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Tras diez meses de idas y vueltas, y hasta tres textos sustitutivos distintos, el proyecto de ley de creación del Fondo de Avales y Garantías para el apoyo a las empresas afectadas por el COVID-19 y la reactivación económica (22.144) por fin recibió un dictamen afirmativo por parte de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
El proyecto se presentó desde agosto pasado, como una forma de contener el creciente desempleo, que por aquel entonces alcanzó una tasa del 24% (hoy se estima en 17,3%). Sin embargo, la tramitación de otros proyectos y diferencias de criterio sobre cuestiones como el fiduciario del Fondo, el dinero que lo fundaría y el porcentaje de garantías que cubriría pausaron el trámite.
Al dictamen positivo se le suma otra buena noticia para el proyecto del fondo. La Asamblea también aprobó, el jueves 10 de junio, el crédito por $300 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), de los cuales $270 millones se emplearán para financiarlo. Esa entidad multilateral también se encargaría de ser el fiduciario del dinero.
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La intención del Fondo de Avales y Garantías es simple. Busca poner a disposición $300 millones para facilitar que entidades financieras reguladas otorguen nuevos créditos o readecuaciones a empresas que se han visto afectadas por la COVID-19.
Los recursos se utilizarán para cubrir hasta un 75% de los avales de las empresas ante las entidades del sistema financiero, siempre y cuando se demuestre que existe capacidad de pago y que el préstamo busca reparar alguna afectación por la pandemia.
A cambio, solo se pediría a las empresas que mantengan sus condiciones de empleo.
Inicialmente se había planteado un tope del 70%, para que los bancos no perdieran incentivo de recuperación de los créditos, según dijo a los diputados la ministra de Planificación, Pilar Garrido. No obstante, el techo subió cinco puntos en la versión del proyecto dictaminado.
El texto avanzó a pesar de que todavía se esperan observaciones pendientes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Según los diputados, se busca avanzar con el proceso y luego corregir cualquier detalle que sea necesario a través de mociones en el Plenario legislativo, ya más cerca de su votación.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Ana Lucía Delgado, de Partido Liberación Nacional (PLN), explicó a EF que el nuevo texto es el resultado de trabajo conjunto entre el Banco Central (BCCR), el Gobierno y las facciones parlamentarias.
Según ha dicho el presidente Carlos Alvarado, la iniciativa permitiría a alrededor de 18.000 empresas “acceder a un préstamo, a pesar de no contar con una garantía ante el banco”. Por su parte, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, ha mencionado que la iniciativa permitiría destrabar la colocación de unos $3.000 millones en crédito, que en este momento no se pueden otorgar por falta de garantías
El presidente del BCIE, Dante Mossi, aseguró en una conferencia de prensa, en febrero pasado, que el Fondo dará “oxígeno” a empresas que ya de por sí encontraban un escenario complicado antes de la pandemia para encontrar crédito. Mencionó “particularmente” al turismo, un sector clave y que ha sido el más golpeado.
El andamiaje
Los recursos del Fondo de Avales se asignarán a los intermediarios financieros, dice la nueva versión del proyecto, según “la participación de cada intermediario en el saldo de crédito al sector privado”. En cuanto a los montos máximos de los avales por sector, estos se fijarán “priorizando todas las actividades económicas por su nivel de afectación”.
Asimismo, el proyecto establece una diferenciación de recursos para grandes y pequeñas empresas. La distribución de los recursos será de:
- Hasta un 20% para personas físicas o jurídicas que empleen más de 100 personas.
- Al menos un 40% para las personas físicas o jurídicas que empleen 30 o menos personas.
- La proporción restante para las empresas que empleen entre 31 y 100 personas.
Este punto; sin embargo, podría tener oposición más adelante y sigue en disputa. La diputada del Partido Unidad Social Cristina (PUSC), María Inés Solís, aseguró que no existe un criterio técnico que defienda esas distinciones. “Es un error enorme”, dijo.
En contraposición, la diputada Yorleny León, del PLN, afirmó que el límite debe existir para resguardar el fondo de concentraciones. “Recordemos que si bien las pymes no producen 100, 200, ni 300 puestos de trabajo, en conjunto sí son la unidad productiva que más empleo produce y representan el 92% del parque empresarial”.
Como el fondo se crea para empresas y personas afectadas por la pandemia, cada aspirante a los avales deberá comprobar que tenían una clasificación buena o aceptable en la Central de Información Crediticia de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), previo al decreto de emergencia nacional por el nuevo coronavirus, y que no tenían una morosidad activa mayor de 60 días.
Además, la jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Guido, aseguró en comisión que se debería incluir un control para que el Fondo no sea utilizado por personas o empresas que no requieren garantías del Estado y pueden asumir su propio riesgo.
Los avales podrán gestionar durante los 18 meses posteriores a la aprobación dela ley, plazo que se podrá extender por seis meses una única vez. Además, el plazo máximo de los créditos o readecuaciones otorgadas no podrá superar los 10 años (vigencia máxima del fondo).
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La administración la tendrá un consejo rector compuesto por representación del Ministerio de Hacienda (residente), dos miembros externos con experiencia en materia bancaria, financiera y empresarial nombrados por el Consejo de Gobierno.
Ellos se elegirían a partir de dos ternas públicas que le serán presentadas, por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y a la Oficina del Consumidor Financiero (OCF).
La Secretaría Técnica del Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) será Unidad Ejecutora del Fondo y, en los aspectos de fiscalización y control interno, aplicarán todas las disposiciones que se encuentran establecidas para ese sistema.
Los aspectos específicos los normará, posterior a la aprobación de la ley, el Poder Ejecutivo.
Presupuesto a cinco años
Los recursos, dicta el proyecto, los financiaría el Ministerio de Hacienda en un plazo de cinco años, con cinco aportes iguales.
Según explica el oficialismo, esto es importante para evitar efectos artificiales importantes en los resultados fiscales que puedan tener un efecto negativo en la percepción del país y operaciones como el servicio ampliado de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
No obstante, el proyecto dice que el Ministerio de Hacienda estará “obligado” a acelerar las transferencias “cuando sea necesario para cumplir con los pagos de avales por parte del Fondo de Avales”.
No obstante, este es uno de los puntos que siguen en consulta de instituciones y que serán revisados, dijo la diputada Solís, antes de dictaminar el proyecto.
El texto también dice que, una vez queden remanentes del Fondo, estos deberán emplearse en el financiamiento del presupuesto nacional.
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Ahora el proyecto pasará a su discusión en el Plenario legislativo. Diputados de todas las fracciones podrán presentar mociones para afinar detalles y luego, una vez que esas mociones se discutan y se voten en comisión, el proyecto podrá discutirse y votarse en primer y segundo debate.
La ministra Garrido, principal vocera del Gobierno sobre este proyecto, dijo a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios que, una vez aprobado el proyecto, el Fondo de Avales se podría echar a andar en un período de dos meses. Ya existe “trabajo adelantado con los reguladores”, aseguró.
El crédito con el BCIE que financiará el proyecto se pactó por $300 millones y se negoció a 20 años plazo, con cinco años de gracia, y una tasa que actualmente no superaría el 3% (condiciones bandas).
Incluye una comisión de compromiso de 0,25% por año sobre el saldo no desembolsado del préstamo y una comisión de diseño del 0,25% sobre el monto total del préstamo.
