EscucharEl caso Coopeservidores ha sido la noticia financiera más turbulenta del año: pasó de ser la cuarta cooperativa de ahorro y crédito más grande a ser declarada como inviable por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). En esta nota resumimos lo que ha acontecido durante este proceso y además retrocedemos un poco en el tiempo para repasar algunos hechos como el cambio de marca de la entidad.
Aquí el resumen en orden cronológico.
Cambio de marca
Primeros meses de 2022: Coopeservidores cambió de marca y pasó a llamarse CS Ahorro y Crédito. “Desde el 2015 la empresa empezó a utilizar el CS. Realmente no estamos abandonando el modelo cooperativo, lo que estamos haciendo es reforzando que somos una cooperativa de ahorro y crédito, y ahora está plasmado en nuestra imagen, en nuestra marca: CS Ahorro y Crédito”, dijo el entonces director comercial, Hugo Villalta, a El Financiero a mediados de ese año.
Octubre de 2022: El entonces gerente general, Óscar Hidalgo, comentó a El Financiero que la empresa ha “promovido una gestión de riesgos encaminada a implementar las mejores prácticas en el sector, y robustecer el gobierno corporativo. Cada paso y decisión de la organización ha sido guiado bajo un estricto control de la gestión empresarial, enfocado en la recopilación y análisis de datos, lo que promueve la toma de decisiones informadas, coordinadas y planificadas, que potencie la productividad de nuestras operaciones, impulse la agilidad e innovación en nuestros procesos y asegure la sostenibilidad del negocio”.
Las declaraciones de Hidalgo llegaron por escrito tras las consultas de El Financiero sobre las razones que justificaban que la entidad se situara como la segunda cooperativa de ahorro y crédito supervisada más grande del país, a agosto de 2022. A esa fecha, los activos de la entidad ascendían a ¢780.635 millones.
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Se detectan irregularidades
Enero de 2024: La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) realizó un estudio especial de supervisión sobre Coopeservidores para evaluar la calidad y razonabilidad de datos que le remitió la institución mediante el sistema de información XML Crediticio, durante el período comprendido entre enero de 2022 y agosto de 2023. En este se detectaron una serie de irregularidades en la gestión y administración de la cooperativa.
Marzo de 2024: Coopeservidores había reportado ganancias por ¢3.288,5 millones en 2023, según consta en un artículo que publicó El Financiero. Sin embargo, esta cifra cayó porque la entidad tuvo que hacer un ajuste en el resultado financiero obtenido en el año, para reflejar una pérdida por ¢26.975 millones debido al deterioro de una parte de los préstamos que la cooperativa tuvo que respaldar con recursos del patrimonio.
23 de abril de 2024: El Observador reportó que el Banco Popular se encontraba analizando la compra de una parte de la cartera crediticia de Coopeservidores. “El análisis que se hace en este momento tiene el objetivo de garantizar la tranquilidad y el respaldo a las personas que hoy tienen obligaciones financieras con CS Ahorro y Crédito, al mismo tiempo que se fortalece la cooperativa”, informó la entidad bancaria a ese medio de comunicación.
Segunda semana de mayo de 2024: Coopeservidores despidió a 66 personas.
Comienza el proceso de intervención
13 de mayo de 2024: El Conassif acordó ordenar la intervención de Coopeservidores. El ente informó que la decisión se tomó con base en la recomendación de la Sugef.
Durante la intervención de Coopeservidores, Marco Hernández Ávila, interventor titular, y Lillieth Brenes Zúñiga, interventora adjunta, son los encargados de la administración de la entidad. “La alta gerencia queda suspendida, igualmente que los miembros del Consejo de Administración. Nosotros asumimos totalmente la representación judicial y extrajudicial de la entidad”, dijo Hernández Ávila a El Financiero el pasado 14 de mayo.
