El Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales presenta problemas de trazabilidad que no permiten llevar un control adecuado, en tiempo real, de todos los movimientos de las empresas, como originalmente lo previó la ley; por ejemplo, 40.000 empresas no lograron cumplir con la declaración ordinaria de 2019. Esto podría perjudicarnos en una evaluación futura de la OCDE.