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El salvamento que lanzó el Gobierno a la población más endeudada verá la luz dentro de varias semanas o meses, e inclusive con más requisitos de los que se pensó inicialmente.
El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal están en una etapa de análisis de riesgos y viabilidad de lo propuesto por el Gobierno.
Aunque los tres implementarán la directriz, lo harán a su manera y a su tiempo.
Cada una de estas entidades ajustará las condiciones y el tipo de pagadores que aceptará, según su apetito de riesgo.
Es decir, los requisitos dados a conocer en la directriz del Gobierno son solo el punto de partida, y los bancos públicos podrán definir más cláusulas.
La propuesta del Gobierno es que estos bancos ofrezcan condiciones más blandas para aliviar las finanzas de personas endeudadas, mediante la refundición de deudas.
En este tipo de producto, un banco compra los saldos de los préstamos de un cliente y los une en una sola operación, con tasas de interés y cuotas de amortización más convenientes.
Si bien el plan mantiene el objetivo de ayudar a la población asalariada con un alto nivel de endeudamiento, no necesariamente será un auxilio “a los más ahogados” en préstamos.
Las personas manchadas ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) no podrían acceder a los créditos de salvamento.
Se conoce como personas ‘manchadas’ a aquellas que han permanecido morosas en sus créditos por un período extendido de tiempo, y, por ende, poseen un récord crediticio negativo en el sistema financiero.
Al consultarle a Pilar Garrido, ministra de Planificación, sobre el plazo de espera para la implementación del salvamento, indicó que sabía de antemano que tomaría tiempo a las entidades el adecuar sus productos financieros e implementar el crédito del salvamento.
Al lado de la propuesta de refundición de deudas, el Gobierno planteó la Ley de Fortalecimiento del Centro de Información Crediticia (CIC) y de Ley para Aliviar la Situación Financiera de los Hogares, así como la del Centro de Información Crediticia, la tasa de usura y la reforma al artículo de la Ley N°1644.
Al respecto, Garrido afirmó “vemos viable que los proyectos inicien su curso formal este año y que, probablemente, se aprueben el próximo año”.
Entre tanto, y a la espera de la puesta en marcha de la directriz y el resto de propuestas, la banca y hasta una calificadora de riesgo analizan el impacto que tendrá el salvamento a deudores en la acera pública.
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La puesta en marcha en la banca estatal
A inicios de octubre, el Gobierno anunció un plan de salvamento que prometió dar un respiro a la población asalariada más endeudada del país.
Con el fin de dotar de mayor liquidez a estas personas, se lanzó una directriz que avaló a los bancos públicos brindar el denominado crédito de salvamento.
Este producto financiero refundiría varias deudas de la persona, le otorgaría un plazo más extenso y a una menor tasa de interés.
Los bancos públicos analizarán cuál será la cantidad de dinero máxima a consolidar y cuál será el salario líquido a solicitar.
El Banco Nacional tiene previsto implementarlo en “aproximadamente unos tres meses”.
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La justificación por la espera, según el banco, es que la directriz requiere ajustes en los programas de crédito, además de una revisión de aspectos adicionales para el programa específico de educación financiera.
El BCR trabaja en la oferta en los créditos de salvamento. “Esperamos tenerlo listo en 22 días”, explicó Douglas Soto, gerente general del banco (mediante correo electrónico el 22 de octubre).
El Nacional y el BCR no han dado detalles de la oferta que manejarán, ni las condiciones adicionales que pedirán o analizarán al momento de entregar los créditos.
El Popular, por su lado, confirmó a EF que sí ajustará sus planes de crédito a la directriz, pero los cambios tardarán varias semanas.
El banco ya ofrece programas de refundición, pero se valora realizar ajustes a las políticas para orientar los refinanciamientos a ciertos perfiles y que esos procesos se realicen de manera más expedita, explicó Maurilio Aguilar, director de Riesgo del Popular.
