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Los diputados aprobaron este miércoles una moción que deja la rectoría del empleo público en manos de la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) y no en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), como pretendía el Gobierno.
El cambio fue avalado en la Comisión de Gobierno y Administración donde el martes 26 de enero inició la discusión de más de 300 mociones presentadas al proyecto de ley de reforma al empleo público.
Los congresistas que participan en este foro legislativo estuvieron de acuerdo con trasladar las competencias de la rectoría al Servicio Civil e incluso fortalecer su gestión en esa materia.
Pilar Garrido, ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico, sostiene que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635) reafirma el marco legal que protege la rectoría del empleo público en manos del Ejecutivo.
“Hay confusión en términos de lo que señala la Constitución, que habla de un estatuto, que es distinto de una dirección. Como ha dicho la Sala Constitucional, la rectoría solo la puede ejercer el Poder Ejecutivo, es decir, un ministerio o el presidente. Tampoco una dirección puede dar lineamientos a instituciones que tengan autonomía de segundo y tercer grado”, defendió la jerarca, en una entrevista con este medio el pasado lunes 25 de enero.
La ministra es enfática al asegurar que “el Servicio Civil no puede tener la rectoría de empleo público” porque esta es una competencia superior a su rango constitucional y administrativo.
La potestad de coordinar y gestionar los regímenes de trabajadores estatales −según el proyecto de ley impulsado por el Gobierno− le permitiría a Mideplan aplicar procesos de evaluación de desempeño, reclutamiento, contratación, clasificación de puestos de trabajo, y emisión de directrices y políticas en esta materia.
Esas competencias pasarían al Servicio Civil por decisión de los legisladores, aunque algunas funciones ya son parte del trabajo que desempeña esta institución.
Seis proyectos de ley están en Cuesta de Moras y su aprobación es necesaria para poder aplicar las medidas que Costa Rica negoció con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
De las seis iniciativas, la reforma al empleo público juega un papel fundamental para recortar el gasto y reducir el segundo disparador: las remuneraciones.
Pero esta iniciativa, que está en la fase final del camino legislativo, prendió tres debates entre los diputados.
El primero tiene que ver con la aplicación del salario global a todos los funcionarios, o únicamente a los de nuevo ingreso; el segundo es hasta dónde se deben prohibir o restringir las convenciones colectivas; y, finalmente, la disyuntiva de cuál entidad debe ser rectora en esta materia.
Los congresistas iniciaron este martes 26 de enero la discusión y aprobación de mociones del artículo 137 del reglamento legislativo, esto permite empezar a hacer cambios al texto.
De hecho, este miércoles dieron su aval a una moción para que los empleados públicos rechacen programas de capacitación en instituciones del Estado alegando objeción de conciencia por razones “éticas, morales o religiosas”.
Las más de 300 mociones al proyecto se discuten en el seno de la Comisión de Gobierno y Administración, que luego de verlas devolverá el expediente al plenario para que continué su trámite.
Este martes, los congresistas también excluyeron a las empresas públicas en competencia, como el Instituto Nacional de Seguros (INS) o el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); de la aplicación de la reforma al empleo público.
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Esto quiere decir que las modificaciones aprobadas en el futuro solamente se aplicarán para el Gobierno Central, los poderes de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y las entidades autónomas como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o las universidades públicas.
La iniciativa, promovida por el oficialista Víctor Morales, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), excluiría en el caso del ICE únicamente a la parte de la empresa dedicada al mercado de telecomunicaciones, es decir, Kölbi.
Camino en el Congreso
El Ejecutivo también envió al Congreso, el pasado viernes 22 de enero, un proyecto para que 14 empresas del Estado aporten hasta el 30% de sus ganancias al pago de la deuda pública, y un texto para reformar el actual impuesto sobre la renta a un modelo global y dual.
Estos tres expedientes se suman a los antes presentados para eliminar exoneraciones, gravar con un tributo los premios de lotería mayores a ¢225.100 y un nuevo impuesto a las casas de lujo con valores superiores a los ¢150 millones.
Manuela Goretti, jefa de la misión del FMI para Costa Rica, indicó en conferencia de prensa el pasado viernes, que estos proyectos de ley deberían ser aprobados antes de que el organismo internacional haga su primera visita para el examen de revisión al país, lo cual ocurrirá entre mayo y junio de este año.
Garrido advirtió que si el Fondo hace un examen de avance a Costa Rica y no se cumplen las condiciones pactadas para generar los rendimientos negociados, entonces el ente multilateral no desembolsará el dinero correspondiente como parte del crédito de Servicio Ampliado por $1.750 millones a tres años.
