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Pese a que cumplen un papel importante en el financiamiento de micro y pequeñas empresas nacionales, las características que envuelven a las microfinancieras que operan en el país las obliga a mantener tasas de interés relativamente más altas que algunas entidades como los bancos, debido a las condiciones en las que obtienen sus recursos.
Este tipo de empresas utilizan diferentes mecanismos de segundo piso para financiarse, como préstamos con bancos locales, tanto públicos como privados, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), entidades financieras del exterior, especialmente de las denominadas inversionistas o financiadores de impacto.
Según explicó el economista y estadístico Juan Muñoz, es común que las tasas de interés ofrecidas para los microcréditos presenten algún grado de alza frente a las de entidades del sistema financiero como bancos, justamente por las condiciones a través de las cuáles se financian.
“Son empresas que no pueden captar del público, entonces deben buscar algún tipo de fondos que casi siempre tienen un costo muy elevado, por lo que las tasas de interés tienen que ser mayores que la de los bancos y además asumen riesgos más altos por el segmento de población a la que atienden”, señaló Muñoz.
De acuerdo con la Red Costarricense de Organizaciones para la Microempresa (Redcom), que afilia a 11 microfinancieras del país, el rango de tasas activas de los préstamos a los clientes se ubica entre el 10% hasta 34% anual, en colones. Lo anterior lo explicó Carlos Hernández, director ejecutivo de Redcom.
“La mayoría de los créditos tienen tasas entre el 14% a 28% anual. Generalmente, las tasas de interés para créditos dirigidos a actividades agropecuarias, son menores que para comercio y servicios”, dijo.
Sobre el financiamiento, la Redcom señaló que los préstamos que obtienen las microfinancieras son más caros que los recursos que reciben bancos, cooperativas y otras entidades.
“Esas últimas entidades financieras reciben dineros de parte de sus ahorrantes, depositantes y socios, y tienen la ventaja para acceder a fondos baratos de programas del gobierno nacional”, mencionaron.
Al costo de financiamiento, la microfinanciera le suma un margen de intermediación para cubrir los costos operativos y administrativos; asimismo, esos costos distan de los de otro tipo de entidades ya que los promotores de crédito de las microfinancieras, por ejemplo, viajan hasta donde está el empresario o cliente para ofrecer, monitorear y formalizar los créditos.
Por otro lado, la directora ejecutiva de la microfinanciera Acorde, Ruth Obando, explicó que a los factores de peso en la determinación de las tasas de interés se suma el riesgo que representan los clientes y el tamaño del crédito. A mayor riesgo que se perciba en un crédito, mayor es la tasa de interés; tomando en cuenta la población que las microfinancieras cubren, gran parte de los clientes representan un nivel importante.
Por otro lado, mientras más grande sea un crédito, bajo un nivel aceptable de riesgo, la tasa de interés a cobrar puede ser menor. Sin embargo, el tamaño promedio de los otorgados por las microfinancieras costarricenses es mucho menor que el de los bancos comerciales y otras entidades financieras. Estos montos pueden ir desde los ¢100.000 hasta los ¢20.000.000.
Obando recalcó que si existiera más acceso a recursos como los del SBD, las tasas de interés de quienes se vean beneficiados con dicho financiamiento podría ser menores; no obstante, dijo, es cada vez más limitado.
Se consultó al SBD sobre la canalización de fondos a través de estas empresas, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta pese a que recibieron las consultas.
Por su parte, Grisel Fernández, directora ejecutiva de Asopro San Ramón, explicó que las microfinancieras deben buscar las garantías necesarias para cumplir con las obligaciones de pago con sus acreedores.
“Las carteras nosotros las debemos y cuando digo debemos es que canalizamos fondos del SBD, del Banco Popular y así sucesivamente, entonces son carteras que tienen que ir respaldadas porque ellos nos piden garantías; nosotros sí pedimos garantías como fiadores o hipotecas o podemos trabajar avales en casos de que no cuenten con estas garantías para quienes califiquen”, explicó.
División crediticia
Según datos recolectados por la Redcom a diciembre del 2020, la composición de la sumatoria de las carteras de créditos de las microfinancieras afiliadas muestra que alrededor del 45% del total está relacionada al sector agropecuario. Otra gran parte de la cartera la ocupan las actividades de servicios y comercio.
Actualmente, hay aproximadamente 26.000 clientes entre las 11 empresas afiliadas a la Redcom, de los cuales 43% son mujeres y 40% son de zonas rurales.
Las microfinancieras en el país no cuentan con supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) como las entidades bancarias u otras, pero operan apegadas el artículo 15 bis de la Ley 7786 “Sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”.
Para Luis Diego Madriz, gerente general de la microfinanciera Fundebase, este tipo de empresas deberían contar con un mayor apoyo estatal y así generar un mayor impacto económico en las comunidades y, en última instancia, en el sistema financiero nacional.
“Somos la antesala de aquel cliente que no puede acceder al sistema financiero formal pero que sí cuenta con un proyecto económico viable”, comentó Madriz.
Muñoz coincidió sobre la importancia de las microfinancieras al atender un segmento de la población productiva que es excluida del sistema financiero tradicional.
“Ese segmento de la población generalmente son personas informales que difícilmente tienen una contabilidad alta que mostrar, y generalmente tratan de vivir con algún proyecto de trabajo pequeños o personas que tienen proyectos o empresas unipersonales o con muy pocas personas, que no tienen necesariamente las garantías que califican como mitigantes de riesgo de crédito”, explicó el economista.
Según explicó Juan Pablo Montoya, presidente de Redcom, las microfinancieras en Costa Rica operan bajo dos modelos asociativos: asociación o fundación.
Por su lado, Obando destacó que dos de los principales retos para las microfinancieras son conseguir financiamiento que les permita cubrir a más personas y a costos más bajos, así como que el sector sea tomado en cuenta para las políticas públicas en las temáticas de créditos y emprendimientos.
Industria pequeña
Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), destacó que los costos operativos de un microcrédito a plazos cortos son altos, lo que se refleja en las tasas de interés y añadió que en Costa Rica no existe una industria de microfinanzas desarrollada como la de otros países de la región como Nicaragua, El Salvador o Bolivia.
“En Costa Rica lo que tenemos son algunas entidades pequeñas, que utilizan algunos componentes de tecnología de microfinanzas y básicamente lo que se hace aquí es tratar de ayudar con créditos relativamente pequeños a personas excluidas”, dijo.
Sobre esto, Muñoz destacó que las bajas tasas de interés del sistema bancario así como los programas que se han habilitado para micro y pequeñas empresas dificulta el desarrollo de una industria de microfinanzas en el país.
Además, explicaron que hace varios años el país tenía condiciones más favorables en cuando a desempleo y la informalidad, situación que era distinta en otros países en donde sí han proliferado la microfinancieras. Esto se asocia con lo ocurrido en el resto de Centroamérica y algunas regiones de Suramérica.