Esta entidad ya tiene mucho más adelantado el camino de cuáles condiciones solicitará en las operaciones.
En primer lugar, atenderá clientes actuales del Banco Popular, con operaciones vigentes al 30 de setiembre y que tengan pago automático de salarios con el banco.
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Además, la deuda por consolidar debe ser de un máximo de ¢30 millones (para montos mayores se solicitará garantía real).
El salario líquido, después de la refundición debe ser mayor a ¢190.322 y la relación cuota entre ingreso no debe superar el 70%. Esta cifra es mayor a la del nivel de endeudamiento del 50% que estipuló la directriz.
Además, se definirá un presupuesto máximo, añadió Aguilar.
Impacto de la directriz a estudio
Cuando el Gobierno lanzó la directriz, también exaltó que haría un llamado para que cualquier entidad financiera se sumara al plan de salvamento de las personas endeudadas mediante un proyecto de ley.
Los bancos privados se encuentran a la espera de cuál va a ser la oferta que presenten los públicos, para determinar si se suman o no.
Anabelle Ortega, directora de la Cámara de Bancos, afirmó que la directriz ofrece ventajas a las entidades que ofrezcan el salvamento, como por ejemplo, la deducción por planilla y la condición de que el deudor no podrá tomar créditos adicionales, dos factores que podrían atraer a la banca privada.
La Cámara valora si las entidades privadas deberían acogerse o no al plan de salvamento o desarrollar medidas de refundición similares para conservar sus clientes.
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La directriz implica que los bancos públicos consoliden deudas que sus clientes tengan en diferentes entidades, sean reguladas o no.
Lo anterior, implica que la banca pública atraerá clientes de otras instituciones financieras como bancos privados, cooperativas y el resto del sistema financiero.
Así, por un lado, los bancos del Estado se adueñarían de más cartera, pero a cambio de esto, la directriz propone un beneficio para las entidades privadas, porque en teoría la banca compraría la cartera más endeudada, explicó Federico Chavarría, subgerente de negocios de Promerica.
La entidades públicas asumirán el riesgo de recibir a más personas con alto nivel de endeudamiento.
Los dos estatales y el Popular recibirían a personas con comportamientos crediticios que no son sanos y podrían presentar niveles de mora importantes, afirmó Hernán Varela, gerente de Portafolio de Grupo Lafise.
Este riesgo ya fue destacado por la calificadora de riesgo Moody’s. La agencia afirma que los bancos públicos tendrán problemas de rentabilidad al activar la directriz.
Son créditos de muy largo plazo, a tasas muy bajas y a clientes que proponen un muy alto riesgo para el sistema, afirmó un reporte de Moody’s.
Por esta misma razón es que la banca pública analiza cuáles son los mejores modelos, condiciones y oferta para atender la directriz, pero al mismo tiempo evitar una desmejora de sus indicadores, como la solvencia o suficiencia patrimonial.
El BCR tiene claro que el programa de salvamento tiene implícito un mayor riesgo crediticio, razón por la que evalúan los mitigadores correspondientes así como a cuáles clientes se dirigirán, qué tipo de condiciones adicionales a lo solicitado por el Gobierno pedirán, explicó Soto.
Sobre un posible riesgo de deterioro en la cartera para el banco, Aguilar explicó que este aumenta conforme libere más deudas de un cliente en otras entidades.
Esta situación puede ser más compleja si el ingreso del deudor está altamente comprometido con diferentes mensualidades.
Lo anterior, puede implicar un aumento de estimaciones, dado el mayor saldo de la deuda y el perfil de riesgo del cliente.
“Para controlar ese posible deterioro en la suficiencia de capital, se ha propuesto definir un nivel máximo de cartera que se estará refinanciando”, añadió Aguilar.
Se le hizo al Banco Nacional la misma consulta, pero indicó por correo que “a la fecha (28 octubre) no habría más información para proporcionar”.
Colaboró la periodista María Esther Abissi.
