Las medidas extraordinarias que ha implementado el sector privado, continúan. Al 27 de noviembre 6.691 empresas habían solicitado suspensiones temporales de contratos por lo que 80.300 personas se ven afectadas.
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Si la empresa no ejecuta el embargo por causa justificada, como la aplicación de reducciones salariales o suspensiones de contrato, debe informar a las autoridades para evitar que se le acuse de desobediencia.
La suspensión de contratos laborales como consecuencia del COVID-19, afecta de manera directa a 36.098 trabajadores. A estas se suman otras 62.967 a las que les recortaron sus jornadas, y en consecuencia sus salarios, de forma parcial. Y la lista se amplía si se toman en cuenta trabajadores informales.