EscucharDenuncias penales, allanamientos por parte de la Fiscalía, medidas cautelares, acciones de inconstitucionalidad y recursos de amparo, el conflicto entre el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) parece escalar más con cada día que pasa.
El capítulo más reciente se escribió el viernes 1°. de setiembre, cuando el Ministerio Público confirmó el allanamiento de las oficinas de la secretaría del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) para recaudar evidencia por supuestos delitos de incumplimiento de deberes, tráfico de influencias e influencia en contra de la Hacienda Pública.
Esto es lo que se sabe hasta el momento:
¿De dónde viene el conflicto?
Esta disputa entre Sugef y el BCCR empezó en noviembre del 2022, cuando la Junta Directiva del Central acordó solicitarle a la Superintendencia el acceso a la información integral de todas las operaciones crediticias que los intermediarios supervisados le remiten (bancos, cooperativas, mutuales, etc.), incluido el número de identificación (cédula física, jurídica o Dimex) de los deudores.
Ante la solicitud, la asesoría jurídica de la Sugef consideró que, de hacerlo, podría infringir derechos a la confidencialidad, así que la superintendenta, Rocío Aguilar, decidío no compartir la información y, en cambio, envió una consulta a la Procuraduría General de la República (PGR) el 23 de diciembre de 2022 para conocer si está obligada a acatar el pedido del Central o no.
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¿Qué hizo el Banco Central?
Al no recibir la información por parte de la Sugef, la gerente general del ente emisor, Hazel Valverde, decidió interponer una denuncia penal en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción el 21 de abril del 2023. Esto se hizo antes de que la Procuraduría emitiera un criterio.
¿Por qué el Banco Central quiere esos datos?
El BCCR insiste en que el fin de esos datos es meramente estadístico, dice que su objetivo es generar investigaciones sobre el riesgo financiero de los créditos otorgados a personas ubicadas en zonas susceptibles a fenómenos asociados al cambio climático, el nivel de endeudamiento de los hogares, así como mejorar la comprensión de los efectos de la política monetaria.
También han reiterado en múltiples ocasiones que la razón por la que necesitan los datos con número de identificación es para poder cruzarla con otras bases de información que ya poseen, entre ellas del Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense del Seguro Social.
Si se les comparte los datos anonimizados, como pretende la Sugef, no pueden realizar este cruce y, según considera el ente emisor, se generarían análisis de riesgos menos confiables.
El BCCR ha mencionado que esa información le ayudará a cumplir metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
¿Qué dice la Procuraduría?
La PGR le respondió a la Sugef hasta el 3 de julio del presente año. En su respuesta, considera que la información crediticia no puede considerarse como “sensible” siempre y cuando tengan un fin estadístico. De ser así, dicha información debe ser compartida con el Banco Central.
Según le confirmó la Procuraduría a El Financiero, el dictamen es de carácter vinculante. “Luego, para las actuaciones concretas que deba realizar la Sugef y que se relacionen con lo analizado en ese dictamen, se debe sujetar tal actuación a las indicaciones que allí se hacen, siendo tema de la competencia de la Sugef la interpretación de esas indicaciones”, dice la PGR.
¿Qué hizo la Sugef?
De momento, hasta donde se sabe, la Sugef no le ha compartido la información crediticia al Banco Central.
El 17 de agosto, la superintendenta Aguilar se reunió con el procurador General, Iván Vincenti, y la procuradora, Silvia Patiño, para conocer los alcances del dictamen, así como el tipo de información que, según la Sugef, se estaría proporcionando al BCCR. Dicha reunión se solicitó el 9 de agosto, esto se lo confirmaron a El Financiero tanto la Superintendencia como la PGR.
Ese mismo 17 de agosto, la Sugef dio a conocer que Aguilar había sido denunciada penalmente por la gerente del Banco Central. Aguilar confirmó que ella se enteró de la denuncia por parte de la Fiscalía el 8 de agosto pasado vía telefónica.
¿En qué derivó la denuncia?
El pasado 1°. de setiembre la Fiscalía allanó las oficinas del Conassif para buscar evidencia por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, tráfico de influencias e influencia en contra de la Hacienda Pública, para la causa 23-000107-1218-PE.
El Ministerio Público confirmó que la causa se originó tras la denuncia del Banco Central contra la superintendenta Aguilar.
La investigación también se relaciona con un acuerdo tomado por los miembros del Conassif, en sesión realizada el pasado 15 de agosto, en el que, presuntamente, se determinó emitir una moción de censura contra el BCCR y solicitarle al presidente ejecutivo de la entidad, Róger Madrigal, retirar una denuncia presentada contra Aguilar, según comunicó el Ministerio.
Ahora la Fiscalía también busca si los demás miembros del Consejo Directivo del Conassif habrían incurrido en los presuntos actos delictivos.
La oficina de prensa de la Sugef le confirmó el 29 de agosto a este medio que el Conassif respalda el criterio de la Sugef “en el sentido de que no puede entregar al Banco Central datos que son considerados confidenciales, como el número de cédula de los deudores”.
¿Qué ha pasado con la solicitud de datos?
El pasado 28 de agosto la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) le ordenó al Banco Central suspender la solicitud de informaciṕon de deudores con número de identificación por medio de la resolución N.° 697-2023. Esto lo hizo como medida cautelar mientras la Prodhab determina la procedencia legal de dicha acción.
El BCCR emitirá su criterio con respecto a esta resolución el lunes 4 de setiembre, según le confirmó el equipo de prensa del ente emisor a este medio.
Por otro lado, la Sala Constitucional dio curso a la acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) en contra de la solicitud de datos hecha por el Banco Central.
La ABC también presentó un recurso de amparo contra el BCCR con el fin de que se declare en sentencia que la solicitud del Banco Central violenta los derechos fundamentales a la autodeterminación informativa, a la intimidad, confidencialidad y reserva del artículo 24 de la Constitución, entre otros derechos constitucionales.
Además se solicitó la condena al Central al pago de los daños y perjuicios provocados con la lesión de los derechos fundamentales indicados y el pago de las costas.
Es de conocimiento de El Financiero que, por lo menos al 30 de agosto, también existía otro recurso más presentado en la Sala IV, según confirmó la oficina de prensa de esta entidad. En este se pedía sentenciar que el Banco Central no puede pedir a la Sugef ninguna información personalizada que permita vincular datos de las entidades reguladas con las personas físicas o jurídicas a las que esos datos pertenecen, así como que se le ordene al ente emisor abstenerse, en el futuro, de pretender obtener esa misma información.
