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Los planes de salvamento que anunció el Gobierno a mediados de octubre del 2019 todavía no registran resultados contundentes y se ven amenazados por factores como el alto nivel de endeudamiento de la población, los requisitos de los bancos públicos y la imposibilidad de ligarlos con cursos de educación financiera.
EF consultó al Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), al Banco de Costa Rica (BCR) y al Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BP) para obtener de primera mano los datos y resultados que reportan hasta ahora con los planes de salvamento.
Las cifras revelan que casi cuatro meses después del lanzamiento oficial de la directriz (N.° 069-H); que firmó el presidente de la República, Carlos Alvarado, el pasado 16 de octubre; los bancos estatales solamente colocaron el 14,2% del total del dinero dispuesto para ayudar a mejorar las condiciones de endeudamiento de las personas en el país.
De los ¢215.000 millones que las entidades bancarias del Estado destinaron para ayudar a quienes tienen deudas, solamente se entregaron ¢30.702 millones en créditos, de acuerdo con los reportes más recientes ofrecidos a este medio.
Resultados del Banco Nacional
Gustavo Vargas, gerente general del BNCR, aseguró en entrevista con EF, que existen muchos casos en los que el alto endeudamiento de las personas los excluye de la posibilidad de acceder a este tipo de opciones.
“Nos llama la atención que hay personas que tienen obligaciones de consumo a plazos muy largos y eso hace la situación difícil. Si solo tuviera que readecuar préstamos de consumo a 20 años ya eso nos deja muy poco margen para ayudarles”, indicó el jerarca.
El Banco Nacional inició su plan de salvamento, llamado “BN Consolidación de Deudas”, el pasado 9 de diciembre.
Vargas consideró que como arrancaron en un mes de alto consumo y en el que las personas perciben ingresos extraordinarios como el aguinaldo; realmente el tiempo efectivo de implementación del plan es de apenas un mes.
En el BNCR reportaron que al 31 de enero recibieron consultas de 2.000 personas interesadas de las cuales 500 pudieron obtener un préstamo de auxilio.
La meta inicial anunciada por esta entidad financiera estatal era impactar a cerca de 72.000 personas altamente endeudadas, para conseguir este objetivo dispusieron de ¢100.000 millones, de los cuales apenas colocaron ¢5.200 (el 5,2%).
El Nacional ofrece préstamos de readecuación de pasivos con un plazo de hasta 20 años, el monto mínimo y máximo dependerá del análisis de la capacidad de pago de cada persona, mientras que el porcentaje de financiamiento será de hasta el 100% del plan de inversión, sujeto a capacidad de pago y garantía.
Las tasas de interés rondan el 20% para créditos de consumo y el 12,5% para préstamos de vivienda, pero depende de las garantías, condiciones de plazo y la relación cuota-ingreso de cada cliente.
Panorama en el Popular
La situación se repite en el Banco Popular. Maurilio Aguilar, gerente general de esta entidad, señaló que reciben por mes entre 1.000 y 2.000 consultas de personas interesadas, pero a la fecha sólo lograron colocar 3.481 préstamos.
“Tenemos casos en los que las personas tienen obligaciones en seis, siete y hasta ocho instituciones, con plazos muy variados y con tasas de interés muy diferentes. Lo que hemos hecho, en casos así, es pedir garantía hipotecaria”, apuntó Aguilar.
El Banco Popular arrancó el 18 de noviembre del 2019 con su plan de salvamento dirigido a la población asalariada que enfrenta a un alto nivel de endeudamiento.
El programa del Popular se llama “Recuperación Financiera” y ofrece la opción de refundir deudas únicamente a quienes son clientes de esta entidad.
En este banco dispusieron de ¢90.000 millones para auxiliar a las personas, pero a la fecha lograron formalizar créditos por ¢24.000 millones (un 26,6% del monto total). Esta es la institución que registra mayor nivel de colocación a la fecha con respecto al monto destinado para ese fin.
El BP ofrece readecuación de deudas de crédito personal con una tasa máxima de 22% y un plazo máximo de 15 años. Se pueden solicitar condiciones específicas de acuerdo con el perfil particular de cada cliente.
