EscucharEl interventor y ahora administrador de Coopeservidores de cara a su proceso de resolución, Marco Hernández, aseguró en conferencia de prensa que la pérdida estimada para las personas y empresas con depósitos no garantizados en la cooperativa de ahorro y crédito (aquellos por montos superiores a ¢6 millones, en uno o varios instrumentos financieros distintos) se estimaba en un 20% hasta ahora. Sin embargo, ese porcentaje podría “incrementarse sustancialmente”.
Así lo explicó el Consejo Nacional de Supervisión de Sistema Financiero (Conassif) en su acuerdo de resolución de Coopeservidores, publicado este 28 de junio en el diario oficial La Gaceta.
La proyección actual de un 20% responde al porcentaje de todos los depósitos y otras obligaciones no garantizadas de la cooperativa que quedarían descubiertos, y tendrían que recortarse en detrimento de sus titulares, incluso si una entidad financiera solvente termina absorbiendo el “banco bueno” de CS Ahorro y Crédito.
Por el “banco bueno”, las autoridades a cargo del proceso de resolución se refieren a aquellos activos de Coopeservidores que continúan en un estado aceptable y podrían ser atractivos para un tercero, aún después de la intervención que sufrió la entidad en el último mes y del deterioro previo que originó ese proceso.
La absorción total del “banco bueno” por parte de un tercero, sin embargo, no está garantizada. Por eso, la pérdida podría ser aún mayor, tal como advertía Hernández el 21 de junio pasado, cuando anunció la inviabilidad financiera de la cooperativa y la necesidad de iniciar un cierre ordenado de la misma. “Puede ser que el recorte sea un poco mayor a ese 20%”, señaló en aquel entonces.
Las pérdidas del 20% o superiores afectarían principalmente a los 5.500 depositantes de la cooperativa que tienen más de ¢6 millones depositados en la entidad financiera (de 167.500 totales). Ellos sufrirían un haircut, en sus activos financieros (ahorros o inversiones), como se conoce en la jerga financiera a este tipo de descuentos o rebajas sobre su valoración inicial.
¿Por qué podría incrementar la pérdida?
La Interventoría determinó la existencia de seis grupos de activos de Coopeservidores que seguían en buen estado y que podrían ser atractivos para otra entidad financiera, capaz de asumirlos.
Los principales son la cartera de crédito de la cooperativa en condiciones recuperables (categorías de riesgo 1, 2, 3 y 4), valorada en ¢394.770 millones de cara al cierre de 2024; así como las inversiones de la Cooperativa en instrumentos financieros de otras entidades, por ¢120.389 millones, y sus disponibilidades de recursos adicionales, por otros ¢32.439 millones.
De esa cartera de crédito se excluyeron las operaciones en categorías de dudosa recuperación (5, 6, 7 y 8), cuyo saldo estimado hasta mayo pasado era de ¢145.434 millones con la posibilidad de aumentar en ¢53.083 millones adicionales hasta diciembre de 2024 (por créditos sanos en deterioro).
Si un banco asumiera todos esos activos “buenos”, se tendría el dinero suficiente para cubrir todos los pasivos garantizados de la cooperativa menos un 18,7% de las obligaciones y los depósitos no garantizados (el 20% que las autoridades estiman como pérdida).
Además de la cartera de crédito salvable, de las inversiones en otras entidades y de las disponibilidades de recursos, también se incluyen en el “banco bueno” otros tres grupos de activos, aunque con valoraciones mucho menores que juntos no alcanzan ni el 2,5% del total. Ellos son sus terrenos, sus edificios y sus bienes mantenidos para la venta.
¿Por qué podría aumentar la pérdida?
Incluso si una entidad decide asumir el “banco bueno” de Coopeservidores, podría no estar interesado en una parte de este; lo cual incrementaría el déficit para pagar las obligaciones no garantizadas.
Por eso, indicó Conassif en su acuerdo de resolución, “ese porcentaje de rebaja es únicamente indicativo y puede incrementarse sustancialmente” si se concretan algunos riesgos.
