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Corporación Yanber estaría a meses de cerrar un capítulo de tres años de intentos fallidos para revivir, luego de verse opacada por la sombra de los errores de la administración previa.
La compañía, bajo el nuevo mando del empresario Francis Durman, se declaró en quiebra en noviembre del 2018. Desde ese momento, inició el inventario y posterior venta de los bienes que le pertenecían a la empresa.
Los bancos estatales fueron los beneficiados de forma inmediata, ya que ejecutaron la garantía real (bienes fideicometidos de Yanber) de los préstamos que le habían otorgado a la compañía años atrás.
El resto de acreedores, incluidos 40 colaboradores que trabajaron en la empresa hasta el último día de operación, abogados, proveedores, bancos que prestaron sus servicios y dinero sin una garantía real, y hasta la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), hacen fila para repartirse lo poco que quedó de la compañía.
Maquinaria, equipo (la mayoría ya se vendió) y tres propiedades (dos en Guápiles con una hipoteca en primer grado con una sociedad anónima y otra en San Carlos con anotaciones por demandas de trabajadores) deberán responder por las deudas de millones de dólares que arrastraba la compañía desde antes de pedir el convenio preventivo en 2015.
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Al tratarse de ventas “al mejor postor” no existe un monto base, por lo que es difícil conocer cuánto dinero se obtendrá. Tampoco trascendió el monto recaudado hasta ahora.
También, “habían cuentas por cobrar por varios millones de dólares, que el curador, me imagino, ha seguido recuperando esos dineros para poder pagar las deudas”, anotó Francis Durman.
La prioridad, porque así lo dictamina la ley, es cancelar el pasivo de los trabajadores. “Al menos” pagarles lo que les corresponde tras el cese de sus labores en la empresa.
Además, lo recaudado con la venta “difícilmente” será suficiente para pagar al resto de acreedores. Si queda algo de dinero tras cancelar el pasivo con el personal, “será muy poco”, afirmó Miguel Villegas, curador del proceso de quiebra de Yanber.
El curador supervisa la venta de los bienes y deposita los recursos en el despacho judicial, este último realiza la distribución de los recursos.
La venta de bienes terminará en al menos dos o tres meses y la repartición es sensible a apelaciones.
Otro capítulo se escribe en la acera penal, donde la Fiscalía cursa una investigación por lo que se conoce popularmente como el “Caso Yanber”.
El proceso se lleva a cabo contra ocho imputados por la supuesta estafa a bancos, ante la presentación de estados financieros maquillados para obtener financiamiento.
Deudas pendientes
La prioridad de pago son los 40 trabajadores que acompañaron a la empresa hasta su cierre, y un juez determinará el monto a cancelarles.
Tan solo tres o cuatro meses antes de la quiebra, Yanber operaba con casi 400 colaboradores, “la compañía iba saliendo, durísimo, pero iba saliendo” afirmó Durman. Todo ese personal fue liquidado por Durman con sus respectivas garantías.
El grueso de las deudas está en la acera bancaria.
De 17 entidades financieras que financiaron a Yanber, solo tres le pidieron una garantía. El resto tienen deudas pendientes, aun tres años después de que los acreedores se acogieran al convenio preventivo.
Los préstamos obtenidos por Yanber sumaban $56 millones, según la sentencia del convenio en 2016 (N°55-2016 del expediente 15-00008-0958-CI).
De ese monto, solo unos $15,5 millones (¢8.506 millones de bancos estatales y $624.607 de BAC Credomatic) estaban garantizados.
El resto de los préstamos, valorados en $41 millones, son los que tendrían que ser reclasificados como pérdida.
La mayoría de las entidades confió en la trayectoria de la empresa y en Samuel Yankelewitz, quien fue dueño de la corporación.
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“Solamente los bancos estatales tenían garantía real, los demás bancos tenían garantías de papel”, afirmó Villegas.
El Banco de Costa Rica (BCR) fue la única entidad que solicitó una garantía para todo el dinero que prestó a Yanber: tres operaciones por ¢3.582 millones, ¢1.880 millones y ¢900 millones, respaldados sobre bienes fideicometidos (en un fideicomiso) y prendados.
Esta operación fue ejecutada y no quedó monto pendiente de cubrir, afirmó el banco ante la consulta realizada por EF.
Por su lado, el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) registró dos créditos con Yanber al momento de la solicitud de intervención, un préstamo de $6 millones (¢3.401,7 millones) sin garantía, y otro por ¢2.144 millones que estaba garantizado sobre los bienes fideicometidos.
Este banco, al igual que el BCR, habría ejecutado la garantía, según el curador Villegas.
Es posible que haya quedado un remanente por el monto que no estaba cubierto por la garantía, sin embargo, el BNCR se amparó en el secreto bancario para no responder.
Las propiedades donde operaba Yanber (en Barrio Cuba) y que hoy pertenecen al Nacional y al BCR, tienen alto potencial para desarrollar otro tipo de negocios, como por ejemplo, una zona franca, destacó Durman. Estos bancos deben vender las propiedades para recuperar el dinero prestado.
BAC Credomatic, Davivienda y Scotiabank también prestaron dinero a Yanber, pero se acogieron al secreto bancario para no dar detalles a EF del estado actual de sus operaciones.
La primera de ellas tenía una garantía para parte del dinero prestado, pero un crédito de mayor tamaño no tenía respaldo (más de $4,4 millones).
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Otras entidades que registraban créditos eran las financieras Desyfin y G&T Intercontinental, sin embargo ambos indicaron haberlos vendido años atrás.
Improsa fue la única entidad que confirmó a EF haber reclasificado el saldo del crédito en la categoría más alta de riesgo, con la correspondiente estimación por incobrabilidad.
Estos préstamos se otorgaron a Yanber en la administración pasada, cuando la corporación era comandada por Yankelewitz.
Sin embargo, al momento en el que Francis Durman compra la empresa, los bancos le dotaron de cinco años de gracia y por esto, las deudas no fueron saldadas.
Asimismo, cuando Durman compró la empresa, junto a FCS Capital (cuyo propietario es el empresario Allan Rodríguez) recibió un préstamo de los bancos privados por $10 millones. Ese préstamo debía ser cancelado a diez años plazo, pero también contó con dos años de gracia sobre el capital.
La Caja es otra de las entidades que hace fila para recuperar parte del monto adeudado. Entre noviembre 2017 y junio 2019, acumulaba ¢495,8 millones por cuotas obrero patronales pendientes.
“La recuperación de los adeudos, dependerá del resultado del proceso judicial, una vez que se hayan liquidado los bienes o activos del citado patrono y se haya distribuido su producto entre los acreedores”, dijo Luis Diego Calderón, director de Cobro de la CCSS.
La historia de Yanber y los intentos de Durman por levantar el negocio quedaron empañados por los yerros de la administración previa y las dificultades para encontrar nuevo financiamiento tras salir del proceso de convenio preventivo.
