EscucharLos seis fondos en los que los costarricenses mantienen sus ahorros del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) tienen el 48% de las inversiones colocadas en bonos de Gobierno a corto, mediano y largo plazo.
La situación actual de las finanzas públicas y su transitar por la cuerda floja abre el debate acerca de lo seguro o no que resulta la concentración de las inversiones en bonos de Hacienda.
Aunque es común que los fondos de pensiones de todo el mundo mantengan sus inversiones en bonos de su propio Estado y hasta de otras naciones; en Costa Rica, las pensiones comienzan a ver con recelo el comportamiento de las emisiones de Hacienda, en una coyuntura de incertidumbre fiscal.
Los administradores de los fondos esperan que la situación de las finanzas públicas se solucione. Admiten que diversificar la cartera es un paso importante para diluir el riesgo del principal emisor en el que ponen sus recursos.
Si bien la mitad de los recursos estaba colocada en Hacienda a julio de este año, el resto se dividía en bonos del Banco Central (6,06% del total) y emisiones de bancos públicos y privados como el BAC San José (5,10%). Banco Nacional (4,81%), Banco Popular (4,31), según datos remitidos por las operadoras a la Superintendencia de Pensiones (Supen).
El 30,10% restante se lo dividen muchas pequeñas inversiones que no alcanzan a superar el 1% cada una.
A pesar de que en los últimos cuatro años la porción de Hacienda se ha reducido en los portafolios, sigue siendo importante.
Perspectiva
Algunas operadoras de pensiones son más cautas que otras con respecto sus opiniones de inversión, sobre si seguir invirtiendo o bajar la participación en los bonos del Gobierno, en especial ante la reciente opinión de las calificadoras internacionales sobre las acciones de Hacienda en meses recientes.
La calificadora Moody’s destacó la semana pasada la ausencia de una supervisión financiera adecuada en Costa Rica, además de la fuerte dependencia de la deuda de corto plazo.
Según Moody’s, los acontecimientos recientes evidencian que el Gobierno no cuenta con una supervisión adecuada y comunicación interna.
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Otras entidades internacionales están a la expectativa del desenlace del trámite legislativo para determinar el alcance de la reforma a las finanzas públicas para pronunciarse sobre la calificación de Costa Rica, lo que a su vez propondría un mayor riesgo a los bonos de deuda del Gobierno.
Edgar Robles, exsuperintendente de pensiones, aseveró en una entrevista realizada por EF que, si bien todos los emisores tienen riesgos, en este caso la inseguridad ha aumentado a lo largo del tiempo y, de no solucionar el problema de raíz, aumentaría la posibilidad de impago.
Otra probabilidad que Robles vislumbra es que la calificación de la deuda empeore, como lo han mencionado las calificadoras y que los títulos que poseen las operadoras pierdan valor.
“Los bonos de deuda externa que vencen en el 2021 en adelante han perdido de forma anualizada 10% del valor. Los tenedores de esos bonos que son los fondos de pensiones, los han reportado como perdidas”, aseguró Robles.
El hecho de que los bonos pierdan valor no afecta en si al fondo, sino que, el efecto es traducido a los pensionados, que terminarán pagando la caída en los rendimientos a la hora de la jubilación con menos recursos disponibles.
Perspectiva de los administradores
BN Vital tiene una porción importante de sus recursos distribuidos en bonos de Hacienda y está también, al igual que las calificadoras, expectante al resultado de la discusión fiscal.
La entidad tiene la mayor parte de sus inversiones en Hacienda en títulos de 1 a 5 años, y otra porción importante, de 21%, en bonos de más de 15 años.
A corto plazo, tienen instrumentos de deuda que vencen en setiembre de este año, y el de más largo plazo vence en abril del 2050.
Pese a que las inversiones BN Vital en Hacienda alcanzan casi el 50% del total, las inversiones mantienen el mismo grado de seguridad anteriores a la crisis fiscal, manifestó Hermes Alvarado, gerente general.
“Estamos muy confiados en que las finanzas públicas mejorarán en el corto y mediano plazo” aseguró Alvarado.
Admite que mantienen una tendencia hacia la reducción de las inversiones en Hacienda, por la aplicación del Transitorio IV del reglamento de Inversiones, que obliga a las entidades a diversificar más. Esta reglamentación es emitida por la Superintendencia General de Pensiones.
