La Sala Constitucional encontró vicios en artículos que la Contraloría General objetaba por permitir contrataciones discrecionales, “a dedo”.
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La Sala Constitucional determinó que el proyecto de ley jaguar “suprime” competencias de la Contraloría.
El Tribunal Constitucional concluyó que la consulta “incumple con los requerimientos previstos” para ser admitida.