Las medidas extraordinarias que ha implementado el sector privado, continúan. Al 27 de noviembre 6.691 empresas habían solicitado suspensiones temporales de contratos por lo que 80.300 personas se ven afectadas.
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El Poder Ejecutivo presentó este un proyecto de ley con el que pretende reducir en un 15% la jornada de cerca de 35.000 empleados públicos que ganan, al menos, ¢1,5 millones mensuales. La medida aplicaría por 12 meses y generaría un recorte al gasto público de más ¢129.000 millones.
Actualmente hay en el país más de 104.000 personas trabajando con su jornada reducida y recibiendo menos salarios