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La meta para la entidad es que para el 2019 las inversiones en bonos estatales no superen el 50%. Hace seis años, la presencia de bonos de Hacienda llegaba al 60%.
Juan Cristobal Guier, representante BAC San José Pensiones, cree que la realidad de Hacienda es un tema nacional que se debe resolver, y dentro de los comités de la operadora no vislumbran que el Gobierno se niegue a hacerle frente.
Guier afirma que es probable que se encuentre una solución al tema fiscal y de las finanzas públicas, por lo tanto tienen una preocupación baja al respecto.
Sin embargo, mantienen una diversificación importante de las inversiones tanto en Costa Rica como internacionales.
Aunque ambos gerentes coinciden en su visión, no todos los participantes del mercado creen en que la situación de las finanzas públicas tenderá a solucionarse en el corto plazo.
Popular Pensiones, cuyas participaciones de Hacienda vencen entre este año y el 2045, ha estado manejando una estrategia de diversificación de inversiones en el mercado internacional, como una iniciativa de mitigar riesgos ante las condiciones adversas que hay en el mercado local.
Popular Pensiones es a la fecha la operadora con más activos emitidos en mercados internacionales.
Mauricio Ávila, gerente del fondo, asegura que a la fecha el Gobierno ha honrado sus pagos a pesar de la situación fiscal, pero es evidente que es necesaria la aprobación de la reforma a raíz de que varios organismos internacionales y nacionales han manifestado que la situación es insostenible.
“Mantener buena parte de la cartera del fondo en bonos de Hacienda implica riesgos. El principal peligro es el riesgo de crédito, que no pueden pagar sus obligaciones, aunque también está el riesgo de liquidez, que se traduciría en el mercado en no lograr vender títulos en las condiciones deseadas”, explicó Ávila.
La diversificación del portafolio hizo que Popular Pensiones reduzca su participación en Hacienda, no solo proporcionalmente sobre la cartera sino también en plazos, producto de la incertidumbre local.
El fondo de pensión de Vida Plena, en donde tienen bonos de entre 2 y 11 años, también ha reducido sus inversiones del gobierno dentro del portafolio como una medida contingente.
Jorge Arturo Vargas, jefe del departamento financiero de la entidad, manifestó que cualquier deterioro en los indicadores de un emisor de deuda, sea el Gobierno o no, amerita una buena diversificación de los portafolios.
Vargas confirmó que el deterioro de las condiciones de la deuda interna de Costa Rica, conllevaría a medidas orientadas en una mayor diversificación de los riesgos inherentes.
El Fondo de Pensión del BCR se ha propuesto reducir al mínimo la posición en instrumentos del Ministerio que vencen en los próximos dos años considerando la condición actual y como una medida preventiva ante la posibilidad de impago en el corto plazo.
La diversificación de inversiones se evidencia en la cantidad de emisores en donde las operadoras de pensiones han optado por colocar los recursos de los ahorrantes.
Según datos de la Superintendencia de Pensiones, al 2016 existían 66 emisores con participación en los fondos de pensión, que incluían instituciones financieras, empresas nacionales e internacionales y otros.
El numero ascendió a 86 a julio del 2017 y para el mismo mes del 2018 pasaron a ser 88.
Para este año, los emisores en los que los fondos de pensión tienen colocadas sus inversiones incluyen empresas e instituciones nacionales como el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, Autopistas del Sol, Instituto Costarricense de Electricidad; empresas privadas como Florida Ice and Farm; Interbolsa, Banco Promerica, portafolios de deuda como Goldman Sachs y otros fondos como JP Morgan Funds, S&P 500 ETF Trust.
Actualmente la regulación costarricense para el ROP y para las operadoras de pensiones no establece una forma directa de aminorar los riesgos asociados a la posibilidad de que un emisor de un activo (bono) pueda incurrir en el impago. Por el momento, la opción es la diversificación de las inversiones.
La regulación de inversiones local se ha mantenido igual desde el 2003. No existe ningún tipo de reserva para que el afiliado pueda evitar posibles pérdidas dentro del rendimiento cuando un emisor no cumpla con su promesa de pago.
