A cuenta gotas, así es como la administración Alvarado Quesada descubre el legado que dejó el Gobierno anterior. El 31 de julio salió a la luz un faltante de ¢600.000 millones en el presupuesto del 2018, que obligó al Ministerio de Hacienda a solicitar un presupuesto extraordinario en la Asamblea Legislativa para poder pagar a los inversionistas.
El bache de ¢600.000 millones fue producto de la colocación de títulos valores a corto de plazo con vencimiento al 2018, los cuales se realizaron después de la formulación del presupuesto de este año.
El hueco financiero no es el único desliz de la administración Solís Rivera, porque también se suma el traspié por las cifras del déficit fiscal. En diciembre el Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció que el déficit del 2017 era del 6,2% del PIB.
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Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) advirtió este año que el déficit del 2017 alcanzó el 6,6%, debido a las inversiones de corto plazo que Hacienda realizó en el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) -por ¢100.000 millones y $50 millones- y que no logró recuperar.
La multimillonaria pérdida no se tomó en cuenta para calcular el déficit fiscal del 2017 y el indicador resultó ser 0,4 puntos porcentuales inferior a lo que se anunció.
Estas acciones dejan múltiples cuestionamientos en el aire: ¿Son confiables las cifras que brindó la administración Solís Rivera? ¿Cuánto menoscaban la confiabilidad de las instituciones? Sobre todo, en un momento clave, cuando los ojos de organismos e inversionistas internacionales se posan sobre Costa Rica.
Caja de pandora
A pocas semanas de cumplir los 100 días de mandato, las autoridades de Hacienda concentran sus esfuerzos en apagar el repentino incendio de las finanzas públicas.
La incógnita que surge es ¿cómo se originó el multimillonario bache de ¢600.000 millones? El hueco fue producto de la colocación de títulos valores a corto plazo con vencimiento al 2018, después de que se formuló el presupuesto del presente año.
Para el segundo semestre del 2017 se estimó que se colocarían ¢292.700 millones, pero las colocaciones ascendieron a ¢891.700 millones con vencimiento al 2018. Lo que generó una diferencia de ¢599.000 millones en el presupuesto del 2018.
El Ejecutivo colocó esos títulos valores para cubrir los faltantes de liquidez del último trimestre del año pasado, pero “olvidó” presupuestar la amortización antes de dejar el poder, el pasado 8 de mayo.
Otro factor que contribuyó con el inmenso bache, fue que el volumen de los canjes de deuda del primer semestre del 2018, estuvo por debajo de lo que se estimó en el presupuesto actual.
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La Ministra de Hacienda se niega a afirmar que el indeseable legado -equivalente al 1,73% del PIB-, es un faltante o un hueco financiero, y asegura que “es más bien la no previsión de vencimientos por la suma de ¢600.000 millones”.
Además indicó que, Helio Fallas, exministro de Hacienda, no le informó sobre el faltante, sino que se enteró hace mes y medio.
El país sufre de peligrosos síntomas para la economía y muestra de ello es que el multimillonario faltante explotó cuando se dio una desaceleración de los ingresos. En junio del año anterior los ingresos fueron de 2,343 billones y este año la cifra fue de 2,313 billones, lo que demuestra una caída de 5,8 puntos porcentuales, según datos del Ministerio de Hacienda.
La incertidumbre del extenso proceso electoral y la demora en la aprobación del Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, pueden ser dos posibles causas para la caída de los ingresos, a criterio de Rocío Aguilar, ministra de Hacienda.
Ahora para cubrir el faltante, Hacienda recurriría a más deuda y presentaría otro presupuesto extraordinario. “Si no se reciben esos ingresos, como es muy probable que suceda, habrá que sustituir esos ingresos frescos por deuda”, afirmó Aguilar.
Aguilar estima que la caída de los ingresos podría ser de ¢300.000 millones. Sin embargo, las autoridades buscan las partidas en las que se pueden hacer ahorros, para no incrementar la deuda en ese monto.
¿Disminución de la confianza?
En un momento clave para el saneamiento de las finanzas públicas, la incógnita que surge es ¿las acciones de la administración Solís Rivera disminuyen la confianza en las cifras oficiales? ¿Debilita la credibilidad del país a nivel internacional?
La Ministra de Hacienda, considera que “hoy en día todo hace ruido”, aunque para ella habría sido deseable no tener que solicitar un presupuesto extraordinario.
La situación actual podría aumentar el costo de las nuevas colocaciones e incluso generar un clima de incertidumbre que el país no se merece, a criterio de Carlos Ricardo Benavides, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional.
“Sí, minan la confianza interna con respecto a las cifras que brindan las (instituciones) oficiales y también minan la confianza de los inversionistas tanto nacionales como extranjeros”, agregó Benavides.
Ante las evidentes debilidades del aparato institucional los inversionistas dudarían más y demandarían tasas de interés más altas para invertir en bonos nacionales, comentó Fernando Herrero, exministro de Hacienda.
Las cifras que brindan instituciones como el BCCR, la Contabilidad Nacional, o el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) son confiables por la seriedad e independencia que ostentan estas entidades, según Herrero.
Pero el accionar de la administración anterior, ya enciende alarmas fuera de las fronteras nacionales.
“Le confieso que a mí me alarmó que el viernes varias instituciones internacionales me empezaron a llamar, las tenedoras de bonos me preguntaron si el Gobierno va a poder pagar. Me llamó uno de los bancos grandes de Estados Unidos, si iba a pasar lo mismo que en El Salvador hace año y medio, si iban a pagar selectivamente los bonos”, aseguró Luis Liberman, exministro de Hacienda a EF.