EscucharEl Banco Central de Costa Rica (BCCR) presentó este martes 5 de setiembre un ensayo de 15 páginas titulado Solicitud de información a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y su uso en el Banco Central de Costa Rica.
En este documento el ente emisor justifica por qué necesita los datos de todas las operaciones crediticias con número de identificación, por qué no le sirve la información anonimizada, cuál es el amparo legal, por qué denunció a la Sugef, cómo se resguardará la información, entre otros temas más.
En el texto distribuido por correo electrónico y publicado en el repositorio de investigaciones del BCCR, la entidad agrupa varias argumentaciones que ha brindado por medio de comunicados de prensa previos. También agregó nueva información, como la relacionada con la denuncia contra la jerarca de Sugef.
El documento no está firmado por ninguna persona en particular y tampoco los suscribe algún departamento o la junta directiva del Central.
La publicación se da en medio de un conflicto público que tiene el Banco Central contra una Superintendencia que, tras casi diez meses de que les solicitara los datos de los deudores con número de identificación (cédula física, jurídica o dimex), todavía no se los ha entregado.
El conflicto escaló a una denuncia penal por parte del Central contra la superintendenta de la Sugef, Rocío Aguilar, que a su vez derivó en que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción allanara la Secretaría de Actas del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), ubicada en el edificio del BCCR, el pasado viernes 1°. de setiembre.
LEA MÁS: Sala IV acogió acción de inconstitucionalidad contra el Banco Central
Entre los puntos tocados en el ensayo, el BCCR alega que necesita los datos con número de identificación para poder cruzarlos con otras bases de datos que tiene en su poder. Según ha confirmado el ente emisor, entre esas bases están datos tributarios del Ministerio de Hacienda y datos de los contribuyentes de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Esta vinculación, según explica, le permitiría clasificar adecuadamente un crédito por zona geográfica. Esto porque le ha sucedido que tiene datos de empresas que realizan una actividad productiva fuera de la Gran Área Metropolitana, pero el crédito al que accedieron está registrado en el cantón central de San José.
También dice que le ayudaría a asignar correctamente la actividad a un crédito. “Por ejemplo, en casos donde el crédito es solicitado por una empresa que desarrolla múltiples actividades económicas”, menciona el ensayo.
Asimismo, necesita el identificador para registrar correctamente el destino de los recursos otorgados por los prestamistas mediante el crédito. “Por ejemplo, en casos donde las garantías y el crédito se amparan en una hipoteca, pero el uso de los recursos está relacionado con emprendimientos”, dice el documento.
Si la Sugef le pasa los datos anonimizados, no podría hacer esas vinculaciones y, por ende, las conclusiones que salgan de posteriores análisis no serán tan confiables.
“Una vez que la información es corregida y consolidada de esta manera, los identificadores no son requeridos para los análisis posteriores”, se lee en el ensayo.
En anteriores ocasiones el ente emisor ha dicho que dichos datos servirán para cumplir con metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el documento el Central también recalcó que “no está sujeto a las instrucciones directas del Gobierno Central en la materia de su competencia, es autónomo y cuenta con independencia técnica y administrativa”.
El ensayo también contiene citas de la Ley del Sistema de Estadística y la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, en la cual el Central concluye que el acceso a la información crediticia por parte de las autoridades del Sistema de Estadística Nacional “no menoscaba la confidencialidad de esa información, ni la obligación de segregarla o anonimizarla para fines estadísticos, guardando los recaudos en cuanto a confidencialidad, calidad y seguridad de la información”, entre otras conclusiones.
En este enlace puede encontrar el ensayo completo.
Denuncia
El documento explica que el Central interpuso la denuncia en contra de la superintendenta Aguilar debido a la obligación que tienen todos los funcionarios públicos de acusar toda conducta que pueda constituir una falta al ordenamiento jurídico, en particular si esta conducta pudiera configurar un delito perseguible de oficio.
“El BCCR guardó confidencialidad de la denuncia por respeto al principio constitucional de inocencia y en defensa de la reputación de las personas potencialmente involucradas en el aparente hecho ilícito denunciado, así como en las implicaciones que el tema tendría para la reputación del Banco Central y de sus órganos desconcentrados”, dice el documento.
La denuncia, según comunicó la Sugef, fue interpuesta el pasado 21 de abril por parte de la gerente general del BCCR, Hazel Valverde.
Respuesta a la Prodhab
El pasado 28 de agosto la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) le ordenó al Banco Central de Costa Rica suspender cualquier solicitud de información que incluya datos personales de los habitantes a la Sugef, como medida cautelar mientras resolvía la validez de dicho pedido. Esto lo hizo con la resolución 697-2023.
LEA MÁS: Golpe a la credibilidad: conflicto entre Banco Central y Sugef lastima a ambas entidades
Según le confirmó el equipo de prensa del Central a este medio, el BCCR le contestó a la Prodhab “con los mismos argumentos del comunicado del viernes (1°. de setiembre)”. En dicho comunicado el ente emisor argumentó que los datos que ellos manejan caen bajo la categoría de “domésticos”, según la ley Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales y sus reglamentos, por ende no están sujetos a inscripción ante la Prodhab.
Se le consultó al ente emisor que si esto significaba que no iban a acatar la medida solicitada por la Prodhab, sin embargo, no se obtuvo respuesta al cierre de edición.
