El OIJ estimó una 'laguna financiera' de al menos ¢78.000 millones, solo entre 2018 e inicios de 2020 por supuestas malversaciones de recursos.
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“Este es el enlace típico de la corrupción que se ha manifestado en otros países, también en Costa Rica", dijo Walter Espinoza, jefe del OIJ.
Actualmente se discute en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley N. 20.648, que pretende reformar de forma gravosa el concepto de inhabilitación en contra de las empresas privadas que contraten con las administraciones públicas, específicamente proyectos de infraestructura vial de carácter público.