EscucharInfinito Gold finalmente desistió de cobrar $394,8 millones más intereses a Costa Rica por daños y perjuicios, algo que buscó por más de 10 años, luego de que reformas legales y fallos judiciales del país le impidieron continuar con su plan de operar una mina a cielo abierto en la localidad de Crucitas, en San Carlos.
Según explicaron las autoridades de gobierno desde finales de junio, después de esa decisión, el único punto pendiente para cerrar el proceso de arbitraje era esperar a que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) resolviera la solicitud de la empresa canadiense (también apoyada por Costa Rica): un acto que fue notificado al Poder Ejecutivo este 15 de julio.
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La noticia la confirmó el Gobierno de la República a través de un comunicado de prensa, por medio del cual también señaló que ahora buscará “aprovechar responsablemente” el oro de la zona para “el beneficio general del país”.
El Ejecutivo indicó que llevará adelante reformas y acciones legales por medio del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), aunque no precisó cuáles. Solo indicó que algunas “requerirán aprobación legislativa”.
Costa Rica aprobó desde el año 2010 la ley para declarar a Costa Rica país libre de minería metálica a cielo abierto (8.904) y desde entonces han sido múltiples los planes y los proyectos de ley presentados por diferentes bandos políticos y sociales para revivir esta práctica total o parcialmente. No obstante, ninguna tuvo éxito hasta el momento.
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El proceso legal
El Ciadi ya había resuelto el reclamo de Infinito Gold en favor de Costa Rica desde junio de 2021; sin embargo, la empresa solicitó la anulación de ese fallo.
Esta solicitud de anulación fue la que se eliminó ahora.
Consultado sobre el supuesto acuerdo entre ambas partes, el presidente Rodrigo Chaves aseguró el 26 de junio que el hecho aún no se había consolidado, pero que se estaba a la espera de una resolución final por parte del tribunal de arbitraje.
“Infinito Gold nos dijo que querían renunciar al laudo o ‘bajarse’, para usar una palabra más tica, de pedirnos $400 millones”, afirmó el mandatario en conferencia de prensa.
“Costa Rica decidió acompañar (la decisión de Infinito Gold)” por conveniencia, agregó la viceministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos.
Aquel día, el presidente Chaves además achacó la culpa del largo proceso legal al expresidente Óscar Arias, quien promovió sin éxito la concesión, y también a “ambientalistas extremos”.
Infinito Gold recibió permisos para operar en Crucitas, de Cutris de San Carlos, en 2002, al cierre de la administración del expresidente Miguel Ángel Rodríguez.
Posteriormente, en 2008, el gobierno de Óscar Arias firmó una declaratoria de interés público y conveniencia nacional para el proyecto de la compañía en la Zona Norte. No obstante, reclamos de grupos ambientalistas ante el Tribunal Contencioso Administrativo llevaron a la anulación de los contratos de la empresa canadiense, a finales de 2010, por irregularidades en su tramitación.
Ante esta y otras resoluciones fue que la compañía inició sus procesos internacionales.
La viceministra Trejos explicó que la defensa legal del país ante los tribunales extranjeros implicó una inversión de $2,7 millones para el Estado: el litigio “más costoso que ha enfrentado Costa Rica”.
Acciones policiales
El Gobierno además anunció que reforzará sus operaciones policiales en Crucitas a partir de este 16 de julio.
Entre otras acciones, señaló que el ministro de Seguridad, Mario Zamora, viajará al lugar para coordinar los operativos y evitar nuevos saqueos, enfrentamientos entre grupos y venta ilegal de oro.
En una entrevista con EF, en octubre de 2022, el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, aseguró su deseo de buscar una solución para los problemas de inseguridad y de contaminación en la zona de Crucitas, en donde se han establecido coligalleros y comerciantes ilegales de oro. Sin embargo, omitió decir si la explotación del oro estaba entre las opciones.
“Ojalá sea una actividad que pueda generar algo para cubrir los gastos de protección y de descontaminación”, se limitó a mencionar sobre los posibles planes.
