EscucharMúltiples entidades que de una u otra forma captan dinero del público están obligadas a reportar movimientos sospechosos. Estos movimientos se refieren a transacciones que no parecieran justificarse con las condiciones socioeconómicas de sus clientes, ya sea porque son demasiado grandes o porque son muy inusuales en relación con su actividad económica regular.
Los sujetos obligados a emitir Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) son varios y están señalados en la Ley 8.204, que castiga actividades de narcotráfico, legitimación de capitales y capitales emergentes.
Entre ellos están las entidades financieras como bancos, cooperativas, las casas de cambio y financieras; pero también otras como las fundaciones, los puestos de bolsa, los administradores de valores, las remesadoras, las agencias de seguros, los casinos, los corredores de bienes raíces y los abogados notarios, cuando certifican diversos tipos de transacciones, entre otros.
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Entre enero y octubre de 2024, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) contabilizó 585 reportes de este tipo: una cifra 115 unidades mayor que en el mismo período del 2023.
¿Cómo se activan estos reportes y cuántos terminan siendo remitidos al Poder Judicial por sospechas de actividad ilegal? EF revisó las cifras, conversó con las autoridades y le explica.
¿Cómo nacen los ROS?
Es usual que las personas tengan que notificar cuál es su nivel de ingresos mensuales regular cuando empiezan a ser clientes de diversas entidades. Esto se hace para que ellas puedan llenar un formulario con el perfil del cliente, que luego se utiliza para monitorear posibles irregularidades.
Fernando Ramírez, director del ICD, ejemplificó el caso con la dinámica de los bancos.
“El ejemplo más típico es cuando se abre una cuenta bancaria. Usted tiene que llenar el documento de ‘Conozca a su cliente’, en el que usted llena sus datos personales, sus contactos y señala un rango de transacciones promedio que realiza por mes. Si de un momento a otro usted realiza depósitos superiores, el oficial de cumplimiento del banco tiene la obligación de informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del ICD”, explicó.
Según las estadísticas del Instituto, la gran mayoría de los ROS recibidos por el ICD surgen de los bancos. En total, ellos son los responsables de tres cuartas partes. Sin embargo, hay otras instituciones como financieras, remesadoras y agencias de vehículos que también lo hacen.
No realizar los reportes puede acarrear castigos importantes para las entidades obligadas si luego se demuestra que no actuaron con la diligencia debida.
Ramírez recordó el caso de Scotiabank, que aceptó el depósito de $6,6 millones provenientes de presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en favor del expresidente peruano Alejandro Toledo. La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) dictaron una multa al banco de más de ¢1.100 millones desde 2017, la cual recientemente fue ratificada por la Sala I del Poder Judicial.
¿Cuánto dinero se maneja en los ROS?
Los ROS, usualmente, incluyen montos millonarios.
Entre enero y octubre de 2024 se registraron 585 ROS los cuales aludieron a ¢21.924,4 millones y $197,2 millones; unos ¢220.000 millones en conjunto, al aplicar el tipo de cambio de finales del año pasado.
A pesar de que solo hablamos de 10 meses, los datos hasta octubre de 2024 ya eran los más altos de los últimos seis años.
Según Ramírez, el aumento es una buena señal, en el sentido de que los controles funcionan. “Sería de muchísima preocupación más bien que vayan en disminución”, comentó. “Eso sería una señal de falta de compromiso, de que se están dejando pasar las cosas o de que es muy fácil lavar dinero”.
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¿Todos los ROS implican delitos?
Las entidades obligadas pueden solicitar explicaciones a sus clientes. Por ejemplo, si una persona empieza a trabajar por servicios profesionales y sus ingresos crecen de forma importante, esta puede justificarlo por medio de sus facturas o de sus declaraciones de impuestos.
Sin embargo, cuando no hay una explicación satisfactoria, el caso se eleva al ICD.
Una vez que el instituto recibe el ROS, sus analistas revisan los datos y los cruzan con otras informaciones, para verificar o descartar la credibilidad de las sospechas.
Por eso, los ROS no siempre implican que exista una actividad delictiva.
“Hablamos de actividades que nos dan indicios, que nos generan alarmas; pero también puede ser que la persona simplemente no actualizó su información, cambió de trabajo o ahora está trabajando por servicios profesionales”, explicó Ramírez.
Únicamente se remiten a conocimiento del Poder Judicial aquellos casos en los que se observan irregularidades inexplicables, o vinculaciones con otros sujetos que también tienen reportes o han sido vinculados a investigaciones penales.
El número de ROS que se remiten al Poder Judicial es realmente bajo. Probablemente menor al 5%, según Ramírez.
Si el caso se envía al Poder Judicial, entonces las autoridades del Ministerio Público se encargan de valorar y de determinar si vale la pena realizar más diligencias por medio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Los flancos flacos del sistema
Existen algunos frentes flacos con este modelo de controles.
Por ejemplo, el ICD actualmente impulsa un proyecto de ley para requerir que las subastas ganaderas y las agencias de vehículos sean sujetos obligados a generar las alertas, sin excepción alguna.
Estas dos actividades, según las autoridades, son utilizadas constantemente por las organizaciones delictivas para introducir efectivo en el sistema financiero formal.
También se trabaja en conjunto con la Junta de Protección Social (JPS) ante reportes de que grupos criminales estarían comprando de billetes de lotería premiados a terceras personas (incluso por la fuerza) con el mismo objetivo.
Otro factor es que, si bien las entidades financieras deberían de certificar la veracidad de los ingresos usuales que les reportan sus clientes, esto no siempre ocurre. Muchas veces únicamente realizan la consulta a sus clientes para llenar los formularios, sin pedir documentación adicional que acredite lo que dicen.
Ramírez también explicó que un nuevo reto es incluir a las entidades relacionadas con los mercados de las criptomonedas, una nueva vía que se utiliza para canalizar el dinero relacionado con actividades ilícitas por su falta de regulación.
A pesar de estas y otras posibles debilidades, el director considera que ningún sistema es infalible y que por eso se trabaja constantemente en mejoras.
Entre ellas, recordó que en septiembre de 2023 se aprobó una reforma sobre el tipo penal del delito de “lavado de activos”, con el fin de flexibilizar su uso. Esto se logró luego de un proceso de colaboración entre las autoridades costarricenses y especialistas de la Unión Europea. Además, señaló, se realizan constantes capacitaciones a los oficiales de cumplimiento encargados de muchos controles en instituciones claves.
Las autoridades también reconocen otras dificultades. Por ejemplo, muchos grupos criminales hacen operaciones más difusas con su dinero, antes de lavarlo por medio de actividades formales.
Este es un fenómeno que recientemente describió el director del OIJ, Randall Zúñiga, en una entrevista con EF. “En los últimos casos que hemos tenido de allanamientos grandes, estos grupos habían invertido en centros comerciales, en construcciones, en apartamentos, en diferentes negocios (...) tratan de hacerse pasar por algún tipo de empresario que quisiera invertir a nivel nacional”, explicó.
Todos estos son retos para la legislación del país, bajo el criterio del ICD.
En esa línea, Ramírez recordó que el país se enfrentará a una nueva supervisión de su sistema antilavado por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en 2026, lo cual ve como una nueva oportunidad de mejora.
