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La cantidad de criptomonedas invertidas en los llamados mercados de la red oscura, donde se puede comprar información de tarjetas de crédito y una gran variedad de drogas ilegales con bitcoines, creció un 60%, con lo que alcanzó un nuevo máximo de $601 millones en los últimos tres meses de 2019.


Esta ley, la número 9.699, no es perfecta ni mucho menos, pero sí es necesaria. Representa una puesta al día de nuestra legislación penal frente a fenómenos delictivos que son reales, como la utilización de esquemas societarios para delinquir.