El texto avalado por el Congreso aclara que no se pagará la anualidad a los funcionarios públicos para el 2021 y 2022. En esos años se realizará la evaluación de desempeño de los trabajadores estatales, pero no creará “ningún efecto pecuniario”.
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La eliminación del pago de este plus salarial generará ahorros por ¢44.000 millones a las entidades del Gobierno Central y por ¢23.000 millones a las instituciones autónomas.
Rocío Aguilar trazó la ruta para lograr el equilbrio financiero del Estado. El pasado 31 de mayo, la jerarca aseguró en el plenario legislativo que se requieren tres pilares para reducir el déficit: implementar las acciones para contener el gasto público, aprobar la reforma fiscal y reformar el empleo público.