La reforma constitucional de Nicaragua les otorgó un “dominio absoluto”, señaló la ONU.
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El texto contempla que la Superintendencia de Bancos pueda “declarar sin valor legal y sin efectos societarios y jurídicos los nombramientos de los directores, gerente general o principal ejecutivo, y del auditor interno de las instituciones financieras” por “razones que determine”.
La versión oficial del régimen de Daniel Ortega es que se trató de una renuncia por parte del ministro; sin embargo, la prensa crítica de su gestión informó de que habría sido destituido por casos de corrupción.