El Banco Central de Costa Rica (BCCR) confirmó que solicitó información crediticia con el número de identificación de cada deudor a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) con el fin de cruzarla con datos tributarios del Ministerio de Hacienda y de los contribuyentes de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Alonso Alfaro Ureña, economista jefe de la institución, argumentó que el objetivo de este cruce de datos es proveer al público en general de información que calificó como útil para la toma de decisiones de personas y empresas. Sin el respectivo número de de identificación no se podrían depurar o vincular las bases de datos, según explicó.
Así lo confirmó por medio de una conferencia de prensa virtual realizada este martes 22 de agosto a las 10:00 a. m. Estuvieron ausentes el presidente del BCCR, Róger Madrigal, y la gerente general, Hazel Valverde, quien puso la denuncia ante la fiscalía contra la superintendenta General de Entidades Financieras, Rocío Aguilar.
Alfaro mencionó que Madrigal no participó en la conferencia por estar involucrado en la denuncia.
El pasado 17 de agosto la superintendenta Aguilar dio a conocer a la prensa que fue denunciada penalmente ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por negarse a entregar información crediticia de deudores con número de identificación al Banco Central.
Aguilar calificó la denuncia como una acción “prematura” por parte de la gerencia del BCCR dado que estaba pendiente una consulta ante la Procuraduría General de la República.
La presentación estuvo a cargo de Ureña quien no contestó preguntas relacionadas a la denuncia contra Aguilar, únicamente sobre el manejo estadístico de los datos solicitados a la Sugef y el propósito que dice tener el Banco Central.
Entre los eventuales usos de esta información Alfaro mencionó que uno de estos sería la constatación del impacto de los cambios en la Tasa de Política Monetaria sobre los hogares con préstamos en tasa variable. Además, dijo que este tipo de información permitiría determinar con mayor precisión la ubicación geográfica de algunas actividades económicas que por razones desconocidas se contabilizan en San José y que probablemente se originen en zonas rurales, entre otros fines.
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De acuerdo con el economista jefe del Banco Central, la legislación indica que no se requiere un consentimiento informado por parte de los deudores porque la información solicitada es para fines estadísticos, “y no para ser compartida con empresas o personas físicas para temas comerciales o de alguna otra índole”.
Durante la conferencia el representante del Central también mencionó en su presentación que el BCCR no está sujeto a las instrucciones directas del Gobierno Central y reiteró la independencia de esta entidad.
Datos anónimos
La tarde de este 22 de agosto, el asesor jurídico de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), Mario Gómez, explicó que los bancos han respaldado a la solicitud de información del Central, presentando la opción de entregar la información de manera anónima o agregada.
Gómez detalló que a pesar de las propuestas de suministrar información agregada y anónima, la autoridad monetaria ha “insistido” en acceder a los datos con el número de identificación y sin contar con el consentimiento informado de los clientes.
“Queremos subrayar que los bancos han sido y continúan siendo colaboradores activos de la institución al proporcionar datos agregados que contribuyen a la creación de diversas estadísticas. Esto se realiza sin necesidad de acceder a información confidencial de los clientes, respetando siempre su privacidad. Nuestra intención es mantener un equilibrio entre la recolección de información necesaria y el resguardo de la confidencialidad de quienes confían en los servicios bancarios”, relató el asesor jurídico de la Asociación.