EscucharEl cobro judicial es una instancia a la que nadie quiere llegar, ni siquiera el cobrador, pues puede ser un proceso engorroso y no hay siempre garantías de recuperar el dinero en el corto plazo. Para el deudor también puede ser traumático: no solo puede perder sus bienes, sino que también mancha su historial crediticio.
Revisamos cómo está compuesta la cuenta en cobro judicial del sistema financiero supervisado, cuáles son los tipos de créditos que más llegan allí, por qué y cuáles tendencias llaman la atención.
¿Qué hay en cobro judicial?
A noviembre del 2024 —mes en el que se basan los datos de este reportaje— en el sistema financiero supervisado había ¢289.406 millones en cobro judicial, según el balance de comprobación disponible en el sitio web de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Ese monto representa un 1,15% de la cartera crediticia total.
Al analizar los datos del cobro judicial llama la atención que, si bien la cartera a nombre de personas físicas es la que más pesa, es la empresarial la que proporcionalmente más va a cobro judicial. Los préstamos empresariales suman un 9,8% de la cartera vigente, sin embargo, en la cartera en cobro judicial escalan a un 25,2%.
A Bernardo Alfaro, exsuperintendente de Sugef, no le sorprende que haya una desproporción en el segmento empresarial dado que probablemente se trata de créditos que se entregaron con algún nivel de garantía, ya sea prendaria, hipotecaria o fiduciaria, así que el acreedor tiene un incentivo para llevar la operación a cobro judicial, pues sabe qué es lo que puede recuperar.
Alfaro dice que esa sobrerrepresentación también podría ser un síntoma de un empresariado que ha tenido problemas en los últimos años para sobrevivir en el largo plazo. “En el segmento empresarial hay muchas pymes y la tasa de mortalidad de las pymes en los primeros cuatro o cinco años es altísima”, dice el exsuperintendente.
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Esta es una hipótesis que concuerda con lo encontrado por el Programa Estado de la Nación en su entrega del 2023. Dicho documento calculó que la probabilidad de que una microempresa sobreviviera cinco años era del 53% y la de una pequeña del 76%.
Aunque también es una rama empresarial, en el crédito corporativo ocurre lo contrario: pesa un 24,3% de los créditos vigentes, pero solo un 9,3% del cobro judicial.
La diferencia entre el préstamo empresarial y el corporativo tiene que ver con el tamaño. Los empresariales normalmente responden a pymes o empresas con estructuras internas poco complejas, mientras que el segmento corporativo está reservado para grandes empresas o conglomerados con estructuras más sofisticadas.
“El crédito corporativo es de una mejor calidad de la cartera, es mucho más escogido y con clientes que difícilmente entren a cobro judicial porque son empresas muy grandes”, dice Carlos Fernández, exgerente del Banco de Costa Rica, para explicar el comportamiento inverso.
Alfaro agrega que es común que la mora corporativa sea cercana al 0% y por eso los bancos tienden a competir entre ellos para llevarse a las empresas más grandes, sin embargo, al tratarse de deudores de gran volumen, cuando alguno cae en impago se vuelve un “dolor de cabeza terrible”.
Préstamos personales
Los préstamos personales (a personas físicas) son los que más van a cobro judicial: pesan un 66,40% de los créditos llevados a tribunales por las entidades supervisadas.
En este segmento la desproporción es bastante menor —en comparación con el empresarial—, ya que los créditos personales pesan un 56% de la cartera vigente. El principal motivo por el que existe una ligera sobrerrepresentación tiene que ver con el principal producto de los préstamos personales: la vivienda.
Los préstamos de vivienda se otorgan con una fuerte garantía, normalmente hipotecaria o por medio de un fideicomiso. Además, según explica Alfaro, las casas tienen un mercado secundario “muy bueno”, así que para el prestamista es relativamente fácil recuperar el valor una vez se adjudica la garantía.
No es sorpresa que un 66% de la cartera en cobro judicial de personas físicas esté compuesta por vivienda, a pesar de que pesa casi 200 puntos base menos de la cartera vigente o que está al día. También hay que tomar en cuenta que los datos corresponden a saldos, no a número de operaciones. Los préstamos de vivienda, al ser relativamente grandes, pueden acaparar un mayor porcentaje de los saldos en menos cantidad de operaciones.
El segundo tipo de préstamo personal que más cae en cobro judicial es el de consumo, con un 25% de las cuentas en tribunales, pero aquí representa una tajada menor que en los créditos vigentes (35%).
Esa menor representación no significa obligatoriamente que son operaciones con menor mora, de hecho, el consumo es considerado un préstamo mucho más riesgoso para el acreedor que el de vivienda (uno de los más seguros). Alfaro y Fernández explican que los bancos a veces prefieren no llevar toda su cartera morosa de consumo a cobro judicial porque su menor tamaño y pocas garantías hacen que no siempre valga la pena pasar por un engorroso proceso en tribunales.
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“No me extraña que haya muchísimo crédito de consumo que no está en cobro judicial, ahí sale muy caro cobrarlo”, dice Alfaro, quien agrega que los bancos tienen una fórmula para medir a partir de cuánto monto optan por llevarlo a tribunales.
Con las tarjetas de crédito pasa un fenómeno similar: van poco a cobro judicial, pero también porque los bancos tienen otros métodos para lidiar con los impagos.
No obstante, conforme se han ido alargando los plazos de consumo en el sistema financiero, los prestamistas han empezado a pedir garantías reales como hipotecas. Esto podría hacer que para las entidades sí valga la pena acudir al cobro judicial.
Los que no van a cobro judicial
En la cuenta de cobro judicial no está toda la morosidad del país; los bancos tienen otras opciones para cobrar sus préstamos morosos sin pasar por los tribunales.
Fernández menciona que el préstamo con un fideicomiso de garantía ha ido ganando mucha popularidad en los últimos años. En este tipo de operaciones el deudor pone un bien como garantía, digamos que una casa, pero, a diferencia de una hipoteca, la casa no está a nombre del deudor, sino de un fideicomiso, normalmente administrado por un tercero (el fiduciario). Si el deudor no paga, el banco no tiene que acudir a un proceso de cobro como el de una hipoteca —en el que se reclama la casa y que puede durar meses, hasta años, en tribunales—, sino que puede ejecutar la garantía casi inmediatamente, pues ya le pertenece el bien.
“Si no pagan de una vez se traspasa al banco o el fiduciario procede a vender (la casa) y a pagarle el crédito al banco”. explica Fernández.
Otra forma en la que las entidades pueden evitar el cobro judicial es limpiando sus balances. Esto ocurre cuando un prestamista asume que la persona no va a saldar su deuda y procede a pasar la operación como un gasto contra las utilidades, el cual es deducible de renta. De esta forma la morosidad sale de sus balances y lo intenta recuperar por otros medios.
Alfaro menciona que los bancos tienden a vender esa deuda, normalmente con un descuento, a empresas que se dedican a cobrar los préstamos por aparte. Los créditos a los que se les aplica esa salida son normalmente préstamos de consumo, relativamente pequeños, o de tarjetas de crédito.
