El plan de empleo público –que recién superó su última consulta de constitucionalidad– pretende un ahorro anual del 1% del PIB, en promedio, durante los primeros 10 años de aplicación de la norma.
El plan de empleo público –que recién superó su última consulta de constitucionalidad– pretende un ahorro anual del 1% del PIB, en promedio, durante los primeros 10 años de aplicación de la norma.