EscucharEl bitcóin se abarata y a El Salvador le sale caro. Desde que el presidente salvadoreño Nayib Bukele adoptó el criptoactivo como moneda de curso legal en el país en setiembre de 2021, la comunidad internacional ha levantado una serie de banderas rojas que apuntan, casi de manera unánime, hacia un posible default.
Con la reciente caída del bitcóin —su valor bajó más del 50% desde sus máximos históricos de noviembre del 2021— las finanzas de El Salvador han caído con él: los bonos del Gobierno se están cotizando a un 40% de su valor original. Fallidas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), bajas notas por calificadoras de riesgo y el desplome del bitcóin sumergen al país en una incertidumbre económica.
Un país endeudado
Dos de los primeros consejos que suelen dar los asesores financieros a la hora de invertir en cripto son, primero, no invierta dinero que no puede darse el lujo de perder y, segundo, no se endeude para invertir. El gobierno de Bukele ya ha quebrado estas dos premisas.
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Con aproximadamente un 86% de deuda en relación con el PIB, según estima el FMI, El Salvador tiene poco margen de maniobra en sus finanzas, además debe hacerle frente a pagos a corto plazo, como los $800 millones en eurobonos que vencen en el próximo enero del 2023, y de los cuales todavía no hay un plan concreto que explique de dónde va a salir ese dinero.
Sin embargo, El Salvador no ha escatimado la compra del criptoactivo con el dinero de los contribuyentes. Desde su aceptación como moneda, el gobierno de Bukele ha gastado alrededor de $105 millones en la compra de bitcóins, según sus anuncios en Twitter, medio que ha adoptado el presidente como canal de comunicación principal de sus adquisiciones. Desde la primera compra, la criptomoneda ha caído un 45%, reduciendo el valor de los 2.301 bitcoins del país a unos $66 millones, aproximadamente.
De hecho, según estimaciones del portal especializado Bloomberg, la apuesta del bitcóin ya ha generado “pérdidas” que por sí solas equivalen al próximo pago de deuda extranjera de la nación: $38,25 millones para el 15 de junio.
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“Es riesgoso porque es un activo extremadamente volátil y es una inversión que queda totalmente a discreción del presidente”, dijo el exjefe del Banco Central de El Salvador, Carlos Acevedo, a Bloomberg el pasado 12 de mayo. “(Bukele) lo compra en su teléfono cuando quiere aprovechar la caída, pero no lo hace bien porque cuando compra siempre hay una caída mayor”, agregó.
Para Otto Mora, gerente de Blockchain de la consultora EY, la política del bitcóin del gobierno de Bukele se balancea en esa delgada línea entre lo visionario y lo imprudente. Por un lado, al ser un país dolarizado que depende de la política monetaria de Estados Unidos, el invertir en bitcóin como moneda de reserva alternativa le da flexibilidad para reducir las necesidades de negociación con el FMI. Empero, por el otro, el gobierno de Bukele tiene el tiempo como enemigo ante las tendencias bajistas de la criptomoneda, ya que es posible que el bitcóin no se recupere a niveles que le permitan al país hacerle frente a la deuda a corto plazo.
“Para ponerlo en términos más claros: si el precio de bitcóin no llega, por ejemplo, a unos $50.000 antes de enero del 2023, aumenta el riesgo de default para El Salvador”, dice Mora.
De momento, el analista no prevé una recuperación pronta en el valor de la criptomoneda. “En el corto plazo yo creo que se va a mantener en el rango de los $20.000 y $30.000 porque un shock de este tipo siempre hace que las personas miren con más cuidado lo que pasó”, dice Mora.
En busca de recursos, El Salvador preveía emitir bonos bitcóin entre febrero y marzo de este año, según lo había anunciado el Ministerio de Hacienda, sin embargo, la tendencia bajista del bitcóin ha evitado su salida y la esperanza de que dichos bonos puedan financiar sus obligaciones de pago parece estar cada vez más apagada, por lo menos a corto plazo.
Malas calificaciones
Desde el 2021, diversas agencias de calificación han advertido que la volatilidad de la criptomoneda impactaría en las ya de por sí frágiles finanzas públicas del país.
“El debilitamiento de las instituciones y la concentración de poder en la presidencia han aumentado la imprevisibilidad de las políticas, y la adopción del bitcóin como moneda de curso legal ha agregado incertidumbre sobre el potencial de un programa del FMI que desbloquearía la financiación para 2022-2023″, se lee un reporte de la calificadora de riesgo Fitch Ratings en febrero de 2022.
Por su parte, la calificadora Moody’s rebajó el pasado 5 de mayo dos niveles la calificación de El Salvador: pasó de Caa1 a Caa3 directamente, saltándose Caa2 y entrando a la zona “basura”. La calificadora observó una “mayor probabilidad de un evento crediticio (reestructuración, cambio en dificultades o incumplimiento) con una gravedad relativamente alta”.
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El reporte mencionó como un dato positivo el plan de reforma del sistema de pensiones que quiere materializar Bukele para sanear la economía, pero igual mantuvo los riesgos altos ya que no se han proporcionado suficientes detalles de su posible ejecución hasta la fecha.
Además, desde la calificadora se respira un aire de desconfianza alrededor del gobierno salvadoreño. “Hemos recortado la calificación de El Salvador y lo cierto es que estamos un poco a la merced de los tuits del presidente, sobre todo en el tema de bitcóin. No hay mucha transparencia sobre cómo se están haciendo estas compras, dónde se están poniendo los bitcóin”, dijo Jaime Reusche, vicepresidente de crédito de Moody’s, en una entrevista con el medio televisivo CNN el 15 de mayo.
Puentes rotos
Las negociaciones por un paquete de ayuda de unos $1.300 millones con el FMI —entidad que podría aportar financiación para que El Salvador cumpla con su próximo pago de deuda externa— están estancadas desde abril del 2021 por, entre otras razones, la adopción del bitcóin.
En enero de 2022 el mismo FMI instó a las autoridades salvadoreñas a limitar el alcance de la Ley Bitcoin eliminando su calidad de moneda de curso legal. “La adopción de una criptomoneda (...) implica graves riesgos para la integridad financiera y del mercado, la estabilidad financiera y la protección del consumidor. Asimismo, puede ocasionar pasivos fiscales contingentes”, argumentó el Fondo.
También advirtió que, de continuar con las políticas actuales, la deuda pública subiría a alrededor de 96% del PIB en 2026, en una trayectoria insostenible.
Ante los comentarios del Fondo, Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda salvadoreño, respondió a los medios locales que “ningún organismo multilateral te va a obligar a hacer nada, absolutamente nada. Los Estados son soberanos y toman decisiones soberanas sobre sus políticas públicas”.
La posibilidad de un rescate por parte del FMI se ve lejana y, conforme se acerca la fecha límite para pagar deudas, la adopción del bitcóin parece ser una apuesta en la que, por ahora, El Salvador ha visto más de cerca los riesgos que los frutos.
