Las operadoras de pensiones aseguran que los retiros anticipados de fondos debido a las nuevas normas aplicadas por la pandemia tuvieron un impacto, pero lejos de perjudicar su estabilidad financiera, les permitió preparar sus sistemas para dar respuestas masivas y mejoraron los rendimientos de sus afiliados.
Estos movimientos ocurrieron en el Régimen Obligatorio de Pensión (ROP) y en el Fondo de Capitalización Laboral (FCL).
Las operadoras de pensiones consultadas por EF confirmaron que sí observaron un reto de cara al inicio de la pandemia, pero lograron adaptarse. Para el 2021 la crisis fiscal les agobia aunque confian en que podrán seguir manteniendo una buena salud financiera para sus clientes.
Con apenas tres días de aplicación de la ley que permite el retiro anticipado del FCL las personas con contratos suspendidos de trabajo o reducción en sus jornadas laborales sumaron un total de 1.500 solicitudes de retiro del dinero ante sus operadoras de pensiones complementarias (OPC).
Pese a que el cese laboral sigue siendo el principal motivo del retiro del FCL, al 30 de noviembre la Superintendencia de Pensiones (Supen) registró un total de 85.997 solicitudes de retiro de este fondo por concepto de reducción de jornada y 37.446 por suspensión de contrato laboral.
Con respecto a la reducción de jornadas, al 30 de noviembre, Supen asegura que se han retirado un total de ¢26.077 millones y en el caso de la suspensión de contratos este monto suma un total de ¢7.067, lo anterior al 30 de diciembre.
Abril y mayo (primeros meses de la pandemia) representaron una mayor salida de recursos sobre el FCL, debido a que en estos meses se aprobó el proyecto de ley que permitió reducir o suspender las jornadas.
La operadora de pensiones complementarias de la Caja Costarricense del Seguro Social (OPC CCSS) confirmó que sí observaron una reducción en las aportaciones que se reciben de las planillas, principalmente durante los primeros meses de la pandemia, lo que implicó una reducción en el crecimiento de los fondos administrados por la vía de los aportes.
Sin embargo en cuanto a ganancias de los fondos administrados, a pesar de que marzo y abril experimentaron caídas importantes en los rendimientos a nivel local e internacional, de mayo en adelante lo describen como un año de excelentes resultados para sus afiliados. Inclusive aseguran que lograron hacer crecer sus ahorros en un 11% durante el 2020.
Héctor Maggi, gerente general de la OPC CCSS, comentó que al 16 de diciembre se habían retirado un total de ¢18,4 millones del FCL que administran.
En el caso de Popular Pensiones, en noviembre 2020 cerró con un crecimiento de la cartera administrada superior a los ¢459.000 millones, lo cual se traduce en un incremento del portafolio superior al 1,10%.
“Los resultados de utilidad alcanzados son superiores a las metas establecidas para el año, y se ha logrado concluir este año con tasas de rentabilidad altamente competitivas” comentó Róger Porras Rojas, gerente general de Popular Pensiones.
Quienes están al frente de la operadora Vida Plena coinciden con el hecho de sentir un impacto debido a los retiros masivos, pero se mantienen con un buen capital.
Al 18 de diciembre la entidad había autorizado un total de 2.867 liquidaciones para reducción de jornada y 830 para suspensión de contrato, estas cantidades representaban en montos ¢952,14 millones y ¢167,20 millones respectivamente.
Sin embargo, el FCL que administra Vida Plena es de ¢81.804 millones, por lo que el monto que se ha pagado por concepto de suspensión temporal o reducción de jornada (¢1.119 millones) no tiene un efecto importante entre el total, explicó la operadora.
Por otra parte datos totales de Supen muestran una disminución en la cantidad de aportantes y afiliados, esto como reflejo del 24,4% de desempleo en el tercer trimestre móvil (mayo, junio y julio) y el actual 21,9% durante el trimestre móvil que comprende agosto, setiembre y octubre de este año.
El reciente porcentaje representa a 526.138 personas que se mantienen sin empleo, casi 228.000 más que en el mismo periodo del año anterior.
Pese a que el retiro anticipado del FCL no reprentó grandes cambios en el capital y estabilidad financiera de los fondos de las operadoras, el proceso de adaptación para dar una rápida respuesta lo describen como su principal reto de este año.
Por ejemplo, BN Vital explicó que mantiene su solidez financiera pero que tan pronto estuvo vigente la ley tuvieron un impacto en la preparación especial de los sistemas de información, la recepción de solicitudes y sus posteriores pagos, con el fin de atender una mayor demanda de procesos operativos de retiros.
Inclusive representó un incremento en los gastos operativos durante los primeros meses.
“A nivel administrativo se tuvieron que desarrollar acciones para adaptar los sistemas informáticos para poner en operación los cambios a la mayor brevedad posible y poder gestionar el dinero”, agregó Maggi.
De acuerdo a los datos gestionados por Supen de enero a noviembre se retiró del FCL un monto absoluto de ¢163.041, de este total ¢33.146 millones fueron por reducción de jornada o suspensión de contrato laboral, esto representa el 20%.
Por otra parte los retiros por concepto de suspensión o reducción de jornadas solo equivalen al 0,44% del total de activo del FCL. Asimismo de enero a noviembre información de la Superintendencia mostró que este periodo el total de retiros es equivalente a el 2,17% de los activos.
Régimen Obligatorio de Pensiones
Desde BN Vital explican que la ‘leve’ reducción de ingresos fue debido al retiro del FCL pero adicionalmente hubo una disminución de los saldos administrados producto de los retiros del ROP. En total, al 18 de diciembre esta entidad contabilizaba un retiro acumulado de ¢24.412 millones en el ROP.
Para Vida Plena la situación fue diferente, con la aprobación de la Ley 9.906 en la cual se cambia las modalidades de retiro del ROP, 1.429 afiliados pensionados que tenían un plan de beneficio (ya sea retiro programado o renta permanente), decidieron cambiarse a las nuevas modalidades, lo que implicó un aumento en los retiros.
Por su parte, la OPC CCSS visualiza que será a partir del 2022 que se fortalezca el mercado de las pensiones complementarias, pues esperan ver una mejor respuesta de los afiliados a la luz de los cambios en el modelo de negocio que introdujo la reforma legal que se hizo este año en el ROP.
Retos 2021
Para el próximo año la principal preocupación de las operadoras será el manejo de la situación política y fiscal del país. Todas la operadoras de pensiones consultadas coinciden que los riesgos financieros derivados del manejo de la situación fiscal.
Sumado a esta problemática, la pandemia puede complicar la solvencia de las operadoras.
“Mientras esté presente la pandemia nos enfrentaremos a cambios económicos en el mercado internacional y en el mercado local, lo que podría afectar los rendimientos y los valores de los activos en los fondos de los afiliados”, explicó Porras.
Adicionalmente, durante el primer semestre del 2021 se cumple un nuevo quinquenio para aquellos trabajadores que se encontraban activos al momento de iniciar los procesos de recaudación de la Ley de Protección al Trabajador, esto implica un cumplimiento de derecho de retiro, en el caso del Banco Popular es para más de 40.000 afiliados.