EscucharLa Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) denunció este 20 de agosto que 192 centros educativos privados están morosos con la seguridad social. Esto equivale a una deuda de ¢4.786 millones. De ese monto, un 59% está concentrado en diez entidades.
Esto se traduce en una impacto a 2.457 trabajadores (657 trabajan para los diez principales morosos) a los cuales se les hicieron las reducciones correspondientes, pero ni los aportes patronales ni los que realizan los trabajadores fueron trasladados a Jupema por parte de los centros educativos.
Esa retención por parte de los patronos causa que trabajadores del sector educación tengan menos cuotas registradas hacia su pensión, a pesar de que fueron reducidas de su salario.
“Si esas cuotas no llegan a Jupema, esas personas van a tener un problema una vez que llegue la edad de retiro y que crean que tienen las cuotas para jubilarse, (luego) cuando se dan cuenta no las tienen porque esos centros educativos nunca las trasladaron”, explicó Carlos Arias, director ejecutivo de Jupema.
La lista de los diez colegios con mayor morosidad la puede encontrar en la siguiente tabla:
Uno de ellos, el Santa Cecilia, el cual cerró operaciones en el 2016.
Cuatro de ese top diez corresponden a un mismo dueño y acumulan un 54% de la morosidad: Saint Joseph School, Saint Margaret School, Saint Peter’s Primary and High School y María Auxiliadora School. Estos, según dio a conocer Jupema, están bajo la misma propiedad de Schools of Excellence Costa Rica.
Según información recopilada por El Financiero en octubre de 2023, el Saint Margaret School cobraba una matrícula de ¢348.000 y una mensualidad de ¢376.000 para séptimo año. En el caso del Colegio Científico Bilingue Reina de los Ángeles, ambos montos eran de ¢240.000.
Entre las diez deudas más grandes, hay ¢158 millones con morosidad de hasta 90 días y ¢802 millones mayor a ese plazo. Ya en cobro judicial con menos de un año hay ¢161 millones, de uno a tres años son ¢672 millones, tres a cinco años son ¢342 millones, de cinco a ocho años se acumulan ¢352 millones y de ocho a diez años hay ¢342 millones, según datos compartidos por Jupema.
Jorge Rodríguez, el presidente de la Junta Directiva de la Junta, mencionó que, de no existir esa morosidad total, el fondo habría generado alrededor de ¢5.000 millones más por medio de rendimientos.
Actualmente, Jupema está realizando tres acciones para recuperar las cuotas: el proceso de cobro adminsitrativo, arreglos de pago y procesos de cobro judicial.
En cobro judicial
Existen 263 expedientes para los centros educativos privados activos, y 145 expedientes para los centros educativos privados cerrados, de los cuales 76 corresponden al grupo de los 10 principales morosos por una suma de ¢1.869 millones.
“Se les ha dado la oportunidad, se les ha ido a hablar, se les ha ido a cobrar, se les ha dado la posibilidad de hacer arreglos de pagos. Muchos colegios y escuelas están con arreglo de pago y van saliendo pero hay otros que no”, dijo Arias.
También se comentó que en los últimos seis meses se ha dado un incremento de alrededor del 30% de casos que van a cobro judicial.
Pocas consecuencias
Arias mencionó que deberían haber consecuencias de mayor peso para este tipo de morosos, ya que actualmente lo que les sucede, en caso de no pagar, es un proceso de cobro judicial que puede ser extenso y que no necesariamente garantiza la recuperación de los activos.
El director de Jupema señaló el proyecto de ley 23.956 como una posible solución. Dicha propuesta legislativa haría que se pueda condenar la evasión de las cuotas obrero-patronales. “Eso vendría a dar una herramienta mayor, un control, para que estos evasores tengan una pena legal, entonces creemos que esa es una posibilidad que vendría a resolver una falencia que tiene el tema del cobro”, dijo Arias.
Arias también comentó que el Ministerio de Educación Pública (MEP) debería tomar un rol más activo respecto a las consecuencias a este tipo de evasiones. “Se supone que el MEP debe controlar y revisar a estos centros educativos y les otorga un permiso para funcionar, si son centros que están morosos, el MEP debería ser más riguroso con ellos. Hemos solicitado una reunión con la ministra para conversar de este tema para que ellos ejerzan lo que se supone les compete en términos legales”, dijo Arias.
