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El gobierno de Nicaragua excarceló a tres opositores que mantenía detenidos, entre ellos un exaspirante a la presidencia, para ponerlos bajo arresto domiciliar “por razones humanitarias”, señaló este sábado 19 de febrero el Ministerio Público (fiscalía) de dicho país.
El exaspirante presidencial Arturo Cruz (68 años), el excanciller Francisco Aguirre (77 años) y el exvicecanciller José Pallais (68 años), que estaban detenidos por menoscabo a la integridad nacional, permanecerán detenidos en sus domicilios con “custodia policial”, señaló en un comunicado.
Los excarcelados son parte de un grupo de 46 opositores detenidos el año pasado en el contexto electoral, entre ellos siete aspirantes a la presidencia y potenciales rivales del presidente Daniel Ortega, quien obtuvo un cuarto mandato consecutivo en los comicios de noviembre.
La Fiscalía señaló que "al tener conocimiento del estado de salud de las personas antes referidas, por razones humanitarias pidió a la autoridad judicial el cambio de medida cautelar de prisión preventiva por detención domiciliaria".
Los tres opositores cambiaron el régimen de detención una semana después de la muerte del exguerrillero Hugo Torres, uno de los 46 detenidos que falleció por causas no mencionadas semanas después de haber sido llevado en estado grave a un hospital.
Se trata de la primera excarcelación de opositores, cuya liberación inmediata fue reclamada el viernes por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Aguirre ya contaba con una declaración de culpabilidad y espera que se dicte sentencia, mientras que el juicio contra Cruz y Pallais se desarrolla desde el martes 15 de febrero en una maratónica sesión junto a otros cinco opositores.
Familiares de los detenidos que asisten a la audiencia denunciaron que durante el juicio pudieron observar que Pallais sufrió desmayos en tanto Cruz mostraba signos de padecer el mal parkinson.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) denunció en sus redes sociales que el viernes la audiencia contó con la presencia de “un médico del Hospital Roberto Huembes (de la policía), lo que evidencia que el mismo régimen reconoce el deplorable estado de salud de los presos, el riesgo de un daño irreparable”.
De los opositores presos, al menos 21 ya fueron declarados culpables y de ello 13 recibieron sentencias de entre 8 y 13 años de prisión, según el CENIDH.
Yonarqui Martínez, abogada de opositores presos, celebró la medida señalando que los "tres inocentes que jamás debieron de pasar por tratos crueles están en casa".
Agregó que "nos quedan más personas de la tercera edad" y que "lo idóneo (es) la libertad absoluta de todos".
Familiares de detenidos denunciaron de forma reiterada el deterioro progresivo en la salud de sus seres queridos con pérdida extrema de peso y de piezas dentales, desnutrición, problemas de memoria, de movilidad y desmayos.
En ese contexto ocurrió la muerte de Torres, de 73 años, lo que provocó condenas al gobierno de parte de la comunidad internacional y pedidos de una investigación independiente para determinar las circunstancias en las que murió. El gobierno no se ha pronunciado al respecto.
Organismos de derechos humanos estiman que los opositores y críticos del gobierno apresados en el contexto de la crisis política que vive el país desde 2018 suman 170, incluidos los 46 del año pasado.
El presidente Daniel Ortega afirma que estos presos son “criminales” y “delincuentes” que querían dar un golpe de Estado contra su gobierno con las protestas del 2018, en las que -según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- murieron 355 personas y más de 100.000 se fueron al exilio.