Entre esos riesgos, el Consejo señaló que la entidad solvente interesada en rescatar activos de Coopeservidores podría no querer adquirir una porción importante de la cartera crediticia, “debido a su riesgo intrínseco”, que “es alto” por las características de los deudores y su tipología de créditos.
Según determinó la Interventoría, la cartera crediticia de CS se centra principalmente en la actividad de consumo, un 63% de las operaciones de ese conjunto vencen hasta dentro de 10 años o más, y la capacidad de pago de los deudores en muchos casos es limitada y sin garantías.
También cabe la posibilidad de que la entidad financiera interesada no quiera otros activos porque no se ajustan a su plan estratégico o no los requiere para su operación, lo cual también reduciría su capacidad de hacer frente a las obligaciones de CS.
Una reducción de ¢50.000 millones en los activos que la entidad financiera esté anuente a absorber amplificaría la pérdida esperada a un 30% de las obligaciones y depósitos no garantizados, según cálculos de EF con base en la información publicada por las autoridades.
El porcentaje definirá cuán abrupto sea el haircut para cada persona o empresa afectada. Por ejemplo, si un cliente tenía ¢100 millones por encima de los ¢6 millones garantizados por ley, con el haircut se le devolverían ₡80 millones si la pérdida es del 20%. Pero si la pérdida sube a un 30%, entonces solo obtendría ¢70 millones del total inicial.
Otra opción es que finalmente no se concrete ninguna negociación por los activos de Coopeservidores. En ese caso, se tendría que solicitar la liquidación a través de los procesos judicial ordinarios, lo cual implicaría tiempos de espera más prolongados para que los acreedores de la cooperativa puedan acceder a sus recursos y, además, elevaría el nivel de deterioro de la cartera de crédito a niveles “exponenciales”, según Conassif.
¿Y el “banco malo”?
Por otra parte, los activos menos atractivos de Coopeservidores se colocarán en un fideicomiso, también llamado “banco malo” por los resolutores, el cual se creará con el fin de vender esos bienes en el plazo máximo de un año (el período más extenso por el que puede estar activo un proceso de resolución).
Con los recursos que se obtengan de esas ventas, si es que se consiguen, se debería recuperar lo máximo posible en beneficio de los fideicomisarios (los ahorrantes, los inversionistas y los demás acreedores de la entidad), así como atender contingencias legales.
Además de bienes como el mobiliario y el equipo de la cooperativa, sus vehículos, y sus derechos de uso de instalaciones, el “banco malo” también incluye la cartera de crédito de dudosa recuperación, por la cual no se descarta que se puedan obtener algunos recursos.
En principio, indicó Conassif, la cartera bruta en categorías de riesgo 5, 6, 7 y 8 tenía un saldo de ¢161.675 millones. Pero es presumible que su valoración en el mercado sea mucho menor, por sus condiciones de deterioro.
Los activos del “banco malo” podrían aumentar si la entidad solvente que se interesa en el “banco bueno” no desea adquirir el 100% de los activos de ese primer bloque.
La administración del proceso de resolución informó el 28 de junio que solo una entidad financiera ha confirmado su interés por participar en el proceso de resolución. “Por lo tanto, lo que procede ahora es recibir esta oferta para su debido análisis y negociación, lo cual podría durar aproximadamente dos semanas, sin descartarse de que en ese lapso pueda aparecer otro interesado”, agregó.
El Banco Popular y el Banco Nacional han confirmado acercamientos, aunque se desconoce cuál fue la entidad que formalizó sus intenciones.
La jerarca de la Sugef, Rocío Aguilar, explicó en conferencia de prensa que el proceso de resolución propuesto por las autoridades reguladoras permitiría que el 97% de los depositantes de Coopeservidores no sufran pérdida alguna. El proceso cubriría a los depósitos de hasta ¢6 millones, de cada persona física o jurídica con participación en la cooperativa (unos ¢43.985 millones de cobertura), sin tener que recurrir al Fondo de Garantía de Depósitos creado en 2020.
Todas las estimaciones de Conassif en su acuerdo de resolución se basan en el informe final de Interventoría (INT-CS-789-2024), con fecha del 19 de junio de 2024.
