Los integrantes de la supuesta banda criminal habían contactado a los funcionarios para que les dieran facilitación en las licitaciones de obras pública, según Wálter Espinoza del OIJ.
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El OIJ estimó una 'laguna financiera' de al menos ¢78.000 millones, solo entre 2018 e inicios de 2020 por supuestas malversaciones de recursos.