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Estos préstamos operan con garantía fiduciaria y servirán para refundir obligaciones adquiridas únicamente dentro del mismo banco por un monto máximo de $37.500 (cerca de ¢23 millones).
La otra opción es readecuación de pasivos de crédito hipotecario −con una garantía de esa misma naturaleza− hasta por el 100% del valor del bien y con un plazo de hasta 30 años.
Este formato de refundición sí permite la compra de saldos de otras instituciones supervisadas o no por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
BCR a paso lento
En el Banco de Costa Rica dispusieron de ¢25.000 millones para ayudar a unas 1.000 personas con créditos promedio de ¢25 millones por deudor.
A finales de febrero de este año la entidad reportó 10.077 solicitudes que se encuentran en análisis y trámite para colocar unos ¢1.502 millones, esta cifra representa apenas el 6% del total que destinó el banco para ayudar a las personas altamente endeudadas.
El plan de salvamento del BCR se denomina “Plan Salva Crédito” y consta de dos productos específicos.
El primero es un préstamo dirigido a la consolidación de deudas que aplica para cancelar pasivos con entidades reguladas por Sugef en líneas como consumo, vivienda, vehículo y tarjetas de crédito con el BCR o con otras entidades.
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La tasa para el primer año es de 11,7%, luego sube a Tasa Básica Pasiva (TBP) más 6,5% para el segundo y tercer año. A partir del cuarto año pasa a TBP más 8 puntos porcentuales.
La otra opción es un refinanciamiento de deudas para refundir obligaciones de vivienda o consumo, pero aplica únicamente en casos en los que exista un máximo de 40% en préstamos de consumo.
Las condiciones para quienes tienen pasivos con tarjetas de crédito en otras entidades son TBP más 5,25% y TBP más 4% para tarjetahabientes del BCR.
Sin planes de educación financiera
Aunque uno de los puntos que pidió el Gobierno a los bancos públicos en la directriz era ligar el otorgamiento de los préstamos a cursos de educación financiera, las entidades aseguran que no podrán cumplirlo.
Crear cursos de educación financiera personalizados y presenciales −en algunos casos hasta por tres años como pretendía el Ejecutivo− es muy caro para los bancos.
Gustavo Vargas y Maurilio Aguilar coincidieron en que es imposible para las entidades estatales ofrecer este tipo de capacitación para quienes acceden a estos financiamientos.
Para cubrir esa necesidad, tanto el Banco Popular como el Banco Nacional trabajan en fortalecer las charlas y capacitaciones que ofrecen en empresas privadas. Además, planean crear cursos virtuales en video para que la población pueda acceder a estos contenidos a través de sus páginas web.
La nebulosa del endeudamiento
La Oficina del Consumidor Financiero (OFC) advirtió el pasado 3 de marzo que el tamaño de las deudas impide que los consumidores accedan a los planes de salvamento.
Danilo Montero, director de esta oficina, aseveró que las complicada situación de muchas personas en el país los aleja de esta medida impulsada por el Gobierno.
“Algo que queda claro de lo avanzado a la fecha con el plan, es que en efecto más de la mitad de los solicitantes no califica, debido a que los niveles de deuda que mantienen hacen que sus ingresos mensuales están muy comprometidos, aún con las condiciones favorables de tasa que ofrecen los bancos”, señaló Montero.
En Costa Rica las deudas de los hogares son 8,6 veces más grandes que el ingreso que perciben, según datos de la Sugef.
Por ejemplo, un hogar debía en promedio ¢6,9 millones en 2015, pero ese monto aumentó a ¢8,7 millones para 2019.
El país se ubica entre los primeros puestos de América Latina en cuanto al nivel de endeudamiento de los consumidores con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), sólo superado por Chile y Panamá.
El nivel del endeudamiento de los hogares limita el ritmo de crecimiento de la economía nacional que durante años se apalancó en el crédito para los consumidores.
El ingreso de los hogares que reportaron tener al menos un tipo de deuda se reduce, en promedio, un 30% cada mes, según estimaciones realizadas por este medio con datos extraídos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh 2018), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
El 30% de las deudas de las familias están en manos de empresas comerciales, como almacenes de electrodomésticos y tiendas departamentales, le siguen los préstamos con entidades financieras, los de vivienda y las tarjetas de crédito.
