inglaterra.

En julio el juzgado comercial falló a favor de la oposición, pero esa decisión fue anulada en octubre por la Corte de Apelación, quien consideró ambigua la declaración del entonces ministro británico de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, cuando en febrero de 2019 reconoció a Guaidó como "presidente interino de Venezuela".

Tres jueces consideraron que el ejecutivo de Johnson podría seguir reconociendo “de facto” a la administración de Maduro, una decisión en la que el Tribunal Supremo tendrá ahora la última palabra.