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Welmer Ramos González, nacido en Guanacaste hace 60 años, resultó electo como candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC) para las elecciones presidenciales de 2022. Esta es una designación que, entre otros significados, representa un portazo en la cara para las corrientes internas del partido de gobierno que pretendían impulsar un “continuismo” de la actual administración.
El ahora diputado y exministro de Economía (2014-2017), por el contrario, logró representar a un sector del PAC disconforme con el mandato del presidente Carlos Alvarado.
Ramos buscará hacer lo que ha sido imposible en la historia reciente del país, para cualquier persona que haya estado en sus mismas condiciones. Intentará convencer a la población para que deje a un mismo partido gobernar por más de dos períodos consecutivos.
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Ramos es partidario del PAC desde su fundación y logró instalar como su bandera la propuesta de regresar a los “ideales originales” del partido. Incluso llegó a señalar que el actual gobierno “no ha sido del PAC”, sino un proyecto de ‘unidad nacional’ (como inicialmente pretendió el presidente Alvarado), en el que se inmiscuyeron visiones ajenas a la agrupación oficialista.
Según dijo en distintas entrevistas, considera que el gobierno de Alvarado realizó “cosas buenas” en cuestiones como la atención de la pandemia; pero también le recriminó el impulso de ajustes fiscales que considera inequitativos y complacientes con sectores poderosos, la realización de recortes presupuestarios que califica como abusivos, y colocar en puestos decisivos de la administración a figuras y economistas que “no representan la ideología del PAC”.
Un viraje económico
Ramos, el menor de ocho hermanos en una familia campesina de Bagaces, promete un viraje económico en la política de gobierno. En uno de sus llamados a votar señaló que el PAC “no ha podido cumplir con todos los sueños de su ideario”, que él considera representar.
Su visión se inclina hacia el proteccionismo y la regulación estatal de mercados.
“Soñamos transformar el modelo de desarrollo en uno que funcione para todos y todas, superando la obscena concentración de la riqueza en unos pocos; dejando atrás el neoliberalismo, el recortismo y la austeridad ciega; colocando la economía al servicio de las mayorías y generando más riqueza y más oportunidades, pero mejor distribuidas”, comentó.
Durante su gestión en la Asamblea Legislativa impulsó proyectos como la imposición de topes a las comisiones que cobran los bancos por el uso de datáfonos en comercios; así como de techos para definir el delito de la usura crediticia, hasta entonces sin definición específica.
También presentó un proyecto para regular el mercado de los medicamentos que no ha logrado mayor trámite, entre otros.
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Ahora asegura que impulsaría medidas para beneficiar a los productores costarricenses. Por ejemplo, indicó que que su primer decreto como presidente sería para obligar a las instituciones estatales a que prioricen sus compras a empresas locales.
También ha mencionado considerar que los bancos públicos del Estado deberían funcionar como bancos de desarrollo; y que muchos de los mercados deben regularse más estrictamente para evitar concentraciones y distorsiones.
Otras de sus propuestas más controversiales incluyen a zonas francas y el Impuesto Sobre la Renta. En el primer caso, ha dicho que las empresas en regímenes especiales deberían pagar impuestos al menos por la repartición de sus dividendos; mientras que, en el segundo, ha manifestado que debería aplicarse un sistema de renta mundial (es decir, que el Estado cobre impuestos a sus contribuyentes por las ganancias que obtienen incluso fuera de sus fronteras).
Sus propuestas fiscales se distancian en mucho de las que promueve actualmente la administración Alvarado. De hecho, indicó que reprueba la mayor parte de la agenda convenida por este con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Más bien sugirió en una reciente entrevista con el segmento Café Política de Telenoticias que buscaría renegociar tasas de interés con instituciones del Estado, para abaratar el costo de la deuda pública (uno de los principales disparadores del gasto).
En materia de empleo público, se ha dicho partidario de una reforma en materia salarial, pero que no contenga violaciones a la independencia de poderes o a las autonomías universitarias.
Unir a un partido roto
Además del reto de llevar por primera vez a un partido a su tercer gobierno consecutivo, Ramos tendrá que enfrentar un reto inminente dentro de su propio partido. Venció con una diferencia mínima de 150 votos, y ahora tendrá que trabajar intensamente para unificar a la agrupación rojiamarilla, que se partió casi por la mitad en esta contienda.
La legisladora y expresidenta legislativa, Carolina Hidalgo (su contendiente), aseguró que buscará la unidad del partido y advirtió desde antes de conocer los resultados oficiales de este 30 de agosto que ninguna tendencia podría trabajar sin la otra.
Las negociaciones y las decisiones que se tomen en esa línea serán fundamentales, como ya lo fueron en 2017. En aquel entonces Carlos Alvarado venció con un 57% de los votos a Ramos, pero luego le postuló como uno de sus siete nominados a aspirar por diputaciones.
En el PAC cada candidato presidencial puede realizar hasta siete postulaciones para estos puestos, un enorme capital político.
Ramos tendrá que sortear una ruta que parece empinada, como sería para cualquiera en su puesto.
“No es lo mismo cargar con una candidatura oficialista después de una primera administración, porque usted puede hablar como una especie de continuidad. Para una tercera elección, la cuesta para la continuidad se vuelve más empinada (...) Cualquiera de los tres que quede tiene que intentar vender la continuidad, con cierto matiz, y eso no es tan fácil”, advertía en entrevista con EF el politólogo, Ronald Alfaro, del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR).
Como punto de partida, el candidato arranca con el respaldo de figuras importantes en la agrupación oficialista. Por ejemplo, la diputada Paola Vega le dio su respaldo, por considerar que coinciden en temas fundamentales de política económica y social. Entre ellos, ambos se han manifestado en contra de distintos puntos del proyecto de ley marco de empleo público que consideraron inconstitucionales.
También le dio su respaldo a Ramos la expresidenta del partido y exministra de Justicia, Marcia González. Ella fue nombrada como jerarca por Alvarado, pero debió dejar su puesto tras publicarse que adeudaba varios períodos del impuesto a las casas de lujo y que retuvo información solicitada por los periodistas que publicaron el caso.
González fue la principal financista de campaña de Calos Alvarado en 2018. No obstante, este 2021 incluso abandonó su precandidatura personal en favor de Ramos y no de la tendencia continuista. Este fue un movimiento que ahora parece haber sido decisivo para la contienda oficialista.