También, producto de la intervención, los recursos de todos los depositantes e inversionistas de la cooperativa quedaron temporalmente congelados, es decir, no se pueden utilizar. Las tarjetas de débito y crédito emitidas por Coopeservidores están inhabilitadas. Por su parte, los deudores de CS deben seguir pagando a tiempo sus obligaciones. Si no lo hacen, se les podría manchar el récord crediticio.
14 de mayo de 2024: La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual confirmó que está investigando a Coopeservidores, por presuntas irregularidades administrativas.
El Ministerio Público comunicó en ese momento que la pesquisa que se tramita bajo el expediente 24-000017-0621-PE es por la presunta infracción del artículo 158 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (BCCR). El artículo en mención instaura que se impondrá pena de prisión de tres a seis años al que:
-- Registrare, alterare, permitiere o consintiere la alteración de registros, para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas o para afectar la composición de activos, pasivos, contingentes o resultados.
-- Proporcione, a la Superintendencia General o a los órganos supervisores auxiliares, datos o informes falsos o inexactos, con el propósito de ocultar la verdadera situación financiera o los riesgos de la entidad, de evadir los encajes u ocultar la existencia de algún grado de inestabilidad o irregularidad financiera.
15 de mayo de 2024: Óscar Hidalgo, gerente general de Coopeservidores desde el 2006, fue despedido sin responsabilidad patronal.
24 de mayo de 2024: La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió de oficio una causa para investigar actuaciones del Conassif y la Sugef, en torno a la situación de Coopeservidores.
Al caso se le designó el número de expediente 24-000194-1218-PE y se tramita por el presunto delito de incumplimiento de deberes. Por ahora se sigue contra ignorado, es decir, no hay personas imputadas individualizadas.
29 de mayo de 2024: La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual realizó un allanamiento en una sede de Coopeservidores ubicada en Rohrmoser, otros dos operativos se ejecutaron en edificios de la cooperativa localizados en San José y uno más en ADN Data Center, en Alajuela. Los cuatro allanamientos buscaban decomisar prueba documental y electrónica para incluir a la causa 24-000017-0621-PE.
El expediente se tramita contra ignorado.
30 de mayo de 2024: La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual mantuvo las diligencias en el edificio Coopeservidores en Rohrmoser, y extendió el operativo a tres oficinas de la empresa Access.
Según La Nación, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos confirmó que la compañía Access guarda documentos de Coopeservidores, por lo que se requirió la ampliación del allanamiento, pero no se está investigando a dicha empresa.
6 de junio de 2024: La Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa aprobó abrir un expediente para investigar el caso de Coopeservidores.
11 de junio de 2024: La Interventoría de Coopeservidores confirmó el despido de 147 trabajadores. El cese laboral se dio como parte de “los procesos actuales de la cooperativa que ya no requieren de ese personal”.
Ese mismo 11 de junio, pero en la noche, se dio a conocer que el Conassif acordó ampliar el plazo del proceso de intervención de Coopeservidores hasta el próximo 25 de junio.
Proceso de resolución
21 de junio de 2024. El Conassif y la interventoría finalizaron el proceso de intervención y se determinó el inicio de un proceso de resolución de Coopeservidores debido a que la entidad es inviable financieramente. Según Conassif, la entidad carece de capacidad de cumplir con los requisitos de solvencia debido a una cartera crediticia muy deteriorada.
Se anunció que como parte del proceso se buscará transferir un 80% de los activos (llamado “banco bueno”) y el 100% de los pasivos de la cooperativa a una entidad financiera solvente con el fin de que esta honre las obligaciones de Coopeservidores. Para hacerlo, se abrió una ventana en la que las entidades interesadas pueden postularse.
También se nombró a Marco Hernández como administrador del proceso de resolución.
28 de junio de 2024. La administración del proceso de resolución comunicó que solo una entidad confirmó su interés en adquirir el banco bueno. Consecuentemente, se procedió a la negociación entre la administración y la entidad interesada para determinar la factibilidad de la transferencia.
