EscucharSi bien se ha narrado hasta la saciedad que Coopeservidores ocultó el deterioro de su cartera de crédito y que eso provocó su posterior intervención por parte del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), los problemas de fondo que terminaron por hacer inviable su continuidad van mucho más allá de ello. El proceso de intervención reveló una serie de pecados mortales por parte de la cooperativa de ahorro y crédito, los cuales ahora se hacen evidentes en medio de su proceso de resolución.
Problemas relacionados con el perfil de riesgo crediticio de sus clientes, con el tipo de créditos que otorgaba, con su gestión en el uso de prórrogas y con los plazos de los préstamos otorgados quedaron consignados en el acuerdo de resolución que publicó Conassif este 28 de junio en el diario oficial La Gaceta, con base en el informe final de Interventoría (INT-CS-789-2024) que determinó la necesidad de un cierre ordenado.
El deterioro ocasionado por estos fallos fue tal que ni siquiera fue posible plantear la opción de capitalizar la entidad para intentar salvarla, pues el monto que se habría necesitado para hacerlo era tan alto que resultaría impagable para los más 131.000 asociados que la componían.
Los pecados de Coopeservidores
El ocultamiento de la información real sobre el deterioro de la cartera de crédito de Coopeservidores hizo que fuera imposible corregir los errores de manejo de la compañía en ese rubro. Las correcciones que debió hacer la entidad entre noviembre de 2023 y mayo de 2024 implicaron pérdidas por ¢57.561 millones.
A partir de enero —cuando se obligó a la entidad a modificar sus estados financieros de 2023 y a suspender sus prácticas incorrectas en el otorgamiento de prórrogas automáticas, arreglos de pago y refinanciamientos masivos—, se empezó a evidenciar un incremento relevante en la cantidad de créditos calificados como “de dudosa recuperación”. Estos aumentaron un 26,4% en los primeros cinco meses del año. Además, el indicador de morosidad de 90 días o más pasó de representar un 1,94% de la cartera de crédito a un 11,67% en el mismo intervalo.
Toda esta situación explica la situación actual de Coopeservidores. De los ¢591.621,9 millones que tenía como saldo su cartera crediticia hasta el 31 de mayo pasado, los encargados de la resolución solo pretenden trasladar el equivalente a ¢394.776 millones a otra entidad financiera solvente, para responder en el mayor porcentaje que se pueda a los acreedores. El resto del acumulado de préstamos se considera de muy difícil recuperación.
Pero, ¿cómo llegó Coopeservidores a esa situación? Los encargados de la intervención hallaron una serie de aspectos clave, que quedaron consignados en el acuerdo de resolución emitido por Conassif.
El perfil del cliente
Según Conassif, se pudo determinar que las mismas políticas de la cooperativa de ahorro y crédito permitían financiar a los asociados de la entidad aún cuando tenían “muy altos niveles” de endeudamiento. De hecho, muchos de sus productos se diseñaban justo para este sector, sin exigir mayores garantías o fianzas.
El tipo y las formas de los créditos
Asimismo, se identificó una alta proporción de créditos de consumo dentro de las operaciones aprobadas por la cooperativa, muchas veces “con muy pocos mitigadores exigidos a sus deudores”. “Su producto estrella era crédito de consumo sin fiador”, señaló Conassif, con base en el informe de la Interventoría.
En este proceso se determinó que hasta un 64% de los préstamos de la cartera de crédito se entregaron sin garantía, a pesar de que equivalían a ¢366.114 millones.
Las prórrogas automáticas
A pesar de la falta de garantías, Coopeservidores aplicó prórrogas automáticas y sin notificación alguna para sus deudores. Estas prórrogas se aplicaron hasta a un 17% del saldo principal de la cartera crediticia, equivalente a ¢97.402 millones a mayo de 2024.
La situación, aunada a la falta de gestiones de cobro, creó “una cultura de no pago por parte del asociado”, según Conassif.
El 92% de esos créditos con prórrogas automáticas, además, carecían de garantías o fianzas.
Todo ello generó un círculo vicioso, pues los aumentos en cuotas e intereses eran significativos y hacían aún más difícil su pago por parte de deudores que ya de por sí tenían un perfil “limitado”.
Los plazos de pago
Por último, la Interventoría detectó que Coopeservidores otorgaba préstamos a plazos excesivos, para ofrecer cuotas más bajas a deudores que “presumiblemente no tenían capacidad de pago”.
Según los datos recolectados durante el proceso de intervención, la cartera crediticia tenía un horizonte de vencimiento de más de 10 años, principalmente en el sector de consumo.
Hasta un 51% del conjunto de créditos vencían en plazos de entre 10 y 20 años, mientras que otro 12% superaba ese rango.
El ocultamiento de información por parte de Coopeservidores sobre el deterioro que estas prácticas provocaron en las cuentas de la entidad financiera ya es investigada por el Ministerio Público. Además, durante el proceso de intervención, se ordenó el despido sin responsabilidad patronal del hasta entonces gerente general Óscar Hidalgo, quien acumulaba 18 años en el cargo. Al mismo tiempo, la Fiscalía abrió una causa de oficio para determinar si la supervisión y las decisiones de Conassif y de Sugef se realizaron o no de forma oportuna para defender los intereses de los clientes de la cooperativa.
Imposible de salvar
Todo este contexto hizo que fuera imposible plantear una capitalización de la entidad, para salvarla, a pesar de que la ley faculta ese tipo de procesos.
El déficit entre activos y pasivos de la entidad se estimó en ¢69.034 millones hasta mayo de 2024, a los cuales se suman ¢57.316 millones adicionales que hubiese sido necesario agregar para que la entidad alcanzara los niveles mínimos de suficiencia patrimonial exigidos por ley.
En otras palabras, como mínimo, habría sido necesario que los asociados aportaran ¢126.350 millones para poner a andar de nuevo a la institución.
Esto implica que cada uno de los 131.311 asociados hubiese tenido que girar ¢963.000 por cuenta propia, lo cual era imposible considerando que la mayoría de ellos (el 75%) corresponde a personas físicas asalariadas en instituciones públicas y privadas con salarios promedio de ¢700.000, según los datos a disposición de Conassif.
Tampoco se planteó utilizar los depósitos de los asociados como fuente de capitalización porque este es un proceso voluntario y no todos los depositantes de la cooperativa, casi 170.000, son asociados.
Ante este escenario, la Interventoría optó por recomendar el proceso de resolución finalmente ordenado por Conassif, mediante el cual procurará salvar un máximo del 80% de los depósitos y las obligaciones no garantizadas de cooperativa, como los montos superiores a ¢6 millones de los depósitos.
Este proceso, sin embargo, depende en gran medida de que una entidad financiera solvente decida asumir los activos de CS que aún se consideran en buen estado, como la proporción de su cartera de crédito que todavía no cae en las categorías de dudosa recuperación. Si una entidad accede a ello solo parcialmente, el porcentaje que se podría reponer de los depósitos y las obligaciones no garantizadas sería “sustancialmente” menor, según Conassif.
“Eso dependerá del resultado del proceso de resolución”, advirtió el interventor Marco Hernández, quien ahora es administración de la cooperativa en medio de su proceso de cierre ordenado.