2 de julio de 2024. La administración anuncia el cierre de su primera sucursal (San Carlos).
8 de julio de 2024. El representante legal de la Federación Costarricense de Asociaciones Solidaristas del Sector Privado (Fecaspri), Gonzalo Meza, comentó por medio de un comunicado de prensa que “hay grandes posibilidades de que en el corto plazo y con un buen proceso resolutorio”, las asociaciones puedan “recibir el 75% de sus inversiones”.
11 de julio de 2024. Representantes de un grupo de asociados, inversionistas y ahorrantes de Coopeservidores se reunieron con Hernández para presentarle una propuesta para tratar de recuperar la mayor cantidad de depósitos posibles.
La administración aprovechó para aclarar que ningún personero del equipo del proceso de resolución ha emitido alguna declaración o presentado información sobre el posible porcentaje de recuperación que tendrán los inversionistas institucionales, incluyendo las asociaciones solidaristas, desmintiendo las palabras de Meza del 8 de julio.
Ese mismo día también se anunció el cierre de la sucursal de Ciudad Neily.
24 de julio de 2023. Se confirmó el cierre de 13 sucursales más de Coopeservidores. Seis lo hicieron de manera inmediata ( Liberia, Santa Cruz, Limón, Guápiles, Desamparados y Plaza Víquez) y siete programaron su cierre para el 27 de julio (Cartago, Moravia, Metropolitana, Heredia, El Roble, Alajuela y San Ramón).
También se comunicó que se han cesado 262 colaboradores de la cooperativa desde que inició el proceso de intervención y que 355 se mantienen activos.
Se pacta el “banco bueno”
31 de julio de 2024. El Conassif anunció el acuerdo para que el Banco Popular absorba un 80,5% del “banco bueno” (el equivalente a un 64% todos los activos de Coopeservidores). En la negociación se pactó que el Popular honrará el 100% de los depósitos de ¢6 millones o menos (el 97% de los clientes). A quienes tengan más de ese umbral, el Popular le garantizará hasta un 50% (porcentaje todavía puede cambiar ligeramente) del saldo que tenga por encima de los ¢6 millones.
Es decir, si alguien tiene ¢8 millones, se le devolverán ¢7 millones (los ¢6 millones garantizados más el 50% de los ¢2 millones no garantizados). Además, un porcentaje importante de deudores de Coopeservidores pasarán a ser clientes del Banco Popular, entidad a la que deberán hacerle los futuros pagos.
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Hernández mencionó que el proceso de transferencia de activos y pasivos puede durar alrededor de dos semanas, pero que existe la posibilidad de que algunos depositantes puedan recibir su dinero antes.
También se informó que todos los canales de cobro en la cooperativa se suspenderán del 1.° al 4 de agosto de 2024,
Próximas fechas e información importante
El lunes 5 de agosto el Banco Popular anunciará su plan de acción con respecto a los deudores y ahorrantes, así que entonces habrá más claridad sobre qué pueden esperar estos clientes de Coopeservidores.
Los deudores que sean notificados por el Popular ese lunes 5 de agosto tendrán que empezar a pagar sus obligaciones a esa nueva entidad. Si no son notificados significa que su deuda no fue transferida al banco, así que tendrán que continuar honrándola con la cooperativa por el momento. Según confirmó Hernández, se mantendrán las mismas condiciones de los préstamos (tasas de interés, plazos y monedas) originalmente pactadas cuando se trasladen de entidad.
Hernández también mencionó que tratarán de colocar el porcentaje de activos del “banco bueno” que no se llevó el Popular en otras entidades con el fin de reducir el porcentaje recortado a quienes tienen depósitos superiores a los ¢6 millones. La ventana para que otros intermediarios se postulen es de dos semanas. Lo que no se pueda colocar se irá al fideicomiso llamado “banco malo”.
